Aunque los derechos humanos son tan antiguos como los seres humanos, es con la suscripción de la Declaración Universal en 1948 que se inicia un duro y largo camino en el reconocimiento de derechos y garantías básicas que toda persona en el mundo debe gozar y la responsabilidad de los Estados para respetarlos y protegerlos.
Los derechos consagrados en la Declaración Universal son numerosos, destacando los llamados derechos individuales como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos también dedica varios artículos al reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad del ser humano y al desarrollo de su personalidad. En este contexto consagra específicamente el derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda, al vestido, y en general a condiciones de bienestar social.
Los nuevos vientos a favor de la democracia que actualmente soplan en América Latina han puesto al descubierto el impresionante rezago de los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual se evidencia con el constante deterioro de las condiciones de vida de los pueblos. Precisamente ayer durante la XXXV Cumbre Presidencial de Mercosur realizada en San Miguel de Tucumán, Argentina, al referirse a la crisis alimentaria y a la crisis energética que hoy agobian al mundo, los gobernantes señalaron los riesgos del aumento de la pobreza que pueden afectar la estabilidad de los diferentes países.
No hay duda que la debilidad de la democracia capitalista ante las demandas de la sociedad en materia de empleo, salarios, educación, salud, alimentación y vivienda, es una de las principales causas de la delincuencia y de las constantes crisis de gobernabilidad.
Las democracias políticas de Europa se construyeron de la mano con notables avances en la equidad social. En América Latina el proceso democrático se desarrolla en condiciones de agudización de las desigualdades sociales y en el marco de Estados frágiles.
Ante esta situación tan delicada, es trascendental la decisión que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó en su sesión del pasado 18 de junio al aprobar un nuevo instrumento internacional para reforzar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Se trata del Protocolo Facultativo de esos derechos el cual nace a la vida jurídica en un momento histórico de la lucha para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre ellas las personas que viven en la pobreza.