En mensajes de radio, el Gobierno le exige a los recolectores de huevos de tortuga que deben dejar el 20 por ciento para la reproducción de la especie, mientras que para las empresas extractivas y mineras -que solo dejan el 1 por ciento de ganancias en regalí­as- no hay exigencias y presión alguna por parte de las autoridades para que cumplan con sus obligaciones.

El Gobierno, a través del Consejo Nacional de íreas Protegidas (Conap), pauta en radios nacionales para transmitir un mensaje. En el anuncio, se exige a los recolectores de huevos de tortuga -parlameros- que devuelvan el 20% del producto para la reproducción de la especie. Esto, porque ha iniciado la temporada de fecundación de la especie.

Pero las exigencias no son las mismas para todos. El contraste es evidente. Para las empresas mineras y extractoras de petróleo no hay anuncios, presiones, ni exigencias; por el contrario, se les defiende en el Gobierno.

Aunque hay una orden internacional para el cese de actividades de minerí­a a cielo abierto en San Marcos, no se ha cumplido con el mandato. La ampliación del contrato para la extracción petrolera en el campo Xan -en un área protegida- se aprobó, pese a que se detectaron varias anomalí­as en el proceso.

Aunque las regalí­as en las actividades mineras alcanzan sólo el uno por ciento de las ganancias corporativas y los beneficios empresariales por la extracción del petróleo no se comparan con las cuotas que se otorgan al Estado, el Gobierno se muestra impasible frente a las obligaciones de las empresas.

Carlos Salvatierra, de la Escuela de Pensamiento Ecologista SAVIA, señala que las diferencias son abismales. «Son grandes contrastes: a los parlameros se les imponen las penas y multas -siendo afectados siempre los más pobres-, y beneficiados los ricos».

«Es evidente que las poblaciones que utilizan los huevos de tortugas con un fin de subsistencia son presionados para cumplir la ley, y a las empresas que están destruyendo el medio ambiente no se les dice absolutamente nada, ni se les recuerda que tienen que cumplir con leyes ambientales», refiere el activista.

INEQUIDAD ABSOLUTA

Rafael Maldonado, representante del área jurí­dica del Centro de Acción Legal y Social de Guatemala (Calas), explica que existen dos lados en una inequidad absoluta, donde los que tienen menos pagan más y los que más tienen, pagan menos.

«Este es un paí­s de inequidad. Ahora las mineras y petroleras se están aprovechando, pues en paí­ses desarrollados no pueden hacer lo mismo que en Guatemala. Están haciendo lo posible por extraer las materias primas lo antes posible, ya que la población ya tiene más conciencia de cuidar el medio ambiente y eso a los empresarios mineros no les conviene».

Según Maldonado, «el Estado está mal organizado; ante esto se pretende seguir implementando leyes más fuertes para perseguir a los más débiles. Un ejemplo muy claro de las desigualdades de que ha sido objeto el medio ambiente guatemalteco es que en San Marcos los mineros lograron 1.3 mil millones de dólares y para Guatemala en tema de regalí­as ha recibido únicamente 90 millones, siendo muy bajo para el daño que ocasionan».

«Las regalí­as tienen que ser 50 para el paí­s explotado como 50 para los explotadores; porque lo único que están haciendo es perjudicando a las poblaciones», puntualiza.

ES LO MISMO

Las campañas, según analistas, deben que ser iguales para todos. Pero según los ambientalistas, hay una inequidad en las exigencias para la preservación ambiental, aunque para la transnacional francesa Perenco, «todo es lo mismo y a todos por igual».

Antonio Minondo, gerente de operaciones del Campo Xan, lugar donde la empresa francesa Perenco extrae petróleo, a todas las personas o empresas nacionales o internacionales se les exige lo mismo, «que no realicen las investigaciones pertinentes para corroborar el cumplimiento de estas, eso es aparte».

«En las playas hay personas que no son parlameros -llegan de distintos lados- y nadie controla que dejen la cantidad solicitada para los viveros, creo que es extremadamente difí­cil ya que se debe convencer a la población para que deje el 20 por ciento de los huevos de parlamas».

José Martí­nez, del área de fauna de Conap, manifestó «que el 99.99 por ciento de los nidos son aprovechados por los parlameros como un ingreso económico para sus familias, así­ como las tortugas para mantener la especie en el paí­s.»

Los ambientalistas coinciden en que las campañas a favor de la protección de las tortugas son importantes y se debe continuar exigiendo el cumplimiento de las leyes a los parlameros, pero el Gobierno debe ser igual o más estricto con las empresas extractivas.