En Guatemala la cuestión tributaria siempre genera grandes debates y delimita grandes diferencias de opinión al respecto. Desde las posiciones tradicionales que no es necesario incrementar los impuestos y que únicamente con presionar sobre la recaudación o recuperar muchos de los ilícitos como el contrabando, el país tendría suficientes recursos para enfrentar las necesidades de gasto que se multiplican.
La necesidad de incrementar los ingresos por medio de cambios significativos en la estructura tributaria es otra de las posiciones divergentes, en donde se destaca la necesidad de hacer cambios profundos en la composición de impuestos directos e indirectos, para mejorar el balance de impuestos a la renta y a la propiedad, con respecto de los impuestos al consumo o de tipo indirecto.
Nada más complejo que encontrar el punto medio de este debate, en donde ciertamente la visión tradicional tiene razón en cuanto a presentar mayor transparencia en el gasto público y reducir los niveles de corrupción, siempre y cuando no se involucre a los empresarios que generan sus rentas a partir de su intervención directa en el presupuesto público, por medio de la compra o contratación de empresas, en una interacción en donde las ganancias se dividen entre empresas y funcionarios de gobierno.
Por el otro lado, también es válida la tesis de incrementar el nivel de recaudación del impuesto sobre la renta como el impuesto emblemático y que implicaría no sólo incrementar sus tasas marginales, su nivel de recaudación, sino acelerar los procesos judiciales por fraudes tributarios, en donde sin duda, este trastoque de impuestos directos como los principales versus los indirectos como subsidiarios de dicha estructura, significaría abrir una brecha orientada a reducir las condiciones de desigualdad social existentes en el país y recuperar grandes espacios de rentas en los grupos que tradicionalmente han detentado la concentración de riqueza en el país y hoy, a pesar de que la mayoría reconocen como uno de los grandes problemas del país, todavía se resisten a aceptar tal modificación.
La reunión sobre seguridad que recién terminó, reiteró este aserto, e incluso, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, lo graficó claramente, “…ya es tiempo que los pobres dejen de cubrir el costo de la desigualdad y la seguridad, es tiempo que los ricos asuman su responsabilidad y paguen por la misma…â€, palabras más, palabras menos.
Por ello, nada más alejado de la realidad que las inconsistentes declaraciones del Presidente, pretendiendo asustar a todos por los medios de comunicación con la reducción de gastos; lo cual sería su responsabilidad en lo que resta de su mandato y realizar la contención del gasto que el anterior Ministro de Finanzas planteó antes de su salida y que constituía una verdad irreversible que el actual ministro, hoy comprueba.
Por lo tanto, fuera de las consideraciones sobre la necesidad de una reforma tributaria pero integral y que tenga una perspectiva de mediano y largo plazo resulta imprescindible discutir con seriedad los elevados niveles de la deuda interna y externa, que alcanza montos difíciles de cubrir, un servicio de la deuda que presenta cifras alarmantes y déficit fiscales alarmantes y difíciles de manejar.
Este país merece una discusión seria y detenida sobre esta problemática y que las posiciones conservadoras de ciertas élites y políticos –como el actual candidato de ViVa que proclama la necesidad de ampliar el IVA–, que no aportan nada novedoso en este sentido, pues se han quedado encasillados en sus rígidos discursos, sin hacer un análisis serio de la realidad fiscal del país, en un momento que merece frialdad, detenimiento y seriedad.
Así, actualmente nos encontramos ante una penosa situación financiera dentro de un régimen que culmina su gestión con más pena y vergí¼enza, que gloria y sin haber articulado una mínima reforma tributaria, con una elevada deuda interna y externa y un déficit fiscal abultado, así que nos desbalanceamos por el lado del gasto, sin cambios en los ingresos, vaya contradicción.