Durante años, tanto dentro como fuera de Guatemala, se ha escuchado el comentario que erradicar la corrupción en los Estados es imposible, pero sí se puede disminuirla, controlarla o sancionarla. Pero imaginar un país sin corrupción, equivale a destacar valores morales y éticos de la sociedad, misma que tendría el privilegio de estar educada, sana y con empleo digno.
La corrupción data de siglos atrás, como práctica contraria a la naturaleza del ser humano, y por ello, castigada tanto por las leyes formales, así como por la sociedad al ser una norma de conducta incorrecta. Sin embargo, y a pesar de esfuerzos grandes para lograr su terminación, los Estados han reconocido que este “mal” es permisible en un grado mínimo, siempre y cuando los Estados estén fortalecidos, tengan procesos claros y sanciones fuertes para aquellos que vulneren los principios de buena fe y honestidad. La avaricia y el poder, son quizá la mayor de las circunstancias que promueven que los seres humanos actúen contrario a su deber ser, y con ello muchas veces perjudiquen gravemente a terceros.
Y esto es lo más difícil de entender por parte de quienes actúan de esta forma, atrincherados bajo el estereotipo del sector público, y sabedores que del otro lado, quienes no son trabajadores del Estado, también son igualmente responsables, hacen serio daño a la sociedad y a su configuración ética. Y ese daño, repercute esencialmente en las acciones que un Estado tiene como obligación, es decir la producción de un “estado de bienestar” de la persona, convertido en un principio del “bien común” y que emerge básicamente con el pleno disfrute de los derechos humanos.
Idealizar a un país sin corrupción, significa además, que para un Estado como el guatemalteco el desarrollo pudiera en primera instancia, alcanzarse con mayor fluidez, y de forma sostenible. Inmediatamente después, y como efecto colateral, una disminución de los índices socio-económicos que nos hacen tocar fondo en este momento, y con ello mejorar condiciones de vida para los habitantes.
Esa nación, ausente de corrupción como naturaleza esencial, permitiría tener una burocracia eficiente y rápida, al igual que un sistema de justicia confiable. Sobre todo este último sería de trascendental valor, pues constituye un pilar para poder castigar a aquellos antisociales y hacer valer el principio de legalidad tan importante en un Estado de Derecho. Y finalmente, aunque hay muchos beneficios más, al alcanzar un país sin corrupción sería un factor de influencia para los políticos, quienes tendrían esa fama y esa notoriedad que buscan al tener el poder, y pasar a la historia como una figura que llevó desarrollo y esperanza para con sus habitantes. ¿Quién no querría semejante beneficio?
Guatemala requiere de esa clase de discusiones y decisiones, que empiece por sancionar efectivamente los actos de corrupción, del más alto nivel, hasta el más pequeño; y además de ello, un verdadero compromiso de tod@s para denunciar, participar y aportar por una Guatemala mejor.