La expresión gatopardista de cambiar para que todo siga igual, continúa presente en Centroamérica: hoy, ya no sale el ejército a las calles para cambiar gobernantes con la fuerza de tanques, metralletas y soldados corriendo por todos lados. No. Ahora llevan una orden de la corte de justicia para que los militares ejerzan acciones propias de la policía y capturen con violencia a un presidente. En 1954 le pidieron públicamente al presidente Arbenz que se desvistiera -los periodistas tomaron las fotos- con el propósito de humillarlo, en la actualidad sacan al derrocado mandatario de su cama y con su pashama por vestimenta, lo trasladan a otro país, después de disparar algunos tiros al aire por aquello de que no se les olvide para qué sirven los fusiles.
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Los golpistas no toman las principales radios para impedir el conocimiento de noticias, ahora anulan la energía en las ciudades, como sucedió en Honduras. Enseguida, hacen la tragicomedia de llegar al Congreso, con «padres de la patria» dispuestos a levantar cualquier mano o dedo para aprobar el golpismo y resuelven que el Presidente envió su renuncia (la falsedad de la misma quedará para las pláticas de la historia). Los responsables del golpe de Estado utilizan la Constitución de la República para respaldar sus acciones. Ya no es como antes. En la actualidad no es necesario disolver el Congreso, pues los diputados han recibido su respectivo charolazo (en efectivo o promesas) y no es necesario anular la Constitución de la Republica. ¿Para qué? Sus normas las utilizan para justificar el golpe de Estado (esta expresión debe decirse con cuidado para no despertar a quienes deben actuar con justicia). Los políticos hondureños que han usurpado el poder se olvidan que con su proceder afectan la dignidad de ciudadanas y ciudadanos y, en el fondo, su conducta es la misma de quienes esgrimieron la violencia en el libro Técnica del golpe de estado de Curzio Malaparte o presentan los argumentos de El Príncipe de Maquiavelo. Sin embargo, se trata de un hecho conocido: romper el orden y anular el desarrollo político del país hasta que las aguas -ya calmadas- le devuelvan la quietud a los poseedores del gran capital.
Quienes plantean y desarrollan las acciones golpistas han enjaulado la Constitución de la República. La colocan ahí para verla. La sacan para justificar su violencia, tergiversando sus normas y, con ello, tratan de engañar a su pueblo. Luego, la vuelven a enjaular para no desarrollar ninguno de sus preceptos, en especial, aquellos relativos a la institucionalidad del país o respeto a los derechos humanos. Es un modelo inicialmente planteado en Guatemala pues quienes esgrimían la defensa de la Constitución guatemalteca para que el Presidente renunciara, fueron quienes públicamente gritaron que regresaran los antiguos escuadrones de la muerte.
El golpismo olvida intencionalmente que una Constitución de la República responde a exigencias sociales, económicas y de carácter político generadas en un país. Lograr este aspecto significa concederle importancia a la acción colectiva para lograr las transformaciones que requiere la sociedad: asimismo, solucionar cualquier conflicto por medio del diálogo y la negociación. Su significado comprende reconocer el derecho del otro y aceptar la libre discusión para encontrar soluciones que respeten la diversidad de opiniones.
La solución violenta planeada para Honduras la efectuaron quienes no fueron capaces de discutir la problemática de la nación. La intolerancia en su actuación los llevó a desarrollar acciones delictivas para continuar defendiendo intereses económicos de tipo particular o extranjeros. Lograron, eso sí, la acción internacional de rechazo. No es como antes, cuando los golpistas esperaban el beneplácito del Gobierno de los Estados Unidos para que en cascada los regímenes de América Latina se lanzaran a aprobar el nuevo gobierno militar. Esto ha variado. El presidente Barack Obama ha expresado la legitimidad del presidente hondureño Zelaya.
Actualmente, se presenta el hecho de que no es fácil derrumbar a un presidente. Los grandes sectores económicos, así como políticos del pasado, no han considerado las nuevas correlaciones de fuerza a nivel internacional, opuestas a todo acto de violencia contra un gobierno que ha sido electo en elecciones limpias avaladas por las instituciones electorales de cada nación y observadores internacionales.
Pero la realidad persiste. Los golpistas han tratado de anular la paz, democracia y vigencia de los derechos humanos. Anulan el estado de derecho, lo cual significa debilitar la vigencia constitucional, la división de los poderes del Estado, la descentralización administrativa, el libre sufragio y respeto a los derechos fundamentales y sus garantías. La anulación de la democracia pluralista anula el ejercicio de la libertad.