La Hora consistentemente ha sido un medio a favor de la reforma fiscal y en el caso presente creemos que las modificaciones propuestas por el Gobierno no constituyen una reforma en el sentido del término, sino apenas parches para rellenar el agujero fiscal y que tendrán el efecto de postergar por muchos años cualquier pacto fiscal serio que apunte a fortalecer los ingresos y mejorar la calidad del gasto para propiciar el desarrollo sostenido de Guatemala. Creemos que los contribuyentes tienen que pagar impuestos y, después de pagar, exigir que el dinero sea usado con transparencia, pero en el momento en que se discute una reforma y se pueden implementar medidas que faciliten el control, se tiene que unificar el debate en cuanto al monto de los ingresos fiscales y la forma en que el dinero será utilizado y fiscalizado. Porque si en cualquier lugar del mundo es ingrata la corrupción que roba al pueblo oportunidades de salud, educación, vivienda, seguridad y servicios como el transporte público, en lugares como Guatemala, con situaciones extremas de pobreza, hay que decir que la corrupción viene a ser un crimen de lesa humanidad porque castiga terriblemente la oportunidad de miles de personas. Robar siempre será malo, pero hacerlo a un pueblo que sufre tanta pobreza es un crimen imperdonable y eso no lo toma en cuenta el Presidente del BID cuando hace su cabildeo a favor de lo que él llama reforma fiscal, pero que es apenas un esfuerzo por elevar los ingresos que no llega, en absoluto, a ser reforma. El BID es una institución que responde a los intereses de los gobiernos de los paí­ses miembros y no necesariamente al interés de los pueblos. Como ocurre con la OEA, quienes deciden son los delegados de los gobiernos y por lo tanto no se puede esperar una postura que vaya en dirección opuesta. Y lo mismo que en el Ministerio de Finanzas de Guatemala, el presidente del BID no le asigna ninguna importancia a la transparencia, aun sabiendo nuestra debilidad en esa materia.