Por ley, los partidos políticos en Guatemala reciben el equivalente de dos dólares, es decir casi dieciséis quetzales, por cada voto válido que reciban siempre y cuando obtengan no menos del 5% del total de votos emitidos por los ciudadanos. Por los dos últimos procesos electorales, el TSE ha erogado más de cien millones de quetzales, sin que hasta la fecha se tenga noticia de que la Contraloría de Cuentas haya auditado el destino de esos recursos que son, en teoría, para el fortalecimiento de la organización partidaria y para la capacitación de los cuadros políticos.

¿Qué hace cada una de las organizaciones con ese financiamiento público que debiera ser, por mandato legal, descentralizado para llegar a la organización partidaria legalmente registrada? Hasta donde se sabe, los partidos políticos afirman que usan esos recursos para pagar deudas contraídas durante las campañas, lo cual pueden justificar porque no se lleva el tipo de contabilidad que la ley exige para establecer no sólo el origen de las contribuciones particulares, sino su destino.
 
 En España hay ahora mismo un escándalo de enormes proporciones por la forma en que el partido en el gobierno llevó su contabilidad durante años, pues se ha probado que el tesorero tenía dos cuentas contables para encubrir cierto tipo de operaciones. En la contabilidad oficial no aparecían todas las contribuciones ni todos los gastos, por lo que al trascender la existencia de la otra, la que servía para llevar cuenta de aportes y pagos bajo la mesa, la opinión pública ha reaccionado indignada y el gobierno de Mariano Rajoy está tocado en su prestigio y eso significa que también queda tocado en su capacidad para ejercer autoridad moral en tiempos de severa crisis.
 
 En Guatemala no tenemos problemas parecidos porque aquí los partidos ni siquiera se toman el cuidado de llevar dos contabilidades. Basta y sobra con no llevar ninguna porque ni la Contraloría de Cuentas ni el Tribunal Supremo Electoral les cuentan las costillas como debiera ser. La Contraloría porque el mandato constitucional dice que se deben auditar las cuentas de toda persona (natural o jurídica) que reciba dinero proveniente del erario y en ese sentido todos los manejos de los partidos políticos que acreditan en sus cuentas la llamada deuda política que cubre el TSE, deberían estar bajo el escrutinio de la entidad fiscalizadora. De esa cuenta se podría determinar si las deudas que alegan haber contraído durante las campañas son reales y si el dinero se destina a financiar gastos de la organización partidaria o propiedades de los dirigentes que se embolsan tranquilamente el recurso público.
 
 El sistema de partidos políticos en Guatemala está totalmente desvirtuado porque no se trata de organizaciones que cumplan la función de ser el canal de expresión de la ciudadanía, sino simplemente son entidades agrupadas alrededor de caciques para la satisfacción de ambiciones personales. En ese contexto es obvio que nunca hay que gastar en la formación de cuadros porque los mismos son inexistentes; tampoco se tiene que invertir en la organización partidaria en los departamentos y municipios porque se trata apenas de un requisito legal que hay que cumplir y que se mantiene en su mínima expresión para asegurar el control férreo de la cúpula que arropa al cacique.
 
 La ausencia de partidos políticos se refleja, sobre todo, en la llamada “representación nacional” en el Congreso de la República que es, ahora más que nunca, verdadera representación de las carencias del sistema.
 
 Cada centavo que reciben los partidos, tanto de sus financistas particulares como del Estado, tiene que ser debidamente fiscalizado porque se trata de entidades de derecho público según la Constitución y, además, reciben dinero público. Pero, como con todo, la vista gorda de fiscalizadores y de la opinión pública, alienta la podredumbre.