Independientemente de las frecuentes, pero estériles protestas de los vecinos de ambos municipios, dos hechos cobraron especial relevancia en menos de 20 dí­as en torno a la contaminación ambiental, sin que se haya observado las más mí­nima reacción de las autoridades gubernamentales, como suele suceder, y de ahí­ que, la mayorí­a de las veces, movimientos sociales que inicialmente optan por la ví­a del diálogo, posteriormente, ante la pasividad e indiferencia del Gobierno, se ven impelidos a adoptar medidas de hecho, posición polí­tica que no es exclusiva del actual régimen, por cierto, sino que ha sido una actitud constante de parte de quienes han estado al frente del Estado durante las últimas décadas.

El viernes 12 del mes pasado, culminó en Antigua Guatemala una extenuante jornada de casi una semana de trabajo y de intensos análisis del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), perí­odo durante el cual el jurado, integrado por personalidades y expertos de diferentes paí­ses, examinó 10 casos de contaminación y deterioro de fuentes hí­dricas en el continente americano, habiendo emitido un veredicto de condena moral contra la empresa Montana Exploradora, que tiene a su cargo la explotación minera a cielo abierto en los municipios ya mencionados del departamento de San Marcos.

El tribunal señaló la alta probabilidad de liberación de aguas ácidas de los escombros de la mina, además de que se corre el inminente riesgo de derrames con consecuencias graves para la población del área, y que las explosiones para perforar pozos dentro de la mina han causado daños a las viviendas de las comunidades aledañas.

No hubo ninguna reacción del gobierno socialdemócrata imperante.

Dieciocho dí­as más tarde, la Conferencia Episcopal de Guatemala dio a conocer un informe de la Diócesis de San Marcos, al frente de la cual se encuentra el obispo ílvaro Ramazzini, que informó que, según los resultados del monitoreo y análisis de la calidad de agua, elaborados por la Comisión Pastoral y Ecologí­a de la diócesis citada, existe presencia de metales pesados, como hierro, aluminio, magnesio y arsénico -cuyos valores sobrepasan los permitidos- en el rí­o Tzalá, el riachuelo Quijivichil y el nacimiento Xkus, que se ubican alrededor de la mina Marlin, de la empresa Montana, por supuesto, y que explota minerales preciosos, como oro y plata.

El obispo Ramazzini fue directo al precisar que de acuerdo con los datos y niveles encontrados de metales pesados, que en cantidades excesivas actúan como contaminantes, se puede llegar a la conclusión que el agua no es apta para uso del consumo humano, a causa de que sobrepasa los lí­mites establecidos por las normas para agua potable de Guatemala, Estados Unidos y Canadá, paí­s este último donde proviene la empresa Montana, precisamente.

Como algo insólito y digno de apreciar fue la presencia en la conferencia de prensa ofrecida al respecto, del ministro de Ambiente, el doctor Luis Ferraté, quien muy poco ha logrado hacer para que el Estado intervenga ante los abusos de la empresa minera, como si su voz no tuviera ninguna autoridad. Su indefensión ha llegado al extremo de que, al igual que más de una decena de ambientalistas, se encuentra amenazado de muerte, sin que se sepa con certeza de donde provienen las intimidaciones, por su anonimato, aunque se sospecha de que proceden de sectores poderosos.

Pero la postura del Gobierno se redujo a la asistencia del ministro Ferraté al acto de entrega del informe, porque nuevamente tomó el asunto como si no se tratase de un caso de interés nacional que debe encarar inmediatamente, toda vez que está en riesgo la vida de indefensas y empobrecidas familias campesinas de San Marcos.

Y eso sin tomar en consideración el miserable monto de regalí­as que percibe el Estado de Guatemala, por esa explotación minera.