Entiendo perfectamente los empecinamientos, terquedades o insistencias de un gobernante por llevar a cabo sus planes de Gobierno, pero lo que resulta incomprensible es pretender pasar sobre la Constitución de la República para lograr tales propósitos y de paso, poner en riesgo a nuestra democracia. Todo indica que esta situación se agravará el presente año por la resistencia presidencial al no atender las reiteradas solicitudes del Contralor General de Cuentas para que se le entreguen a cabalidad los datos que obligadamente debe proporcionar el gobierno y así fiscalizar correctamente las operaciones de los programas llamados de Cohesión Social. Esta irresponsabilidad es igual a perturbar la credibilidad, la legitimidad y la legalidad de las instituciones del Estado, lo que provoca una clara ruptura del orden constitucional, equivalente a estar propiciando un golpe de Estado y por lógica consecuencia, poner en riesgo nuestro sistema democrático.
Muy buenas podrán ser las intenciones sociales o humanitarias de los programas que impulsa el presidente Colom y su señora esposa, pero es inaceptable apreciar que el primer mandatario incumpla un claro mandato constitucional, aduciendo cualquier pretexto, incluso los pobres argumentos porque en otros países no se hace o porque se aleguen conveniencias. El mejor ejemplo reciente de un caso similar, está en las buenas intenciones que tuvo el ex presidente Jorge Serrano Elías para depurar el Congreso de la República de aquel entonces, sin embargo, quedó ampliamente demostrado que al haberse extralimitado en sus funciones tuvo que llegarse al extremo de deponerlo del cargo ante el golpe de Estado cometido por la flagrante violación a la Constitución, la misma que hoy se encuentra vigente.
Nadie es superior a la Ley. Ni el mismo Presidente de la República puede pasar sobre ella, por lo que vale la pena analizar lo que significa el término golpe de Estado en nuestro idioma, que no es otra cosa que una medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado (en este caso el Ejecutivo) usurpando las funciones de otro. Serrano, pasándose también sobre las leyes disolvió el Congreso. Por otra parte, no es necesariamente forzoso que exista mano militar para que ocurra un golpe de Estado. De esa cuenta, tanto se argumentó que en el caso de Zelaya en Honduras, él y no el Ejército fue quien dio el golpe, pues fue claramente demostrado su abuso al pasarse sobre las normas constitucionales en busca de una ambiciosa reelección. Lo mismo estamos viviendo hoy en Guatemala cuando el presidente Colom se resiste a cumplir el mandato del libre acceso a la información y algo peor todavía, cuando se han emitido claras decisiones de la Corte de Constitucionalidad para que se acaten las mismas. ¿Hasta dónde va a llegar el empecinamiento?, ¿será posible que Colom no tenga al menos un asesor que le advierta el elevado riesgo que está corriendo?