La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) fue creada como dirección de asistencia del Ministerio de Economía el 4 de febrero de 1995 y su función es el control de los precios de los productos de consumo básico. Se estableció también como su competencia orientar, asistir e informar al consumidor lo relativo a la calidad, cantidad, peso y otras características de los productos y servicios que implica la oferta en el mercado.

Como consecuencia de la política de protección al consumidor y usuario a nivel mundial, es necesario que existan normas que regulen el libre mercado y la competencia, por ello el 18 de febrero de 2003 se emitió –por el Organismo Legislativo– la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, la cual debe administrar la Diaco, dependencia del Ministerio de Economía; sin embargo, como se puede comprobar en las mismas declaraciones que recientemente efectuara esa dirección, en todo el año 2013 se reportaron 6,667 denuncias, lo que evidencia que esta dirección no ha tenido mayor impacto a nivel nacional.

En lo transcurrido del presente año, las quejas suman 1,576, de las cuales al analizar su motivo, vemos que apenas 705 son en relación al comercio, 342 se refieren a los centros educativos y menos de 100 se relacionan a la energía eléctrica, a los teléfonos celulares y la escasa diferencia que queda es relativa al servicio de agua, a los bancos, a los servicios de cable, al turismo, hoteles y transportes.

Ello plantea que nos hagamos la pregunta ¿Quién falla? El Gobierno que no se acerca a proteger al usuario o consumidor o el consumidor en general.

La Procuraduría de los Derechos Humanos cuenta con una Defensoría del Consumidor; sin embargo, su poca actividad evidencia que no se le considera importante, lo cual es sumamente lamentable.

La desnutrición y la pobreza se ven incrementadas con el abuso que permanentemente se hace del consumidor.

El 15 de marzo se celebró el Día Mundial del Consumidor y, como quien dice “para taparle el ojo al macho”, el Ministerio de Economía realizó unas escasas publicaciones en prensa donde indica “Conozca sus derechos como consumidor”. ¿Acaso se ha preocupado el Ministerio de Economía de producir folletos y distribuirlos a nivel nacional, donde se plasme dichos derechos? Por supuesto que no. ¿Acaso el Ministerio de Energía y Minas publica una vez al mes cuáles son los precios de la oferta de combustibles en la capital y en los departamentos? Tampoco.

¿En qué momento se ha tratado que en el país, en las universidades, en las facultades de Economía, de Derecho o de cualquier otro tipo se conozca la Convención de Naciones Unidas Sobre Protección al Consumidor que se promulgara el 23 de junio de 1961 por el Consejo Económico y Social y que a su vez aprobara la Asamblea General el 19 de diciembre de 1983? ¿Cuántos guatemaltecos conocen los objetivos de esa norma, sus directrices?, y la respuesta es que no llegarían en el país a una veintena.

Por ello, en lugar de seguir gastando en propaganda inocua, mejor se debiera invertir por parte del Gobierno en que se conozcan los derechos del consumidor, que se enfoque la Diaco y el Ministerio de Economía en difundir dichas normas.
¡Guatemala es primero!