Uno de los más serios problemas de la democracia moderna es el costo de las campañas políticas y la importancia que en todo el mundo tienen los financistas que apoyan con recursos a los candidatos. La distorsión que se plantea es generalizada y terrible, porque ya no cuentan tanto los planteamientos y la calidad de las personas, sino la cantidad de recursos disponibles para saturar todos los medios de comunicación con la propaganda electoral.

El problema hay que entenderlo como parte de las democracias actuales y no exclusivo de algún país. Sin embargo, hay países que están peor que otros, porque la falta de transparencia para conocer el origen de los fondos de las campañas políticas encubre acuerdos y arreglos que persiguen únicamente el tráfico de influencias y los privilegios. En Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia autorizó inversiones ilimitadas en grupos paralelos de los partidos políticos que puedan recibir y gastar a manos llenas sin obligación de rendirle cuentas a nadie y eso coloca a los gobernantes y legisladores (tanto en niveles federales como estatales o locales), dependiendo de los grupos de interés. En España se está viviendo el caso Bárcenas que es un ejemplo de cómo inversionistas ocultos y secretos sobornan a los candidatos desde que están en esa condición y luego pasan facturas enormes por concepto de corrupción.
 
 Mientras más oscuro es el origen de los fondos de financiamiento para los partidos políticos, mayor el daño que sufre el modelo democrático porque ese nivel de secreto únicamente alienta las componendas que nada tienen que ver con los intereses del país. Un inversionista que tiene que hacer donaciones públicas debe estar preparado para explicar qué pretende a cambio y además sabe que sus negocios estarán en el punto de mira de las entidades fiscalizadoras del país. El que da dinero bajo la mesa no tiene por qué rendirle cuentas a nadie ni preocuparse por escrutinio alguno sobre la marcha de sus negocios.
 
 El financiamiento privado no se puede eliminar en el mundo moderno donde las campañas se vuelven extremadamente caras por la misma tecnología que se usa para difundir los mensajes. Pero lo que se puede controlar, al menos, es el origen de los fondos para impedir que el crimen organizado y los agentes de la corrupción sean los que paren pagando los gastos de campaña y, de esa manera, actuar como se hace en Guatemala, es decir, secuestrando al mismo Estado mediante la cooptación de la clase política para poner todos los recursos disponibles para pagar las deudas contraídas en época de proselitismo.

Minutero:
Solo el muy papo se engaña 
con los gastos de campaña; 
es una apuesta segura 
que nos deja amargura