¿Quién desconoce la inmensa labor social desplegada a través de muchos años por entidades como la Sociedad Protectora del Niño, el Centro de Integración Familiar o la Asociación de Señoras de la Caridad? Es innegable que sin alarde publicitario, político o particular han sido dignos ejemplos de lo bueno que se puede hacer si se tiene amor al servicio social, a la entrega sin esperar nada a cambio, como de llegar al fondo de cada uno de los problemas que, si no han podido resolverlos del todo, sí han dado paliativos considerables con la mejor y buena voluntad. De esa cuenta, tanto la sociedad guatemalteca como gobiernos conscientes de su deber por lograr el bien común, han apoyado su misión contribuyendo de manera sensible a su desarrollo e incluso su proliferación.
¿Pero cuál es la razón de ese apoyo y contribución? Simple y sencillamente que el Estado tiene el gordo deber de cumplir con esas obligaciones y de ahí que no puede ni debe obstaculizar sus funciones y sí apoyar y facilitar sus labores de recaudación de fondos. Por ello preguntamos ¿qué «fuerzas ocultas», aparte del interés puramente mercantilista, pueden triunfar sobre las que persiguen volcar los recursos que puedan obtener de un llamado «Puerto Libre» en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en beneficio del cuidado de niños y niñas de escasos recursos mientras su padres trabajan; de hogares guatemaltecos en áreas rurales y urbanas o en la atención de hombres y mujeres de la tercera edad?
¿Es verdad que tanto es el poder y las fuerzas ocultas de la empresa extranjera Wisa, S.A. en Guatemala, que se le permite actuar en perjuicio de entidades nacionales de beneficio social, pese a contravenir las leyes que nos rigen, como discriminar descaradamente a las nuestras y nuestras autoridades, para quitarse el cargo de conciencia que llevan encima, únicamente les concedan reducidos espacios para sus tiendas, pese a tener más de 40 años de hacerlo legal y honestamente? El argumento de que el Estado necesita obtener fondos provenientes de los arrendamientos de sus instalaciones en la Terminal Aérea, que en el caso de Wisa, S.A. representa una cantidad considerable, no justifica estarle causando perjuicio a las entidades mencionadas, se les discrimine y se le dé prioridad a una actividad puramente mercantilista, la que por cierto, internacionalmente rinde jugosos beneficios. ¿Es que lo anterior no es causa de sospechas para cualquiera? Insisto, el fin de hacer llegar fondos al Estado no justifica dejar de lado lo nuestro, lo obligatorio y lo correcto, mucho menos, lo que es justo y necesario para lograr el bien común.