El gobierno conservador británico llevará a cabo el miércoles el ejercicio más difícil desde su llegada al poder en mayo, presentando los detalles de unos recortes del gasto presupuestario inéditos que serán forzosamente dolorosos e impopulares.
Estos recortes, que los sindicatos y la oposición laborista ya han tildado de «salvajes», son la consecuencia directa de un déficit publico récord, que se disparó con los efectos de la crisis financiera y el salvamento de algunos bancos por el Estado a golpe de millones de libras.
El déficit, que alcanzará este año el 10,1% del PIB, debe reducirse hasta el 1,1% del PIB al final de la legislatura, en 2015, según el objetivo fijado en junio por el ministro de economía, George Osborne.
Este reiteró el domingo que los drásticos recortes se imponían para evitar «la quiebra del país».
El déficit actual es el más elevado de todos los países de la Unión Europea (UE) y el remedio para acabar con él es también de los mas severos. El riesgo es matar de raíz una recuperación vacilante, señalan algunos expertos que ponen el caso británico como un ejemplo a escala europea.
Según sus cálculos, Osborne debe encontrar 113.000 millones de libras (180 mil millones de dólares, 130 mil millones de euros) en cinco años. Una cuarta parte debería ser generada por nuevos impuestos, en particular una subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a partir de enero. Y el resto, es decir 83 mil millones de libras, por medidas de rigor presupuestario.
Lo que el ministro revelará el miércoles son los detalles de estos recortes, después de semanas de discusiones con el primer ministro David Cameron e intensas negociaciones con sus socios de coalición liberaldemócratas.
Al acercarse la fatídica fecha, Cameron hizo una sola promesa: que se salvarán el servicio de sanidad pública y la ayuda al desarrollo.
Para los demás, la factura será alta. Cada ministerio verá su presupuesto mutilado de 25% de aquí a 2015, y hasta 40% en algunos casos. Según proyecciones oficiales deberían suprimirse 600.000 empleos en el sector público.
Esto provoca sudores fríos a los ministerios más expuestos, como el de Defensa que, tras un intenso «lobbying», debería salvarse con medidas de ahorro inferiores al 10%.
El anuncio estará acompañado de protestas: el fin de la ayuda por hijo universales, una de las pocas medidas anunciadas con antelación por Cameron, suscitó numerosas quejas.
Asociaciones y sindicatos multiplican las advertencias sobre los efectos de los recortes masivos esperados en los presupuestos sociales cuando el país sale debilitado de la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial.
Algunos diarios titulan ya sobre «el fin del Estado del bienestar a la británica» y una «revolución social» sin equivalentes desde la era Thatcher.
En su defensa, Cameron insiste en el legado «desastroso» de 13 años de administraciones laboristas y recuerda el apoyo que le ha brindado el Fondo Monetario Internacional (FMI), que consideró su plan de austeridad «necesario, fuerte y creíble».
También encontró consuelo en un reciente sondeo que decía que 45% de los británicos confían en los conservadores -contra 23% en los laboristas- para enderezar la economía, incluso si sólo 30% espera recortes «justos».
Los laboristas critican precisamente una política «injusta» que afectará sobre todo a los más débiles y dicen temer que sea peor el remedio que la enfermedad si los recortes sumen al país en una nueva recesión.