Cuando Abraham Lincoln lanzó su famosa frase de tener un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la misma adquirió, con diferentes matices, una connotación repetitiva entre los políticos en general, e incluso, nuestra Constitución nos advierte claramente que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los órganos del Estado.
Soberanía, nos dicen los tratadistas, es una “manifestación que distingue y caracteriza al Poder del Estado, por la cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro, sin aceptar limitaciones ni subordinación que cercene sus facultades ni su independencia dentro de su territorio y posesiones”, es, por lo tanto, la fuente del poder público.
Lo fregado del caso es que según nuestra ley suprema esa soberanía le corresponde y radica en el pueblo (nosotros, usted y yo y los demás), quienes se la delegamos para ejercerla, se entiende que adecuadamente y en beneficio de nosotros que somos los “propietarios” a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por supuesto que esto es una falacia porque lamentablemente solo ejercemos esa soberanía cuando votamos y por lo general equivocadamente y por eso ocupan los organismos encargados de ejercerla una serie de depredadores que nos terminan de desgraciar la vida.
Usted puede echar una mirada a nuestra historia, pero para no ir tan lejos veamos los sectores dominantes del ejercicio del poder que no son otros que los poderes paralelos o poderes ocultos que son los que en realidad mandan. Partiendo de 1945, gobernó el sector pensante del país con el doctor Juan José Arévalo a la cabeza y se lograron reformas que todos conocen, especialmente en educación y salud; después un militar fue electo democráticamente y los gringos lo botaron cuando empezaba a impulsar proyectos como la reforma agraria y realizaba obra material como la carretera al Atlántico y la Hidroeléctrica Jurún Marinalá; a partir de la invasión gringa y la caída de Árbenz se da el magnicidio de Carlos Castillo Armas y se empieza una sucesión de golpes y mini golpes de Estado o fraudes electorales de diferente nivel en donde fue sector dominante el Ejército, hasta 1986 que se inicia la mal llamada era democrática con el dominio de políticos profesionales como Vinicio Cerezo, o el sector privado con Álvaro Arzú y Óscar Berger y actualmente cooptando incluso el Congreso, a donde solo habían llegado a través de negocios bajo la mesa con diputados y diputadas.
En estos 68 años solo tres militares ganaron legítimamente las elecciones: Jacobo Árbenz Guzmán, Carlos Arana y Otto Pérez Molina; después de manera directa el sector privado ha tenido de manera indirecta el poder en dos gobiernos e indirecta en TODOS, junto con el Ejército que bajó su perfil después de la firma de los Acuerdos de Paz y ahora vuelve a estar abiertamente en primera fila con sus aliados naturales, los empresarios.
Por supuesto que me refiero únicamente al Ejecutivo por ser el órgano dominante en la figura del “tata presidente”, que nos quedó como marca indeleble desde que los españoles nos jodieron al conquistar nuestros países latinos en su mayoría, ya que en Brasil fueron los portugueses, y los ingleses se encargaron del norte y muchos otros pequeños estados como Belice.
El hecho tristemente cierto es que la Constitución que le otorga la soberanía al pueblo no la utiliza como un poder supremo del Estado no solo para ir a votar, sino parta que se reconozcan sus derechos y cuando lo tenga a bien, poder quitar la DELEGACIÓN que les da a los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Y es que de nada sirve delegar una autoridad en alguien si cuando este falla, quien le otorgó esa responsabilidad no se la puede quitar. La delegación de la soberanía debía de ser como un mandato, que se puede revocar en cualquier momento para, al menos, ya no seguir aguantando a “delegados” corruptos e inútiles.