Ricardo Marroquín Rosada
Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)
Guatemala vive el peor período de violencia desde la firma de los Acuerdos de Paz.
La violencia sigue cobrando víctimas en nuestro país, se reportan un promedio de 17 muertes diarias, suman ya 17 mil las muertes violentas durante el período de gobierno del Presidente Berger, cifra que constituye el índice más alto de América Latina. Según datos del Ministerio Público, un 97.3% de los delitos contra la vida quedan en total impunidad.
En Guatemala el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana coinciden con un proceso de debilitamiento de las instituciones del Estado que se inicia desde la firma de los Acuerdos de Paz, las instituciones de seguridad y justicia de la nación no han escapado a este proceso.
En forma paralela al debilitamiento de la institucionalidad de seguridad y justicia del Estado se ha dado un proceso de desarrollo y fortalecimiento del crimen organizado, hoy tenemos organizaciones dedicadas a la narcoactividad que dominan zonas del territorio nacional, cooptan a personas e instituciones, inclusive hay diputados y alcaldes que responden a sus intereses; las maras han crecido territorialmente y tienen mejores niveles de organización y operación. A lo anterior se debe agregar un extendido manto de corrupción e impunidad que corroe las instituciones públicas y privadas.
La solución a tal problemática es sumamente compleja, ya que depende tanto de la agenda de desarrollo como de la agenda de seguridad; por lo tanto, no basta con implementar una buena agenda de seguridad si no se atiende de manera simultánea la agenda de desarrollo y viceversa.
De cualquier forma que se quiera entender y atender la problemática nacional, el fortalecimiento del Estado es una asignatura impostergable. Cómo podemos enfrentar la narcoactividad, las maras, la impunidad, inclusive la delincuencia común si no se cuenta con instituciones de seguridad y justicia eficientes, legales y legítimas.
Durante el actual período legislativo se aprobaron cuatro leyes importantes: Ley de la Inteligencia Civil (Digici), Ley del Crimen Organizado, Ley del Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses (Inacif) y la Ley del Régimen Penitenciario, pero por diferentes razones, principalmente por falta de voluntad política se ha retrasado la implementación de dichas leyes, siendo que son herramientas de gran importancia para la lucha contra el crimen organizado y la impunidad.
Es importante destacar que de forma inexplicable e incomprensible, la aprobación de otro conjunto de leyes del ámbito de la seguridad y la justicia han sido postergadas durante la presente legislatura, entre ellas podemos mencionar: Ley de Servicios Privados de Seguridad, Ley de Control de Armas y Municiones, Ley del Sistema Nacional de Seguridad (SNS), Ley del Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), Ley de Acceso a la Información, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Todas estas leyes son vitales para salir de la crisis de inseguridad en que estamos inmersos, no obstante podemos señalar que dos de ellas son de carácter estratégico para fortalecer las capacidades del Estado y para luchar contra la impunidad: La ley del SNS y la CICIG.
Las principales facultades de la CICIG dentro del proceso penal son: 1) Promover la persecución penal por medio de la denuncia ante las autoridades correspondientes, 2) Constituirse en querellante adhesivo de conformidad con el Acuerdo y el Código Procesal Penal, 3) Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por los CIACS, 4) Solicitar al Ministerio Público la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los testigos, víctimas y todos aquellos que colaboren en su investigación y monitorear la implementación y cumplimiento de la misma. El principal aporte de la CICIG es fortalecer la capacidad de investigación del Estado.
En el caso del Sistema Nacional de Seguridad (SNS) los principales objetivos son: 1) Dar coherencia y coordinación al funcionamiento de instituciones, políticas, normativas y controles en materia de seguridad, en el marco del Estado de Derecho. 2) Establecer una institucionalidad de máximo nivel en materia de seguridad, que permita coordinar las instituciones comprometidas e integrar y dirigir las políticas públicas en esta materia. 3) Ser el instrumento a través del cual el Estado enfrente los desafíos que en materia de seguridad se presentan.
Dentro del SNS se crean instancias, instituciones y controles que permiten cumplir con los objetivos arriba señalados, los principales son: 1) el Consejo Nacional de Seguridad, 2) el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), 3) la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIE), 4) el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, 5) la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y 6) los Controles Democráticos.
El SNS es un proyecto ampliamente discutido y consensuado por los partidos políticos y su principal aporte es dar coherencia y coordinación a un conjunto de instituciones del Estado que hasta hoy han trabajado de forma independiente e inconexa.
Se cometa en los corredores del Congreso que hoy se negocia la aprobación del SNS a cambio de postergar la aprobación de la CICIG.
En resumen: Guatemala está dentro de una vorágine de criminalidad e impunidad que raya en lo inconcebible, por ello es inaplazable fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar tal situación, y resulta incomprensible que el Congreso no apruebe leyes ampliamente discutidas y consensuadas que pretenden subsanar las debilidades del Estado.