La propuesta del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de someter a debate regional la despenalización del tráfico de drogas, no es más que una cortina de humo para distraer la atención del pueblo, mientras sus diputados afines, aprueban a todo vapor, y sin dar lugar a discusión, la Reforma Fiscal, especialmente el impuesto a los jubilados.
Para ninguno es un secreto que el nuevo Presidente que ayer cumplió sin pena ni gloria, sus primeros treinta días al frente del gobierno, desde el primer momento se ubicó dentro del “bloque de aliados” de Estados Unidos, y que por consiguiente no está entre sus planes “incomodar” al gobierno de Washington con un asunto tan sensible como el de la legalización de las drogas.
Sus declaraciones de ayer, con un encendido nacionalismo diciendo que Guatemala es un país libre y soberano que no espera instrucciones de Estados Unidos para enfrentar el problema del narcotráfico, forman parte de una estrategia muy hábil de comunicación para manipular la mente de los habitantes, mientras en el Congreso de la República los diputados se disponen a aprobar de urgencia nacional hoy o mañana, el nuevo paquetazo fiscal, que curiosamente ahorca con mayor fuerza a las capas medias, a los trabajadores en relación de dependencia y a los jubilados.
El procedimiento de aprobación se ha estado realizando en el Congreso dentro de un marco de profundo hermetismo, sin dar oportunidad a que la oposición pueda externar sus puntos de vista.
Las sesiones de los jefes de Bloque se llevan a cabo en forma dictatorial sin permitir el ingreso de los miembros de la prensa, lo cual viola de manera descarada el derecho de libre acceso a las fuentes de información, garantizado por el artículo 35 de la Constitución de Guatemala y por numerosos convenios internacionales.
Uno de los aspectos más censurables de la propuesta fiscal, es la intención de gravar las propinas, pensiones, jubilaciones y montepíos, las cuales ya no aparecen como exentas. Las que superen los Q 5 mil mensuales quedarán gravadas con el Impuesto Sobre la Renta, según el artículo 68 de la propuesta.
Esta disposición, de ser aprobada, violará abiertamente el artículo 114 de la Constitución Política de Guatemala que dice textualmente: “Conforme las posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos”.
En lugar de mejorar las jubilaciones, el autodenominado “gobierno del cambio”, está haciendo todo lo contrario. Si no les mejoran las pensiones, llora sangre quitarles algo de lo que reciben, luego de una vida activa de trabajo en la cual pagaron con creces sus impuestos al fisco.