Las claras y contundentes declaraciones del presidente Pérez Molina aquel 7 de enero de 2013 provocaron el efecto mediático perseguido. Los capitalinos y residentes en otros centros urbanos que en las elecciones generales anteriores votaron por los candidatos propuestos por el Partido Patriota se sintieron aliviados y hasta jubilosos.

No era para menos, el gobernante estaba demostrando que su disposición de combatir la corrupción había comenzado y nada menos que en el feudo de uno de los más conspicuos miembros de la cúpula del PP y aparentemente estrecho amigo de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

   El mandatario anunció que había decidido clausurar las funciones del Fondo Nacional para la Paz, porque habría devenido en una cueva de funcionarios inescrupulosos que se habían enriquecido ilícitamente.

   El político Armando Paniagua, dirigente departamental del partido oficial en Quetzaltenango era el director de Fundapaz, razón más que de peso para darle un espaldarazo popular al mandatario, sobre todo cuando anunció que de inmediato se iniciarían las investigaciones para confirmar el grado de responsabilidad de negocios impuros al amparo de la institución creada en 1991 para desarrollar y ejecutar proyectos encaminados a erradicar la pobreza y la pobreza extrema, cuyo cometido fue logrado extrañamente, en lo que atañe a que algunos o todos los que desfilaron al frente de ese ente fueron señalados en su momento no de haber salido de pobres sino que escalaron estatus económico, como los políticos Álvaro Colom, Haroldo Quiej, Jairo Flores, Enrique Godoy, Edgar Ajcip y otros más que se mantienen visibles y tranquilos.

   Traigo a cuenta este común episodio del folclore guatemalteco, a propósito del anuncio lanzado discretamente por autoridades del IGSS, que, también, ha despertado la adormecida esperanza de los guatemaltecos, básicamente de la estupefacta y frustrada clase media que ha recibido con cautelosa, pero fundada satisfacción la información atinente a que como consecuencia de auditorías y evaluaciones realizadas con esmero y sin aspaviento se ha establecido que funcionarios y empleados de la administración anterior abusaron de sus cargos al permitir y beneficiarse de actos de corrupción en el manejo de los recursos de la institución.

   El médico Álvaro Dubón, subgerente administrativo y portavoz del IGSS, sin buscar notoriedad, ponderadamente declaró a La Hora que derivado de investigaciones internas se han iniciado procesos penales que persiguen castigar a personal del Instituto, y para mayor consistencia en sus averiguaciones y denuncias se ha creado la Subgerencia de Integridad y Transparencia Administrativa, que se propone, entre otros fines, darle seguimiento a denuncias e investigaciones

   La decisión de perseguir a corruptos en el IGSS tiene la pérfida particularidad de que los que se enriquecieron ilícitamente lo hicieron en perjuicio de la salud de trabajadores afiliados, pensionados y beneficiarios, es decir, los más vulnerables, siempre castigados por favorecer a poderosos.

   (El médico del IGSS le dice al pensionado Romualdo Tishudo: -El dolor de su pierna derecha es a causa de su edad. El paciente replica: -Pero, doctor, si la izquierda también tiene la misma edad).