La principal riqueza de México es su extensa industria petrolera, la cual fue rescatada por el presidente Lázaro Cárdenas, hace 70 años, el 18 de marzo de 1938. La expropiación permitió el inicio de la industrialización del vecino país, fue un vigoroso ejercicio de soberanía y ratificó la independencia política de México frente a las empresas petroleras transnacionales.
Ahora, coincidentemente, gobierna otro michoacano, el presidente ilegítimo Felipe Calderón. Cárdenas pasó a la historia por su acendrado nacionalismo. Calderón está al servicio de los grandes inversionistas mexicanos y extranjeros, quienes lo obligan a entregar el petróleo mexicano como pago por el apoyo para obtener el poder.
El régimen ilegítimo aduce que la empresa petrolera (Pemex) debe privatizarse, a pesar de ser altamente rentable. En 2007, esa paraestatal entregó al fisco (entre impuestos, derechos y aprovechamientos) 457 mil 341 millones de pesos. Las finanzas públicas registraron un superávit y de cada peso que ingresó, 37 centavos provenían directamente del petróleo. Las ventas de hidrocarburos son superiores a los 106,000 millones de dólares al año, cifra superior al PIB de algunos de los países de la región del mundo.
A Pemex la convirtieron en una vasta área de negocios del sector privado. Es un ejemplo de la abierta colusión y confusión entre el poder económico y el poder político, que parecen multiplicarse en nuestros países. La colusión y confusión entre lo público y lo privado en beneficio, desde luego, de los intereses empresariales, es una de las características de lo que Bovero denomina la «democracia degenerada». Este es un modelo que genera sus propios políticos: la kakistocracia. Tal es el nombre que Bovero ha acuñado, el cual proviene del griego kakos (malo: sucio, sórdido, defectuoso, inhábil). En los términos utilizados por ese autor significa «el gobierno de los peores».
No son los mediocres sino los peores quienes instauraron un patrimonialismo de la vida pública a favor de grupos poderosos. Además, permitieron el predominio de la mercadotecnia política antes que de los contenidos. Por último, reforzaron la verticalización del Poder Ejecutivo, llegando al extremo de aprobar la legislación sólo si favorece a la «suprema» elite empresarial.