Como ya es nuestra costumbre tradicional la mayoría de la población, incluso los directamente afectados, hemos estado viendo cómo una entidad autónoma creada para velar y proteger a la clase trabajadora, la que aporta de sus remuneraciones una parte para el sostenimiento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en unión de los patronos y del Estado (aunque le deba Q22 mil millones) sigue siendo utilizada para satisfacer intereses particulares o netamente politiqueros, como para obtener de ella el conjunto de posesiones concedidas como pago al triunfo del partido ganador de las últimas elecciones, cuando solo con enunciar o reconocer lo anterior debiera caldear los ánimos de los interesados por tratarse de un descarado abuso de poder y el impune atropello a las disposiciones legales que nos rigen.

Como parte de ese botín y como si nada estuviera pasando han salido a luz diversas licitaciones, cotizaciones, adjudicaciones, inversiones o gastos plagados de espurios intereses sin que la Contraloría General de Cuentas u otra entidad puedan ponerle coto a los desmanes.  De igual manera, no hay día de Dios que no sepamos de la falta de medicamentos, de la desatención a enfermos crónicos, de la inasistencia de personal médico y auxiliar a sus clínicas y unidades hospitalarias, como del mal trato que injustamente se le brinda a personas de la tercera edad, quienes después de haber pasado muchos años contribuyendo al sostenimiento del régimen son tratados como limosneros, cuando tienen el sobrado derecho de ser atendidos como dueños de la misma.

En lo personal, a la población en general y en especial a los afiliados y beneficiarios del régimen de seguridad social poco nos importa la profesión u oficio, filiación política, el compadrazgo o parentesco con los integrantes de la jerarquía gubernativa y los que desempeñan los cargos directivos o ejecutivos en el IGSS, puesto que lo que realmente importa es que llegue gente con  vocación de servicio a participar de la mística que la seguridad social impone, como cumplir sus deberes dentro de la más estricta ética, honorabilidad y principios. ¿Se habrán percatado de esto quienes representan a las clases trabajadoras y patronales en esa institución?

Todo ello debiera ser tomado en cuenta por quienes comandan los destinos del país, no solo porque ha sido un descaro la forma de hacerlo, sino porque por su naturaleza e idiosincrasia no puede homologarse con los puertos marítimos, FONAPAZ, el RENAP o cualquier otro elefante blanco creado con sentido político o instrumento para satisfacer malsanos intereses.

De ahí nuestro clamor, nuestra petición y si se quiere nuestra exigencia para percatarse de una vez por todas que el IGSS no es un botín.