Es vieja afirmación que nadie es insustituible, pero no cabe duda que hay condiciones y circunstancias en la vida en que, si existe la oportunidad, es mejor afianzarse con lo viejo conocido. Ignoro cuál será la actitud de la doctora Claudia Paz y Paz respecto a sus intenciones de presentarse como aspirante al cargo de Fiscal General luego de que su período constitucional fue reducido de un plumazo por la Corte de Constitucionalidad, pero tomando en cuenta los resultados de su gestión y lo difícil de la lucha contra un sistema de absoluta impunidad, considero que debiera presentarse para que la Comisión de Postulación la tome en cuenta a la hora de conformar la lista que deberá presentar al Presidente de la República.

Por supuesto que no estoy afirmando que la doctora Paz y Paz haya tenido un desempeño perfecto en el Ministerio Público y, de hecho, reiteradamente he señalado los pobres avances en la lucha contra la corrupción. Pero tomando en cuenta que estamos a menos de dos años de que fenezca el término de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la urgencia de que el traslado de experiencias, conocimientos y técnicas de investigación, sería una lástima que ocupe la Fiscalía General de la República alguien que se resista a tener una buena relación con la Comisión y desperdicie el esfuerzo que se ha realizado con apoyo de muchos países que han apostado por el experimento para tratar de fortalecer nuestro sistema de justicia.

En Guatemala opera un sistema sofisticado de influencias para evitar la correcta administración de la justicia y el Ministerio Público es pieza clave para que ese sistema funcione. De suerte que el interés que hay por controlar a la institución que tiene la responsabilidad de acabar con la impunidad, tarea que obviamente no es de la temporal CICIG, sino que es de la institucionalidad del país, es enorme y constituye sin duda alguna uno de los objetivos más claros y concretos que hay en la política que tras bambalinas se hace en nuestro país y sobre la que la opinión pública literalmente ni se entera.

Alguien me decía que la doctora Paz y Paz podría dejar de participar simplemente porque considera que el procedimiento ordenado por la Corte de Constitucionalidad ha sido un manotazo al mismo orden constitucional y que no desea avalar ese cuestionable hecho. El argumento tiene peso, pero mucho más peso tiene el argumento de que lo que está en juego es tanto y su trascendencia tan enorme, que vale la pena dar la batalla para seguir construyendo un sistema de persecución penal que rompa el cordón umbilical que desde que se estableció su monopolio legal por el Ministerio Público, fue cooptado por poderes paralelos que tras asegurar que sirviera de escudo para proteger a los que libraron la batalla contra la insurrección, terminaron colocándolo a las órdenes de los grupos de crimen organizado que pululan en nuestro medio.

Es cierto que los hechos demuestran cuán poderoso es el enemigo y lo difícil que es la tarea. Nadie puede culpar a la Fiscal si ya no quiere seguir recibiendo leño, pero aunque nadie sea insustituible, en este momento la lucha vale la pena.