El gobierno revocó un acuerdo por el que ordenaba declarar secretos, por cinco años, los archivos relacionados con algunas actividades presidenciales debido a las críticas de diferentes sectores que lo calificaron de ilegal y carente de transparencia.
«Ya hablamos con el presidente, y vamos a dejar sin efecto ese dictamen, y en su lugar vamos a crear un consejo consultivo» que evaluará si los datos que se soliciten son considerados de seguridad nacional, los cuales no pueden hacerse públicos, dijo el vicepresidente Rafael Espada.
Espada precisó que el Consejo estaría integrado por él mismo, abogados y constitucionalistas.
No obstante, el vicepresidente aclaró que «más del 90% de la información que llega a la Casa Presidencial es pública».
Asimismo, calificó de «error la declaración de secretividad» sobre la información del Ejecutivo, tras culpar al secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y al secretario general, Carlos Larios, de ordenar su publicación en el diario oficial.
El acuerdo establecía como «información reservada» solicitudes de audiencia, correspondencia, informes, invitaciones u otras gestiones dirigidas al presidente Colom, su secretario privado, el subsecretario Leonel Ruiz, y a la dirección ejecutiva de la Presidencia.
La resolución había provocado una serie de críticas debido a que contradice la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada hace cuatro meses, la cual obliga a las entidades públicas a divulgar todas sus acciones, como forma de promover la transparencia.
El Gobierno había ordenado clasificar como secreto, por cinco años, los archivos relacionados con algunas de las actividades presidenciales.
La secretaría privada de la Presidencia había declarado «información reservada» solicitudes de audiencia, correspondencia, informes, invitaciones u otras gestiones dirigidas al presidente Colom, su secretario privado Gustavo Alejos, el subsecretario Leonel Ruiz, y a la dirección ejecutiva de la Presidencia.
La resolución fue publicada en el diario oficial y comprendía la información entre la Presidencia y todos los ministerios, dependencias, entidades gubernamentales, cuerpo diplomático, empresas particulares y organismos internacionales, entre otras instituciones.
La resolución fue aprobada cuatro meses después que entrara en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual obliga a las entidades públicas a declarar todas sus acciones, como forma de promover la transparencia.