Guatemala podría afrontar consecuencias legales frente a Estados Unidos por violar derechos laborales establecidos en el Tratado de Libre Comercio. «El Gobierno de Guatemala no parece atender a sus obligaciones», refiere la carta de la denuncia.
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El pasado jueves 29 de julio, Estados Unidos envió una carta al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía denunciando violaciones de derechos laborales establecidos en el artículo 16.2.1(a) del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA, por sus siglas en inglés).
Si esto no se resuelve, se podría pagar de multa $15 millones anuales.
Dicha carta, firmada por Ron Kirck e Hilda Solís, representantes comerciales de la nación norteamericana, informan que la denuncia surgió tras investigar cinco quejas interpuestas por sindicalistas guatemaltecos en abril de 2008.
Entre estas denuncias, sobresale el despido injustificado de personas y el asesinato de dos sindicalistas.
«El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no ha investigado supuestas infracciones de legislación laboral. (…) No han tomado medidas correctivas después de haber reconocido infracciones al derecho laboral. (…) El Gobierno de Guatemala no parece atender a sus obligaciones», indican fragmentos literales de la carta.
Además, se evidencian graves preocupaciones por el problema de la violencia laboral, según la carta.
Edgar Rodríguez, ministro de Trabajo, indicó desconocer el contenido de dicha carta, «pero he sabido del asunto de una forma extraoficial…, me imagino que esa carta llegó a Cancillería; creo que ahí la tienen, yo no la he visto. Pero estamos trabajando en eso, no tenemos ningún inconveniente en enviar la información que soliciten», argumentó el titular de la cartera.
REACCIONES
Adolfo Lacs, del sindicato de Unión General de Trabajadores (UGT), indica que «tenemos un Ministerio de Trabajo que se pasa por el arco del triunfo todas las leyes laborales».
«Estamos de acuerdo a que Guatemala se le aplique la sanción, probablemente sea la única manera para que entendamos», critica y agrega que este tipo de sanciones desvelan la irresponsabilidad de los funcionarios.
Carolina Castellanos, de la Cámara de Comercio Americana (AmCham, por sus siglas en inglés), refiere que es un proceso largo; «podría durar más de un año, o dos meses si se hacen las modificaciones y arreglos correspondientes resolviendo el asunto, en vez de involucrarse en un proceso desgastante y costoso».
El vicepresidente Rafael Espada indicó que la denuncia en contra de Guatemala por violación a derechos laborales se trata de dos casos de asesinatos a sindicalistas y tres solicitudes de reformas al Código de Trabajo que deben ser resueltas por el Congreso de la República. Además indicó que durante la visita de Hillary Clinton, estos temas ya se habían abordado, por lo que no se explica quién sacó el tema de nuevo a discusión.
Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), dio a conocer que antes del asesinato del líder sindical de la Dirección General de Migración, esa persona había estado en las oficinas de la PDH dando a conocer sobre las denuncias que había dado a conocer al Director Interventor de la Dirección General de Migración, sobre la supuesta existencia de una banda de trata de personas que opera desde Panamá hacia Guatemala.
El Magistrado de Conciencia explicó que con los documentos que la persona asesinada proporcionó, la PDH cumpliendo su función, inició el trámite para que sea el Ministerio Público el que inicie la investigación del caso.