Se ha fijado usted que en anuncios comerciales, documentos y discursos oficiales, en escritos de filántropos optimistas, palabras de políticos, docentes y autoridades educativas, en campañas mediáticas de sensibilización, en la pluma de intelectuales apolíticos, en la palabra de religiosos, en la calle, la escuela y hasta en la familia se dice que las niñas, niños y adolescentes son el «futuro de la humanidad»; es decir, se les ve como actores de un tiempo que está por venir y en el que tienen que actuar en las condiciones adversas creadas por quienes les antecedimos. Entonces pensamos que queremos para nuestros hijos y nietos, un país y sociedad mejores, un medio ambiente sano y seguro, oportunidades de educación, salud, trabajo. Un país seguro, respetuoso de los valores, tradiciones; costumbres propias de la riqueza multiétnica, multilingí¼e y pluricultural que nos distingue, porque queremos que ese «futuro» para la niñez guatemalteca sea libre de desigualdad, discriminación, racismo, abusos e irrespeto a sus derechos, que caracteriza la actual situación de este sector social en Guatemala.
Basta una mirada somera para darnos cuenta de la grave situación que vive nuestra niñez. Por ejemplo, un informe mundial coloca a Guatemala con altos índices de mortalidad infantil por desnutrición crónica, en Latinoamérica ocupamos el primer lugar en muertes de niñas y niños menores de cinco años de edad. Hace pocos días terminó su visita al país el Relator sobre Educación de las Naciones Unidas, quien advirtió sobre las deplorables condiciones del Sistema Nacional de Educación, alertó sobre el tema de la privatización de la educación y llamó la atención sobre la exclusión y falta de acceso al sistema educativo de niñas y niños en edad escolar. Otras preocupaciones se refieren a la explotación de personas menores de edad en relaciones sexuales remuneradas, trata y pornografía infantil; así como en actividades laborales peligrosas. Para colmo, algunos adolescentes son enganchados para actuar como sicarios, comerciar y traficar drogas, lo que los coloca en el contexto del crimen organizado. Esta dolorosa situación sigue ocurriendo a pesar de los preceptos contenidos en la Carta Magna, las obligaciones consignadas en las leyes nacionales, convenciones, tratados y protocolos internacionales que en materia de derechos de la niñez ha aceptado el Estado de Guatemala.
A la exclusión y falta de acceso a la educación se agregan disposiciones y políticas oficiales que cercenan las escasas oportunidades que tiene la educación del país, el ejemplo es el abandono que hay respecto a la carrera magisterial que muchos jóvenes se inclinan por estudiar. En las esferas oficiales se apuesta a eliminar esta carrera, pese a que necesitamos docentes, escuelas, libros, candiles que saquen de las tinieblas tanta ignorancia.
Permítanme recordar algunas de las obligaciones del Estado que cito a continuación: A lo interno, la Constitución Política de la Republica establece los deberes que le competen con respecto a las personas mayores y menores de edad, (ver artículos 1º., 2º. y 51). La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia es la normativa jurídica que recoge el marco de derechos y la protección que asiste a la niñez y adolescencia del país, a los que reconoce como sujetos de derecho, (ver artículos 11,15, 16, 54 y 56).
A nivel internacional, los instrumentos más relevantes son: Convención sobre los Derechos del Niño, Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas. En otras palabras, el Estado tiene el marco legal para actuar a favor de estas personas y asegurarles el futuro que debemos.