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El plan, un texto que sustituye el proyecto original denominado de «Solidaridad tributaria» presentado en enero por el Ejecutivo, requiere como mí­nimo del voto de 29 legisladores, de los 57 que componen el Congreso.

«Se negoció con cuatro grupos polí­ticos; entonces seguramente hoy mismo (martes) será presentado a la comisión correspondiente y a partir de eso ojalá dictaminar ese proyecto en cuestión de meses», dijo en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.

«No quisiera aventurarme con plazos concretos… pero es un reingreso con posibilidades de éxito», agregó.

Entre los cambios más importantes destaca la composición de la canasta básica que quedará exenta de tributos, al pasar de sólo 60 bienes y servicios que contení­a el plan inicial, a 233 bienes y servicios.

«Se exoneran para proteger a los grupos más pobres e incluye bienes y servicios que consumen grupos de menores ingresos… además propone que se exoneren ayudas técnicas para personas con discapacidad, como lo serí­an implementos que esta población utiliza», apuntó el ministro de Hacienda, Fernando Herrero.

También se mantendrán fuera del pago de impuestos al 80% de carreras universitarias y cerca del 70% del resto de la educación privada, en tanto en servicio de salud «habí­amos dicho que gravarí­amos con 14% los servicios de salud y ahora planteamos una tasa preferencial a los servicios hospitalarios privados del 10%», detalló Herrero.

Otros servicios que serán exonerados son los alquileres, cuando el contribuyente habita la vivienda que alquila; la electricidad, el agua y el transporte público.

«Con esta propuesta hemos mejorado la equidad del proyecto; es más justo que el inicial, mejorando la canasta básica y simplificando el sistema tributario», agregó.

Se mantiene en la iniciativa el paso de un esquema de pago de impuesto de ventas del 13% a un impuesto de valor agregado (IVA) que pasarí­a al 14%.

El presidente del Congreso y miembro del partido opositor Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza, comentó a la AP que favorecí­a la discusión de la reforma fiscal con las modificaciones necesarias y «como medida para apoyar la reactivación económica del paí­s».

Aunque una de las metas del plan es obtener recursos para atender las necesidades del gobierno, sobre todo en programas sociales y obras de infraestructura, Herrero reconoció que en este momento no cuentan con dinero para financiar la totalidad del presupuesto que deben presentar en septiembre.

«Estamos discutiendo cuáles son las alternativas porque simplemente no hay recursos», dijo Herrero, al señalar que el paí­s tiene un nivel de endeudamiento de 1.800 millones de colones (2,6 millones de dólares) por dí­a.

El ministro explicó que con el proyecto tributario anterior estimaban recaudar ingresos equivalentes al 2,5% del producto interno bruto, pero con las modificaciones eso bajarí­a al 2,2%, por lo que Hacienda compensará con otros ajustes en gastos y planes para mejorar la recaudación.

Costa Rica cerró el año pasado con un 5,4% de déficit, que podrí­a subir a 5,8% si no se logra aprobar la reforma, según el gobierno.

Como alternativa, las autoridades evalúan acudir a los mercados financieros internacionales aprovechando que la deuda externa ha crecido a un ritmo mucho menor que la interna, misma que representa cerca del 70% del total de la deuda pública.

El viceministro de Inversión, Juan Carlos Pacheco, indicó a la AP que analizan un plan para colocar eurobonos por un monto de hasta 2.000 millones de dólares con plazos de vencimiento entre 1 y 30 años de forma que se pueda ir reemplazando deuda interna de corto plazo, por deuda externa de mayor plazo.

«El 95% del financiamiento del gobierno viene del mercado doméstico, lo que genera que dejemos al sector privado sin financiamiento», explicó Pacheco. «El traer eurobonos, exportar deuda, nos permite dejar de presionar el sector financiero local».