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La Hora. ¿Cómo se define la Polí­tica Criminal en el Ministerio Público?

Alejandro Rodrí­guez. El Ministerio Público ha desarrollado una Polí­tica Criminal Democrática desde varios puntos de vista, partiendo de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esta Polí­tica Criminal tiene como puntos fundamentales lograr la racionalización de la persecución penal, es decir, hacer una selección de casos, de tal manera que persigamos los casos más graves y logremos resolver los menos graves a través de otro tipo de salidas, como por ejemplo, el criterio de oportunidad, la mediación, la conciliación, la suspensión condicional de la persecución penal. Esto porque el Ministerio Público recibe cerca de 360 mil casos al año. De estos casos, un buen número no son delictivos, casi la mitad, pero quedan cerca de 216 mil que sí­ son delictivos, y que deben ser respondidos por el Estado.

LH. ¿Cómo definen las prioridades en el trabajo de persecución penal?

AR. Los delitos se clasifican en categorí­as de «muy graves», de «mediano impacto» y «leves»; estamos conscientes que a todos los casos debemos darle respuesta para conseguir resultados pero las respuestas que se le dan a los distintos tipos de delitos y los recursos que se invierten en cada una de esas salidas debe ser proporcional a su gravedad; debemos también optimizar los recursos que poseemos, por eso, buscamos a través del marco de la polí­tica criminal general y de las instrucciones que se han gestado buscar respuestas adecuadas a cada tipo de conflicto para que el Estado responda de una manera proporcional, idónea y efectiva a la problemática social de la criminalidad.

LH. ¿Cuál es el volumen de casos con que trabaja?

AR. El año pasado se recibieron 358 mil 800 denuncias, de las cuales fueron depuradas 141 mil 813, es decir que no eran delitos, y luego fueron remitidas a agencias fiscales 216 mil expedientes con delitos. Ese es cúmulo de trabajo que recibe el Ministerio Público, es una cantidad enorme. Del total de 216 mil casos se logró en el 2008 resolver solo 129 mil, esto implica que se ha aumentado, especialmente en el último año, el porcentaje de casos resueltos.

LH. ¿A qué se debió el incremento en la resolución de casos?

AR. En primer lugar, se definieron las polí­ticas en cuanto al tipo de salidas alternativas a conflictos y al trabajo que se debe realizar, esto complementado con un sistema de metas e indicadores. Por primera vez, el Ministerio Público impuso metas y objetivos de persecución penal a los fiscales. A los fiscales se les indicó que debí­an tener, por lo menos, diez acusaciones cada mes, en cada una de sus agencias, 20 salidas alternativas, y 60 desestimaciones. Se buscó también disminuir el número de casos archivados, esto con el objetivo de tener salidas de alta calidad: no podemos resolver todo con una sentencia condenatoria, eso hay que tenerlo claro, pero sí­ buscamos que las soluciones generen paz social y resuelvan la conflictividad. Tomando en cuenta la gravedad de los hechos buscamos que las acusaciones sean por los hechos más graves posibles, que están causando mayor conflictividad, y que el resto sean solventados con salidas alternas.

LH. Analistas y la sociedad civil opinan que el Ministerio Público no ofrece resultados satisfactorios en el trabajo que desempeña, entre otros señalamientos.

AR. Creo que los señalamientos son claros y reales. El Ministerio Público está en un proceso de medición, estamos construyendo indicadores. Por primera vez, a los fiscales se les está midiendo en su trabajo. El año pasado se hizo una medición cuantitativa, en números, sobre su trabajo y este año se está implementando un sistema cualitativo. Ya no solo estamos pidiendo que acusen, también estamos supervisando que acusen basados en trabajos de calidad, además pedimos que las acusaciones se enfoquen en los delitos más graves y violentos. Estamos tratando de elevar nuestro nivel de efectividad en delitos contra la vida, delitos sexuales, secuestros, y extorsiones. En esto estamos insistiendo para que los fiscales ya no sólo nos reporten números, sino entreguen constancias de trabajo con calidad. Se ha establecido un sistema informático, donde por primera vez se registra el trabajo de los fiscales, entonces ya estamos exigiendo metas, indicadores y evaluamos su rendimiento. Esto es un paso para que la institución reporte resultados efectivos.

LH. ¿Qué metas especí­ficas se han impuesto para superar los graves señalamientos hacia el Ministerio Público?

AR. La primera es aumentar las acusaciones en delitos graves. La segunda es desarticular grupos de violencia, como pueden ser los grupos del crimen organizado implicados en secuestros y narcotráfico. La tercera es la desestabilización de mercados ilí­citos. En el último aspecto me refiero al interés de intervenir en los mercados donde se están vendiendo los productos del delito. Un ejemplo son los predios y hueseras donde se están vendiendo los carros robados, algunos, incluso, utilizados en crí­menes, así­ también las ventas de celulares robados.

LH. Pero la sociedad exige resultados y los quiere percibir

AR. Es importante pero sobre todo, es necesario formular y aplicar una polí­tica de acompañamiento y auditorí­a social. Es necesario que la sociedad participe de la auditorí­a de todas las autoridades, incluyendo al Ministerio Público. La auditorí­a social no es solo criticar las fallas, aunque eso es necesario pero también implica una comunicación efectiva de los fiscales distritales y su comunidad. Los fiscales deberán rendir cuentas en las comunidades a las que pertenecen. Ya está comprobado que la fiscalí­a aislada de su comunidad no va a hacer un trabajo efectivo.

LH. ¿Qué camino están siguiendo para crear la polí­tica de auditorí­a social?

AR. En Quetzaltenango se está proponiendo, con cooperación internacional, un cambio en la estructura de la fiscalí­a, para que sea más cercana a la comunidad. El fiscal distrital es más abierto a la comunidad y tiene una mayor proyección social, que está trabajando junto a los pobladores en la identificación y solución de problemas. Este modelo más abierto y democrático podrí­a implementarse en el resto de fiscalí­as.

LH. ¿Cómo estructuró la fiscalí­a de Quetzaltenango para que sea efectiva?

AR. El modelo de Quetzaltenango está dando unos resultados tremendos, es decir, bajo un modelo básico que opera en casi todas las actividades de la productividad humana como lo son la división del trabajo y la producción en serie. No quiero decir que el modelo general de gestión de casos en el resto de fiscalí­as sea artesanal pero está comprobado que no optimiza el trabajo humano. En Quetzaltenango se está gestando un modelo funcional de especialización por actividades, en donde existe un grupo especializado en desjudicialización, otro encargado y especializado en investigación, otro realiza acusaciones y va a debate, otro está de forma permanente en los tribunales llevando delitos y casos de flagrancia.

LH. Implementar este modelo estructural en el resto de fiscalí­as podrí­a ser arriesgado. ¿Qué resultados favorables se ofrece con este modelo?

AR. Tenemos tres resultados que destacan en este modelo. El primero es un notorio incremento de salidas desjudicializadoras, es decir, salidas a través de mediación de casos, que ha aumentado en un 150 por ciento. En total suman de 180 a 200 salidas de este tipo, mientras que en otras fiscalí­as llegan a 5 o 9 por mes. En el ámbito de la investigación cualitativa se logró la detención de uno de los máximos capos del crimen organizado de occidente, Juan Ordóñez, él está acusado por asesinato y sabemos que es el lí­der de una red de secuestradores, relacionado también con el narcotráfico, pero que ya está procesado. También se consiguió la captura de tres personas que estaban realizando extorsiones a pilotos, con lo que se neutralizó el inicio de una ola de asesinatos de pilotos (de autobuses). El modelo ofrece resultados cualitativos y cuantitativos medibles, pero sobre todo responde a la demanda social de justicia y paz.

LH. El crimen organizado y narcotráfico son amenazas crecientes en la sociedad. ¿Qué trabajo se ha efectuado en este aspecto?

AR. Se han dado dos grandes pasos. El primero es la inauguración de la Unidad de Métodos Especiales, en donde se hace efectivo el mandato de la ley Contra la Criminalidad Organizada; ya se ha organizado el sistema de escuchas telefónicas y esto ha costado muchí­simo, ha sido sumamente difí­cil implementarlo, pero lo bueno es que contamos con un método, que dentro del marco democrático del Estado de Derecho permite la interceptación de llamadas telefónicas de miembros del crimen organizado. Otro logro es el trabajo que se hace con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sobre todo para el fortalecimiento de la Oficina de Protección a Testigos, entonces esta dependencia está trabajando directamente en la implementación de nuevos modelos y nuevos programas con el acompañamiento de expertos de Colombia, e incluso ya se firmó un convenio con el sistema de protección de testigos de Estados Unidos. Estamos profesionalizando a nuestros equipos y logrando mejorar la calidad de respuesta. Es muy valioso y decisivo para esta labor el aporte que hace CICIG.

LH. ¿Cómo responderá el Ministerio Público a los compromisos alcanzados en el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, y la implementación de la ley Contra la Delincuencia Organizada?

AR. Hay un tema previo, que es la construcción de una Policí­a de Investigación Criminal. No podemos empezar a correr si no aprendemos a caminar. Mientras no se conforme un cuerpo policial especializado en investigación criminal, no podemos pasar a una etapa de desarrollo de los métodos de entregas vigiladas y agentes encubiertos, puesto que estos métodos son de alta calidad. Requieren de alto profesionalismo.

LH. ¿Qué ocurre con la investigación en Guatemala?

AR. La primera etapa, y esa es la gran laguna, el gran agujero en nuestro sistema jurí­dico es la falta de investigadores. La Policí­a tuvo en su tiempo a la División de Investigación Criminal, que ha colapsado como institución, por problemas de corrupción, falta de capacitación, el hecho de que son gente altamente violenta, involucrados en actos delictivos, conformando bandas de secuestradores, etc. Tenemos que iniciar un modelo de investigación criminal, una Policí­a de investigación nueva, altamente profesionalizada y con gran capacidad de actuación, y sobre todo que sea especí­fica.

LH. ¿Qué prioridad tiene la creación de la Policí­a de investigación?

AR. Es un paso impostergable en este momento. No se puede saltar este paso porque el Ministerio Público tiene como función dirigir investigaciones y realizar la persecución penal. Somos fundamentalmente abogados, que estamos desarrollando persecución y acusando a los responsables de crí­menes en los tribunales pero tiene que haber un órgano especí­fico que realice la investigación dentro del marco democrático de derecho, observando siempre los derechos humanos y recopilando la información de una manera respetuosa de la legalidad, esto es lo que no existe en este momento y ahí­ es donde está el gran vací­o del sistema de justicia.

LH. ¿Cómo afecta la falta de una estructura de investigación a los procesos de justicia?

AR. Al momento de que no se está invirtiendo en las instituciones de justicia. No está invirtiendo en el Ministerio Público, en la Policí­a, no crea una Policí­a de Investigación Criminal. Tenemos de 300 a 600 investigadores para todo el paí­s, cuando realmente necesitamos una Policí­a de unos 4 mil efectivos para hacer investigaciones. Realmente da tristeza escuchar que se quiere realizar una investigación pero no hay policí­as que lo puedan hacer. Cuando hay policí­as, no tienen un vehí­culo para desplazarse, o no tienen combustible. Sin recursos no se pueden esperar resultados. Hay una gran responsabilidad polí­tica del Congreso de la República puesto que tiene que dotar a las instituciones de los recursos para poder trabajar y si no se dota de capacidad, no vamos a llegar a ninguna parte.

LH. ¿Deberí­a asociarse la Policí­a de investigación con el actual cuerpo de seguridad?

AR. La mayorí­a de paí­ses democráticos tiene una Policí­a especí­fica de investigación criminal, altamente profesional y desarrollada, distinta de la policí­a de prevención. Existen funciones de prevención y tareas de investigación, y la Policí­a de investigación tiene que ser más profesional y más capacitada, solo para atender delitos. Ahora, un asesinato individual no puede ser debidamente investigado por falta de personal calificado. En Quetzaltenango, por ejemplo, se quiere tener 25 investigadores, que no es nada, pero no hay un equipo con qué trabajar. Entonces creemos que ese es el punto central.