Las autoridades son legítimas en tanto cuenten con el asentimiento, respaldo y apoyo de la mayoría de la población. En el caso de las votaciones (que en el país tienen lugar cada cuatro años), quienes obtienen el mayor número de sufragios adquieren la calidad de mandatarios, o sea, que son a quienes el votante confía un cargo público y, en tanto tales, cuentan con autoridad para desempeñarlo.
De esa manera es como se formaliza la institucionalidad y el poder político en nuestro país. Lo que no suele cuestionarse es si las autoridades son, en realidad, legítimas, representativas. Nuestra institucionalidad más reciente (es decir, de 1954 para acá), es resultado de una delegación de autoridad formal, precaria, carente de legitimidad y representatividad.
En una democracia, dizque representativa, magnificar, con no disimulado exceso, la institución del voto no corresponde a lo que en realidad acontece en el medio urbano y, con mayor crudeza, en el área rural. Véase, por ejemplo, el editorial de elPeriódico del pasado sábado 22.
Allí se dice que «el voto es la institución suprema, el instrumento de que se sirven los ciudadanos para delegar su mandato a favor de un equipo político que debe asumir la dirección administrativa del Estado para hacer realidad el bienestar de la población.» Ni doctrinariamente ni en la práctica, esto es así en Guatemala. La campaña electoral que precedió a las votaciones del 9 de septiembre y sus resultados no corresponden a lo ampulosamente afirmado en el referido editorial.
En un sistema en que el consumismo y la economía de mercado son paradigmas que imponen conductas y comportamiento a la población, el voto se corrompe, desvirtúa y deslegitima. Los candidatos son como cualquier otra mercancía: dan lugar a una relación tramposa en la que el candidato que se oferta, compra, a la vez, el voto. Lo que predomina e impera es la mercadotecnia que nada tiene que ver con una relación que, por excelencia, debería ser de ciudadanía y, en consecuencia, de participación libre y soberana.
Parece más realista el editorial de Prensa Libre del domingo cuando afirma que «el valor del voto [?], se cambia por una raquítica paga; por alimentos o transporte, por compadrazgos o por la promesa de privilegios y beneficios a futuro, o por compensación hacia el esfuerzo de alguien carente de capacidad para sobrevivir en una competitividad transparente, fuera de los linderos de la política no siempre limpia».
Dependiendo de la lectura y caracterización que se haga, la abstención, el voto en blanco y el nulo, no son parte de esa relación perversa entre candidatos y ciudadanía: representan y expresan, en la práctica, diferenciadas posiciones y que, en un caso, deviene en más definida que en los otros dos. Me refiero al voto nulo.
El voto en blanco y la abstención tienen su propia explicación e importancia. Y, como quiera que sea, en los tres casos, no sólo son los porcentajes los que cuentan. Son posiciones y decisiones del ciudadano que, además de la caracterización que de ello se haga, hay que considerar el objetivo último y más importante que, en realidad, tienen y de lo que nada o muy poco se dice.
El análisis contenido en la publicación alternativa La gotera, número 16, de septiembre en curso, considera «que el gran ganador de los comicios» recién pasados fue «el abstencionismo» que, según sus cálculos, equivale a que 2 millones 709 mil 420 ciudadanos empadronados no concurrieron a las urnas y que, en tanto «porcentaje de abstencionismo absoluto», expresa y significa una actitud «de resistencia pasiva, de indiferencia o desinterés» y que los votos en blanco y los nulos, constituyen una decisión y posición «de resistencia activa, inconformidad o descontento, pues no fueron para partido político alguno».
De lo anterior, la publicación en referencia deduce que la primera fuerza política en Guatemala es el abstencionismo (45.23%, de acuerdo a sus estimaciones) y que los votos nulos (5.75%) y los en blanco (3.57%), constituyen la cuarta fuerza política, ya que rebasó a 11 de los 14 agrupamientos que participaron en la contienda pasada y que, sumados a la abstención, ascienden a un 50.93%, equivalente a «casi un punto más de la mitad del padrón electoral».
Podría decirse, entonces, que ese es el cuadro aproximado de las recientes votaciones, deja al descubierto su carácter formal y no legitima las candidaturas de los dos presidenciables para la segunda vuelta a la que pasan en condiciones de lo más precarias, bajísimo porcentaje de adhesión y muy escaso respaldo ciudadano.
Quien obtenga el mayor número de votos el 4 de noviembre será un gobernante débil, aislado, y ese tendría que ser el objetivo último y principal de la abstención, los votos en blanco y los nulos, en la medida que se incremente y aumenten. En tales condiciones, para el Ejecutivo serán más sus limitaciones que posibilidades para asegurar la gobernabilidad y estabilidad del país.