Dado que el lunes pasado este medio publicó una investigación realizada respecto a la manera en que funciona el sistema de denuncias de teléfonos robados, el cumplimiento de la actual ley y la funcionalidad de la BDTR, hoy se presenta un reportaje que tiene como fin principal encaminar el debate con el afán de buscar la mejor solución para erradicar o disminuir un hecho delictivo que anualmente causa drama, dolor y preocupación en la sociedad guatemalteca.
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Luego de la publicación realizada por este medio hace una semana, se recibió una llamada a la Redacción del Diario en la que una persona dijo: “Si me dan el celular bloqueado, les voy a enseñar que ese ha quedado solo por un tiempo fuera del aire, porque yo sé cómo hacen para eludir los controles”. “Peor es que ni los bloqueen, pero aunque lo hagan eso no es garantía de que no volverán a funcionar” indicó una voz aguda del otro lado del teléfono.
Y es que como las personas, los celulares también tienen su propio registro de identidad, que se conoce como IMEI (International Mobile Equipment Identity – Identidad Internacional de Equipo Móvil), registro que puede ser modificado por medio de un “flasheo” que permite a los ladrones la comercialización de los teléfonos con reportes de robo, toda vez que las autoridades le pierden la pista a los teléfonos porque vuelven a funcionar con un IMEI distinto al que fue ingresado a la BDTR.
La persona que contactó a la Redacción ofreció ser una fuente “para llegar al fondo del problema, que eso es lo que ustedes quieren por lo que he leído”, -dijo, agregando que por motivos de seguridad quería solo ser identificado como “Sergio”– mientras argumentaba que demostraría la forma en que los ladrones y comerciantes de celulares robados burlan a las leyes y las autoridades.
En el reportaje del pasado 9 de julio “Claro y Movistar no bloquearon celulares reportados como robados”, se hizo constar que uno de tres teléfonos denunciados, el de la empresa Tigo, había sido bloqueado como consecuencia que fue consignado en la BDTR tras una denuncia por robo interpuesta en una agencia de esa compañía.
Sin embargo, ese móvil, que había sido suspendido en su estado original funcionó nuevamente la semana pasada, luego que Sergio demostrara que tras un “flasheo” había cambiado el IMEI y por tanto, el teléfono volvía a ser parte dela red, haciendo inútil el eficiente bloqueo inicial.
Para comprobar su teoría, el denunciante que informó a La Hora, relató que realizó tres intentos para libera el móvil, todos en la zona 1 capitalina, y finalmente logró demostrar cómo funciona el mercado ilícito de teléfonos aun cuando tienen un reporte de robo, hecho que permite concluir lo manifestado en el titular del presente trabajo.
El primer lugar que visitó Sergio fue en uno donde se ofrecen los servicios de reparación de teléfonos; en la entrada se observa un cartel con la advertencia: “Ojo, no se flashean teléfonos robados”.
Según Sergio, antes de iniciar el proceso, la persona que atiende en el negocio verificó en una computadora el estatus del celular por medio de un acceso a la BDTR, en la que constató que el móvil tenía reporte de robo, por lo que indicó que no realizaría el trabajo. “Disculpe, no puedo liberar su teléfono. Talvez en quince días”, dijo.
Tras el primer intento fallido, Sergio comentó que visitó un pequeño centro comercial de la misma zona en donde se intentó nuevamente el flasheo del móvil. El dependiente del kiosco que atendió la solicitud también verificó en la BDTR y confirmó que el móvil tenía reporte de robo.
“¿Compró nuevo el teléfono?, porque tiene reporte de robo”, cuestionó el hombre. “Disculpe, pero aquí no contribuimos con el crimen”, concluyó.
En ambos lugares, antes de verificar si el teléfono fue robado, los dependientes de los comercios indicaron que el precio por “liberar” era de aproximadamente Q90. En el primer lugar visitado, al comerciante le tomaría tres horas realizar el trabajo, mientras que en el otro solo serían 30 minutos.
Según la explicación de Sergio, la “liberación de un celular” consiste en “abrir las bandas del teléfono” y permitir su funcionamiento con el chip de cualquier empresa telefónica; es usual que se solicite este “trabajo” cuando una persona desea cambiar de compañía proveedora de los servicios de telefonía digital en un celular propio.
En cambio, “flashear o desbloquear”, implica reinstalar un software que permite eludir el bloqueo del móvil generado por la BDTR y con ello automáticamente se cambia el IMEI o el código único que se le asignó al celular. Se trata de una nueva identidad para los teléfonos que elude los controles de la ley actual, materializados en la BDTR ya mencionada.
Debido a que el inconveniente para “liberar el teléfono” era el reporte de robo, el denunciante declaró que buscó otro lugar, que siendo más concurrido y conocido por sus antecedentes, le permitiría cumplir su objetivo. En ese sitio no solo se liberan los móviles sino que también se flashean, dijo.
LO FLASHEAN
En base al relato de Sergio, bajo la fachada de una miscelánea donde se comercializan diversos artículos que nada tienen que ver con la industria de la telefonía, atiende una mujer, a la que el denunciante le pregunta si es posible liberar el móvil y responde que sí, pero que llevará alrededor de 25 minutos.
De acuerdo a la narración, la dependiente de la tienda verifica el móvil y le dice a Sergio que “tiene reporte de robo”, por lo que el precio asciende a Q70, los cuales se exigen por adelantado; Sergio los entrega y finalmente el teléfono es flasheado.
Sergio explica que el trabajo fue un poco más extenso de lo esperado, pues tardó alrededor de 50 minutos, pero su plan resultó exitoso. Un teléfono con reporte de robo vuelve a entrar a la red.
El teléfono que originalmente era de la empresa Tigo, ahora no solo tiene un nuevo IMEI sino que además recibe “chips” de otras compañías haciendo el negocio redondo. El aparato originalmente, en su estado natural era identificado con el IMEI 864653011621142, número con el que fue registrado a la BDTR y bloqueado semanas atrás por una denuncia de robo; ahora al aparato le corresponde el IMEI 350911207020*** (se omiten los tres últimos dígitos) y funciona correctamente.
Ese aparato emitió llamadas de forma satisfactoria utilizando chips de diversas compañías, llamando a los números de emergencia y otros.
El cambio de código fue un trabajo realizado por expertos, indica Sergio. Según pudo observar, el responsable del negocio levantó la tapa trasera del móvil, verificó el estatus en la BDTR, luego lo cerró y posteriormente, con un cable y una computadora, le modificó el software.
El informante entrega así evidencias que demuestran que, debido al flasheo de celulares, la ley vigente y la funcionalidad de la BDTR no son las herramientas más efectivas para enfrentar el fenómeno criminal del robo de celulares y que existen innumerables maniobras para evadir los controles.
EL FLASHEO
Dado que el flasheo revierte el bloqueo de un celular, la Ley de Registro de Terminales Telefónicas Móviles Robadas o Hurtadas tipifica esa acción como un delito en el Código Penal.
La citada Ley crea el artículo 275 bis, sobre “Alteración fraudulenta”, el cual indica que “toda persona individual o jurídica que comercialice los terminales móviles que hayan sido reportados como robados o hurtados y que aparezcan en la BDTR (lista negra) establecida por cada operador, así como toda persona que reprograme o en cualquier forma modifique, altere o reproduzca en dichos terminales móviles, el Número Serial Electrónico (ESN) del equipo terminal móvil, el Número de Móviles (GSM), o cualquier otra característica de identificación propia de los terminales móviles, o reprograme, altere o reproduzca en forma fraudulenta cualquier Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM) para el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM), será responsable del delito de alteración fraudulenta”.
La normativa refiere que el responsable de ese delito “será sancionado con pena privativa de libertad de cuatro a seis años, y multa de veinticinco mil quetzales a cincuenta mil quetzales».
Además, en el Congreso se promueve la ley de Registro Móvil para la Prevención y el Combate del Delito, con la que se pretende crear una base de datos de los teléfonos habilitados para funcionar en el marco de la ley. (Lea: Iniciativa: Registro Móvil).
GREMIAL: FLASHEO ES CLAVE
Ricardo Sagastume, representante de la gremial de operadoras de telefonía móvil y quien visitó recientemente Diario La Hora, en compañía de personeros de la empresa Claro, indicó que con este nuevo proyecto de ley, aún es necesario discutir algunos aspectos que consideran importantes, como la creación de un “registro blanco” –con los teléfonos autorizados para funcionar–, que contempla que los IMEI que estén conectados a la red estén registrados junto con el nombre del dueño de la terminal, es decir, del aparato.
Las compañías, aglutinadas en la gremial, consideran que la recopilación de los IMEI de todos los teléfonos que actualmente funcionan en Guatemala llevaría una gran cantidad de tiempo y complicaciones para muchos usuarios, y además creen que se corren riesgos al crear una base de datos con información sensible de los usuarios o incluso falsa “porque el crimen usa documentos fraudulentos”, argumentan.
Por ello, la gremial manifiesta estar de acuerdo con la creación de la lista blanca, pero proponen crear un listado que solo contenga los IMEI autorizados para conectarse a la red móvil, a partir de las nuevas compras y actualizaciones de aparatos, y que se evite pedir a los usuarios sus datos personales. Con esa iniciativa, las operadoras pretenden que solo se puedan activar los IMEIS que aparecen en dicho listado.
“En la mesa de trabajo, con (la diputada) Nineth Montenegro, lo propusimos; le llamamos la Base de Datos Positiva que va a contener los IMEI autorizados y que fuera la SAT cuando ingresa los lotes de teléfonos importados, quien de una vez registra todos los IMEI que están blancos, que entran al país”, refiere Karen Cabrera, gerente jurídico y regulatorio de la empresa Claro Guatemala.
Los miembros de la gremial, sí reconocen que la BDTR actual, tal y como está contemplada y debido al flasheo existente, no es funcional para erradicar el problema, pues reconocen que los celulares que se llegan a bloquear, vuelven a ser parte de la red móvil tras la alteración de los respectivos IMEI.
EL FLASHEO COMO PRIORIDAD
El representante de la gremial además manifiesta que cualquier esfuerzo será insuficiente si el Estado no procede a enfrentar el flasheo con todo el imperio de la ley. Declara que en este Gobierno han visto más voluntad para enfrentar el fenómeno del flasheo y además menciona que para erradicar este problema, el aparato estatal y en especial la cadena de justicia, juega una pieza clave para que a través de la certeza del castigo se puedan disminuir las alteraciones.
El problema de no enfrentar el flasheo, explican los miembros de la gremial, es que con cualquier lista blanca, es decir con los datos de los usuarios y su respectivo IMEI o solo con los IMEI de los aparatos, cualquier delincuente puede asignar a un teléfono robado un IMEI que esté en la lista blanca y de nuevo, se eludirían los controles, argumentaron.
LAS EXTORSIONES
Sobre el combate a las extorsiones, la gremial señala que difícilmente serán controladas de la forma como se propone en la legislación, debido a que un extorsionista nunca registrará un celular a su nombre.
“Ellos (activistas) dicen que el registro de usuarios es para la lucha contra la extorsión, porque se va saber quién está extorsionando, hasta el cansancio les comentamos que el país donde existe registro, jamás el extorsionista se va a registrar con su nombre, sino con documentación falsa”, refieren las fuentes.
Según indican, su aporte se ha evidenciado, a través del apoyo al sistema carcelario, con los inhibidores de señal que se instalaron como parte de un plan piloto, en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.
Los entrevistados indicaron que abordarán nuevamente los temas que consideran necesarios en la Comisión del Congreso donde se encuentra el proyecto de ley.
CLARO: ESTRUCTURA SUJETA A ERRORES
Al consultar a Karen Cabrera, gerente jurídico regulatorio para Guatemala de Claro, sobre la falta de acción de la empresa para subir a la BDTR la denuncia de La Hora de un teléfono robado, y sobre las acciones que deben asumir tras lo sucedido, respondió:
“Nosotros como operadores lo que hemos hecho es habilitar en todas las tiendas toda esa estructura, que probablemente con esto que sucedió la semana pasada podemos decir no funciona, como hay intervención humana, puede ser sujeto a errores, pero ese día, yo revisé fueron 191 denuncias que se presentaron en diferentes tiendas de la empresa y de los otros operadores también se subieron a la BDTR y la terminal se bloqueó”.
Cabrera reiteró, que colaboran con el sistema de seguridad y justicia para el combate al robo de celulares: “Valdría la pena decir que los operadores estamos colaborando con el sistema de seguridad del país, recibiendo esas denuncias y enviándolas al MP para que ellos tengan en línea: zona, calle, hora del atraco y demás datos en línea, porque lo enviamos electrónicamente, eso podría ser que reconocieran que hemos hecho ese esfuerzo”, concluyó.
REGISTRO MÓVIL
La Iniciativa “Ley de Registro Móvil para la Prevención y el Combate del Delito, que actualmente se encuentra en la Comisión de Comunicaciones del Congreso de la República, propone los siguientes aspectos:
– El objeto de la ley es la creación de un registro de todos los equipos Terminales Móviles que operan en Guatemala, registro de importadores, exportadores y comercializadores de Equipos Terminales Móviles.
– Registro de Equipos Terminales Móviles, a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
– Registro de Usuarios a cargo de Operadoras.
– Base de Datos Negativa, a cargo de la SIT.
– En las obligaciones de la SIT, una Unidad de Atención al Usuario.
– Sanciones por parte de la SIT a operadores por incumplimiento con la ley.
– Cooperación Internacional.
– Como parte de los delitos que serán sancionados, se contempla, la activación ilegal, la clonación y/o adulteración de Equipos Terminales Móviles, Comercialización de equipos denunciados como robados, hurtados /o extraviados.
– Asimismo, sería un delito, el uso de Terminales Móviles en centros de detención, el secuestro de Terminales Móviles sin registro, la comercialización de equipos sin registro ni autorización.
– En las disposiciones finales y transitorias, se busca regular el plazo para la elaboración del registro de nueve meses y un plazo de tres meses para que el Fiscal General emita instrucciones de cómo requerir la información a los operadores.