Me refiero a la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Energí­a Eléctrica (CNEE) de rebajar las tarifas a los grupos menos afortunados. Sin embargo, de acuerdo con un mensaje que recibí­ anoche en mi buzón electrónico, esa resolución está viciada porque para los efectos legales del caso no se cumplió con el proceso instituido, en lo que respecta al establecimiento de un nuevo pliego de precios.

En anteriores ocasiones he sido un severo crí­tico de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., tal su nombre comercial, precisamente por los incrementos de sus tarifas, que incide en todos los órdenes de la vida nacional, encareciendo otros servicios y diversidad de productos, como consecuencia del efecto de cascada.

Recuerdo que en una ocasión, publiqué un artí­culo en el que denunciaba públicamente que de un mes para otro la factura que recibí­ de la EEGSA en la casa que habito aumentó ostensiblemente, como si de repente la vivienda la hubiese convertido en maquila o barra show.

Ahora, con la rebaja anunciada por la CNEE cualquiera se regocija, fundamentalmente porque los beneficiados son los sectores más vulnerables; sin embargo, estos mismos grupos pueden resultar afectados negativamente si se revierte la decisión unilateral de la mencionada Comisión, al plantearse el caso en instancias judiciales superiores, como es de suponer, hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad.

De acuerdo con el procedimiento normal para fijar nuevas tarifas, ya sea aumentarlas o reducirlas, la CNEE evalúa y califica a un grupo de consultores externos -que esta vez fueron cinco-, mientras que a la Empresa Eléctrica le corresponde elegir a uno de esos especialistas y contratarlo, con el propósito de que este experto realice un estudio de valor de la EEGSA y luego presenta su dictamen a la CNEE.

Pero esta vez la CNEE objetó 63 puntos del consultor de la EEGSA, de manera que, conforme lo estipulado, se integró una comisión de arbitraje que denominan «pericial», la que arribó a una resolución, que es vinculante, es decir, debe ser acatada por ambas partes.

Esa comisión pericial la integran tres delegados: uno por la CNEE, otro por la EEGSA y el tercero elegido por los dos entes, de común acuerdo.

En esta oportunidad, la resolución pericial no fue aceptada por CNEE, por lo que unilateralmente disolvió la comisión de arbitraje y publicó el pliego de tarifas, ante lo cual la EEGSA interpuso un amparo ante un tribunal de justicia que inicialmente lo declaró con lugar, pero posteriormente lo denegó, aparentemente por la supuesta influencia del presidente de la CNEE, señor Carlos Colom, quien coincidentemente es sobrino del Presidente de la República.

Personalmente considero que la decisión de rebajar las tarifas a los sectores más necesitados, es beneficiosa para estos grupos, siempre marginados; pero para evitar suspicacias y abusos, la CNEE deberí­a enmendar el procedimiento, porque fuera de que la decisión es ilegal y arbitraria, al no tomarse en consideración la resolución vinculante de la comisión pericial, se viola el procedimiento establecido y aceptado por ambas partes.

Si se reinicia el proceso y la comisión arbitral resuelve a favor de la rebaja de las tarifas a las clases populares, nadie podrá oponerse porque se está actuando conforme a Derecho y se está respetando el procedimiento instituido; pero como ha actuado la CNEE, da la impresión de acatar directrices del Gobierno, en su afán de congraciarse con un sector de la población.

Y como suelen argumentar los neoliberales, los inversionistas extranjeros verán con recelo esta medida, sobre todo cuando se están gestando convenios comerciales con la Unión Europea. No se trata de quedar bien con la no muy apreciada EEGSA, sino que debe tomarse en cuenta un sabio refrán popular: el fin no justifica los medios, y deben evitarse conflictos innecesarios.

(El desempleado Romualdo Tishudo me comenta -Estoy buscando trabajo y tres empresas están tras de mí­: la de la luz, la del agua y la del teléfono).