El gobierno de los peores


La principal riqueza de México es su extensa industria petrolera, la cual fue rescatada por el presidente Lázaro Cárdenas, hace 70 años, el 18 de marzo de 1938. La expropiación permitió el inicio de la industrialización del vecino paí­s, fue un vigoroso ejercicio de soberaní­a y ratificó la independencia polí­tica de México frente a las empresas petroleras transnacionales.

Marco Vinicio Mejí­a

Ahora, coincidentemente, gobierna otro michoacano, el presidente ilegí­timo Felipe Calderón. Cárdenas pasó a la historia por su acendrado nacionalismo. Calderón está al servicio de los grandes inversionistas mexicanos y extranjeros, quienes lo obligan a entregar el petróleo mexicano como pago por el apoyo para obtener el poder.

El régimen ilegí­timo aduce que la empresa petrolera (Pemex) debe privatizarse, a pesar de ser altamente rentable. En 2007, esa paraestatal entregó al fisco (entre impuestos, derechos y aprovechamientos) 457 mil 341 millones de pesos. Las finanzas públicas registraron un superávit y de cada peso que ingresó, 37 centavos provení­an directamente del petróleo. Las ventas de hidrocarburos son superiores a los 106,000 millones de dólares al año, cifra superior al PIB de algunos de los paí­ses de la región del mundo.

A Pemex la convirtieron en una vasta área de negocios del sector privado. Es un ejemplo de la abierta colusión y confusión entre el poder económico y el poder polí­tico, que parecen multiplicarse en nuestros paí­ses. La colusión y confusión entre lo público y lo privado en beneficio, desde luego, de los intereses empresariales, es una de las caracterí­sticas de lo que Bovero denomina la «democracia degenerada». Este es un modelo que genera sus propios polí­ticos: la kakistocracia. Tal es el nombre que Bovero ha acuñado, el cual proviene del griego kakos (malo: sucio, sórdido, defectuoso, inhábil). En los términos utilizados por ese autor significa «el gobierno de los peores».

No son los mediocres sino los peores quienes instauraron un patrimonialismo de la vida pública a favor de grupos poderosos. Además, permitieron el predominio de la mercadotecnia polí­tica antes que de los contenidos. Por último, reforzaron la verticalización del Poder Ejecutivo, llegando al extremo de aprobar la legislación sólo si favorece a la «suprema» elite empresarial.