Pocos errores serán tan garrafales en el gobierno de Otto Pérez Molina como el que cometió al plantear una demanda penal contra el dueño de un medio de comunicación por los ataques que ha recibido, puesto que eso le pasará factura no sólo localmente, sino en el plano internacional donde se verá a su gobierno como enemigo de la libertad de prensa. Nadie en el exterior analizará el origen del problema ni la forma en que se ha desarrollado, sino que simplemente se verá que el Gobierno guatemalteco usó a un sistema judicial ampliamente criticado por corrupto y que es objeto del tráfico de influencias, para acallar críticas en su contra sin atenerse a lo que establece la Ley de Emisión del Pensamiento.

El Gobierno podrá ganar la batalla legal, aun contra el principio de legalidad que establece la Ley de Emisión del Pensamiento, porque en Guatemala los fallos judiciales no se apegan al régimen de derecho. Pero perderá la batalla de opinión pública nacional e internacional porque equivocó el camino y políticamente ello es lo que más cuenta desde el punto de vista de un Gobierno. Para empezar hay que decir que hacer formal acusación del delito de desacato es una crasa ignorancia de sus abogados porque el mismo fue eliminado por un fallo de la Corte de Constitucionalidad y eso basta y sobra para debilitar el análisis jurídico de sus asesores. Pero en los otros, los de extorsión y chantaje que nada tienen que ver con la libertad de prensa, el gobierno tenía que librar una batalla de opinión pública para demostrar si ese es realmente el origen del problema.
 
 Las pruebas que se aportaron o aportarán al juzgado que de manera espuria conoce del caso, tendrían que haber sido sometidas al juicio de la opinión pública porque, para Pérez Molina como Presidente de la República, finalmente ello es lo único que cuenta.
 
 Personalmente creo que el fuero de prensa no debe ser reducto de impunidad y que los ciudadanos que ejercemos nuestro derecho a la libre expresión tenemos que hacerlo en el marco de lo que establece la ley. Estoy absolutamente convencido que si tanto reclamamos contra la impunidad en el país, no podemos escudarnos en criterio de impunidad para violentar el derecho de los demás. Pero obviamente hay un valor esencial que el Estado salvaguarda y es el de la libre emisión del pensamiento, por lo cual existe un mecanismo para juzgar los abusos o excesos sin que sufra menoscabo la libertad para pensar, opinar y expresar lo que pensamos.
 
 Quienes aconsejaron a Pérez Molina en esta coyuntura se terminaron paseando en él y en su gobierno, porque insisto que pasará a la historia como un gobierno que atacó la libertad de expresión, la libertad de prensa. No entiendo la negativa de quienes se sienten agraviados por alguna publicación, a someterse al procedimiento que la Ley de Emisión del Pensamiento establece para lograr sanciones o reparaciones y, menos aún, la abyecta postura de juzgadores que se prestan al manoseo para juzgar, fuera de jurisdicción, delitos o faltas cometidos en el ejercicio de la libre expresión en el campo penal.