Retomando el tema, es de preguntarse por qué la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral pretende esperar a que esté en posesión el nuevo Congreso para plantear las evidentes, urgentes y necesarias modificaciones a la Ley Electoral.

Qué le impide hacerlo desde ya, que la actual legislatura reciba la iniciativa de ley de lo que ella y el tribunal proponen deba de adicionarse, modificarse e incluso omitirse de la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos vigente. Aunque difí­cil y poco probable, no es imposible, que si el Pleno recibe la propuesta la enví­e a la comisión respectiva y ésta emita dictamen, que el pleno la apruebe en primera y en segunda lectura, que la enví­e a la Corte de Constitucionalidad como legalmente procede para que la Corte emita opinión al respecto y si se devolviera al Congreso la iniciativa de ley  antes que concluya noviembre podrí­a incluso esta legislatura aprobarla en tercera lectura y por artí­culos, enviarla al Ejecutivo para su sanción y publicación.

Cuando se quiere se puede, la responsabilidad inicial sobre el tema es del TSE que puede seguir quejándose, dando declaraciones a los medios de comunicación social de qué está mal, de qué falta y no tomar ninguna acción al respecto.

Como se lo podrá confirmar la reforma a esta importantí­sima ley que propusieron hacer los Acuerdos de Paz, se hizo a través de una comisión donde el TSE y todos los partidos polí­ticos de ese momento estuvieron representados porque así­ lo establecí­an los acuerdos. Seguir con las omisiones y deficiencias es en primer término responsabilidad del TSE actual por cuanto nada les impide enviar la iniciativa de ley que enmiende las omisiones, las irregularidades.

En cuanto a lo acontecido en el gasto electoral por varios de los partidos polí­ticos, especialmente los que han encabezado la intención de voto, la opinión pública está clara que ha sido una inmoralidad y por supuesto una ilegalidad. Nadie puede poner en duda que el rebasar el techo de gasto en publicidad y gastos de campaña, y en gastos de logí­stica en los mí­tines y más importante aún en el dí­a de la elección son determinantes y se reflejan en el número de votos que los candidatos a elección popular obtienen. Si por ejemplo lo invertido por el candidato del Partido Patriota para la alcaldí­a de la capital o distrito central hubiera sido lo que hubiera invertido el candidato independiente Enrique Godoy lo más seguro es que Godoy hubiera superado el número de votos del candidato del Partido Patriota por ser una persona más conocida, más preparada para aspirar a ese puesto.

Por supuesto, como la diferencia de gastos fue astronómica, la diferencia de votos también será muy grande, todo lo que evidencia que a mayor gasto en la campaña mejores probabilidades de voto.

“Lo hecho, hecho está”, pretender enmendar lo acontecido es imposible; sin embargo, no puede continuar esa ilegalidad e inmoralidad en el gasto que se produjo en las actuales elecciones. Qué diferencia de lo que fueron los gastos realizados en campañas anteriores donde por ejemplo el FRG, cuando ganó el binomio Portillo-Reyes, como le consta al tesorero Harris Whitbeck y al secretario general Rí­os Montt, gastó la mitad de lo que invirtió la Gana y Berger, lo cual no impidió la gran diferencia de votos en la primera y segunda vuelta, lo que no implica que no hayan muchos patrocinadores que aportan metiendo pita para sacar cordón, hecho que se ha evidenciado en todos los gobiernos y que sin duda es malo para el paí­s y la democracia.