Uno de los más grandes flagelos que actualmente agobian al pueblo de Guatemala es la persistencia de la impunidad, o sea el fenómeno mediante el cual las infracciones a la Ley quedan sin castigo. Son numerosos los casos que se producen a diario poniendo en evidencia la debilidad del sector justicia dominado por la ineficiencia, el tortuguismo y la corrupción.
Sin temor a equivocaciones, uno de los más importantes desafíos para el nuevo gobierno de Guatemala encabezado por el Ingeniero ílvaro Colom es precisamente la incertidumbre por las dificultades prevalecientes que obstaculizan el acceso a la justicia, que en la teoría es uno de los principales derechos humanos individuales.
El contexto es profundamente adverso, y por lo tanto, no es fácil estar en los zapatos del nuevo gobernante, ante todo por las numerosas ofertas que hizo durante la campaña electoral y la impaciencia de algunos sectores que han pretendido cobrarle la factura exigiéndole la satisfacción a sus demandas cuando apenas está cumpliendo 17 días de haber asumido el poder.
El panorama es muy complejo, pero desde cualquier ángulo que se vea, lo que sobresale es la impunidad. Las revelaciones que ha realizado el propio Presidente en torno a la deuda de más de 2 mil millones de quetzales que dejó el gobierno de los empresarios en el Ministerio de Comunicaciones, han provocado diversas reacciones de desencanto, especialmente porque en el período de transición, el régimen del presidente í“scar Bergen afirmó que los compromisos pendientes eran menos de 300 millones.
Por esa gigantesca deuda flotante, el mantenimiento de carreteras y otras obras correrían peligro de no concretarse por la falta de recursos financieros. Según las primeras estimaciones, esa deuda equivale al 85 por ciento del presupuesto vigente de la cartera de Comunicaciones. Esa obscura herencia podría presionar el déficit fiscal con un aumento significativo y el riesgo de llegar al 2.6 por ciento con relación al PIB.
A todo esto hay que considerar las denuncias sobre la probable sobre valoración de mil 200 millones de quetzales en el costo de construcción del nuevo aeropuerto La Aurora, desorden y despilfarro, destacando la piñatización de los recursos del Estado en gastos de teléfonos celulares y cuotas de gasolina totalmente injustificados. También es marcada la preocupación por el destino de 49 millones de quetzales en el ramo de salud pública, que supuestamente se utilizaron para el pago de un estudio sobre el sistema hospitalario, pero el documento con las conclusiones no aparece por ninguna parte. Es fácil apreciar que el denominador común en todos estos problemas es la impunidad.