Constitucionalmente el Fiscal General de la República es quien tiene la dirección y el monopolio de la persecución penal contra los delincuentes que tanto abundan en Guatemala, de ahí nace la trascendencia de su elección, por cuanto un Fiscal General que trabaja, se orienta, es influenciado, es manipulado o en todo caso está al servicio de intereses ajenos a su función sean estos organismos del Estado, instituciones públicas, funcionarios, crimen organizado, políticos, etcétera, es una persona que traiciona al país y que deja aún mas desprotegida a la ciudadanía.
 Ahora bien, la actual Constitución deja en manos del Congreso y del Presidente de la República (y señora), la selección de los cargos más importantes para poder terminar con el imperio de la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y poder reestablecer los valores supremos del Estado, en particular, la búsqueda del bien común.
  Tanto el Presidente como los diputados llegan al poder gracias a los partidos políticos, instituciones de derecho público creadas para otorgar privilegios, prebendas, inmunidad y poder omnipotente a quienes son electos por nosotros, partida de babosos que hemos sido engañados desde el inicio de la actividad humana y lo cual seguirá hasta el fin de los siglos, para que luego protestemos, como grupos de la sociedad civil, como periodistas, columnistas, o simples ciudadanos que incluso nos damos el lujo de mentarle la madre al periodista o columnista que nos cae mal y no referirnos crítica y constructivamente a sus escritos. Todo gracias a la trillada libertad de expresión y del pensamiento, en nombre de las cuales se puede despedazar y asesinar moralmente a una persona.
 Pero siguiendo con el tema, a los partidos políticos no llegan las personas más idóneas y son ellos, bajo la orden de sus dirigentes, quienes toman las decisiones, dependiendo de la posición que ejerzan, como en el caso palpable de los diputados. El Presidente no tiene porqué recibir órdenes (excepto alguno que pueda recibirlas de su mujer), pero es obvio que tiene muchas facturas por pagar a los financistas de su campaña, es decir a los que le dieron millones de quetzalitos para ocupar la guayaba. Y esas facturas se pagan.
 Pero, hay instituciones que también, sin ser estrictamente de origen político abierto llevan esa connotación por la forma en que son electos sus integrantes y como en el caso de las Cortés deben pagar favores a los que los eligieron o como otras del Ejecutivo (Covial, Ministerio de Comunicaciones, compra de medicinas, Gobernación, etcétera), en donde pagan y cobran favores por su «apoyo» en la campaña para dar y recibir dinero en puritito efectivo depositado en cuentas misteriosas o comprando bienes a nombre de personas de confianza, que los convierte en millonarios. (¿Se acuerdan de Armando Escrivá que estuvo un año en Covial y que ayudaba a la doña en la sede de la UNE?) Allí está en su enorme finca de Petén o en su casa de la zona 14 o la carretera a El Salvador. El Ministerio Público también esta bien, gracias.
 Al Fiscal pues, lo nombrará Su Excelencia El Presidente, de una lista de seis, enviada por el Honorabilísimo Congreso. Entonces, estamos jodidos todos ustedes.
NO EXAGEREN. El recién nombrado Presidente del Organismo Judicial acaba de Regresar de Brasil después de ir a una reunión acompañado de su secretaria de 23 años para que le sirviera de… traductora y se gastaron casi Q125,000,00, ¡Dichosote!. Si lo hubieran agarrado bolo (que al día siguiente se quita), le hubieran hecho desgracia la vida aunque haya pasado 45 años trabajando con honestidad. Somos de al pelo los chapines.