Al igual que en el primer proceso, se supone que hubo las necesarias cargas polí­ticas, compadrazgos, recomendaciones de grupos de presión, delaciones con o sin razón por parte de grupos que se autodenominan representantes de la sociedad civil – ¿cuántas sociedades tiene Guatemala? – y el cabildeo de los participantes con los grupos del poder oculto o visible en Guatemala. En fin… uno de los seis propuestos al Presidente del organismo ejecutivo será el ungido y a partir de ese dí­a, su personalidad, su estatus económico, sus relaciones «sociales», y su responsabilidad de trabajo, cambiarán de forma muy, pero, muy drástica, porque se le creará un cí­rculo de allegados lisonjeros que echarán al vuelo su nueva fama de «non plus ultra». Ojalá que me equivoque al respecto. Y pasamos entonces, al otro proceso que está en pleno desarrollo y también en su parte más álgida, me refiero a uno de los últimos pasos para elegir Director/a General en el Instituto de la Defensa Pública Penal con la integración de la terna propuesta al organismo legislativo por la Comisión Postuladora – Controladora e Inquisidora -. Dicha institución tiene a disposición de la población en general una gama de servicios jurí­dicos con carácter de gratuidad y un bien probado profesionalismo por parte de sus abogados litigantes. Desde el año dos mil ocho el IDPP creó la Coordinación Nacional de Asistencia Legal gratuita a las ví­ctimas de violencia y sus familiares, también en temas de derecho de familia, garantizando el efectivo ejercicio de sus derechos mediante la intervención de abogados y abogadas en función de defensores públicos. Una actividad jurí­dica muy especial que desarrolla el IDPP es la Defensorí­a Indí­gena, la cual brinda orientación, asesorí­a y asistencia jurí­dica con abogados maya hablantes a la población que radica en los municipios donde hay representación maya (Petén, Chiquimula, Salamá, Quetzaltenango, Jutiapa, Escuintla, Cobán, Villa Nueva y ciudad Guatemala entre otros). Los servicios que se brindan comprenden en primer lugar la asistencia psicológica en crisis; asistencia legal en forma gratuita y la coordinación con instituciones de apoyo para la atención médica. En el próximo artí­culo expondré algunos datos que de suyo me parecen muy interesantes en cuanto a la proyección que el Instituto de la Defensa Pública Penal tiene en nuestro paí­s, en Latinoamérica y en Europa con el ejercicio de la Presidencia de la Asociación Latinoamericana de Defensorí­as Públicas y su participación en actividades similares en Europa.