El cambio de mando en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala fue realizado por el Secretario General de Naciones Unidas en respeto a la dinámica impuesta por el comisionado Carlos Castresana desde que vino a Guatemala y eso se refleja en la selección de su sucesor por el perfil que tiene Francisco Dall»Anese.
Eso lo tenemos que interpretar como un espaldarazo a la gestión de Castresana y, en consecuencia, la aceptación de las razones que esgrimió en el momento de su renuncia, lo que coloca a las autoridades guatemaltecas en el compromiso de evidenciar su respaldo a la CICIG en la implementación de aquellas disposiciones administrativas y emisión de leyes que han sido largamente requeridas y cuyo incumplimiento fue expuesto como causa de la renuncia del abogado español. El Gobierno, el Congreso de la República y los tribunales de justicia tienen un compromiso ineludible en la lucha contra la impunidad y son demasiadas las asignaturas pendientes porque es obvio que no existe verdadero compromiso de luchar contra ese flagelo, especialmente por los indiscutibles vínculos que existen entre nuestras autoridades actuales, en esas instancias, y los grupos de crimen organizado que tienen cooptadas a las instituciones y que se benefician mucho con las pugnas que alientan prominentes figuras del entorno presidencial mismo. No podemos seguir únicamente con el discurso vacío de apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad como ha ocurrido hasta el día de hoy. Es preciso que se concreten esos apoyos en la aprobación de las leyes que son indispensables para devolver al régimen de legalidad el espacio necesario para que Guatemala pueda encaminarse por la senda del Estado de Derecho que es permanentemente manoseado por resoluciones judiciales que evidencian los niveles de compromiso existentes y con el torpedeo a las leyes que se plantean como una necesidad impostergable. El gobierno del presidente Colom no ha escatimado palabras para manifestar su apoyo a CICIG, sobre todo después del crimen de Rosenberg, pero en la práctica ese apoyo ha sido nulo y no corresponde con el discurso oficial, lo cual no es extraño. Ahora, en el último tramo de este mandato de la Comisión, el Presidente tiene que tener claro que para el nuevo Comisionado el respaldo se medirá no por las palabras empalagosas que puedan decirse, sino por los hechos concretos que evidencien un compromiso de enfrentar a las mafias y de terminar con la impunidad. Hoy por hoy ese compromiso no existe ni siquiera en intención y quedó demostrado con la participación de la misma familia política del Presidente, hacia dónde se dirigen los acuerdos y con quiénes es que están realmente comprometidos.