Son de tanta importancia y trascendencia los derechos de Guatemala sobre Belice que prudentemente los constituyentes normaron en las disposiciones transitorias y finales, artículo 19, que el gobierno de nuestro país sólo promovería relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice, que el Ejecutivo sólo podría realizar gestiones que tendieran a resolver esa situación de conformidad con los intereses nacionales.
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El Congreso de la República debería analizar si el acuerdo firmado el 9 de diciembre de 2008, en la Organización de Estados Americanos, es o no de interés nacional. Los partidos políticos representados en el Organismo Legislativo no pueden evadir la enorme trascendencia y responsabilidad que implica que los diputados llamen a una consulta popular para someter una pregunta que a todas luces solo conlleva riesgos para Guatemala porque la misma le otorga absoluta libertad a la Corte Internacional de Justicia para resolver si procede otorgarle territorio continental, insular o cualquier área marítima de las que Belice actualmente controla e ilegalmente detenta.
Estoy seguro que muchos juristas opinarán que someter a consulta popular una pregunta como la ya señalada no es un acuerdo definitivo, tampoco contiene un interés nacional; por el contrario, es una carta, un cheque en blanco y por esa misma razón no llena el espíritu contenido en la norma o disposición transitoria y final establecida en el artículo 19 de ese capítulo, en la Constitución. Lo procedente sería que la totalidad de los diputados rechazara lo acordado por la Cancillería y por consiguiente no se aceptara convocar a una consulta popular nacional con semejante pregunta y con tan negativas probabilidades.
El darle gusto a la OEA, al gobierno británico y a Belice también implica que el Tribunal Supremo Electoral gaste más de Q100 millones en una consulta popular, recursos e impuestos que no están previstos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado aprobado recientemente en el Congreso. Si el Organismo Legislativo aprobara dicha consulta no sólo estaría arriesgando la posibilidad de que se nos reconozca, por Belice, el legítimo reclamo territorial que durante 150 años hemos mantenido, sino que, además, tendría que obtener un préstamo o un ingreso que financiara ese elevadísimo gasto que implica la consulta, sin la garantía de obtener ningún resultado favorable al pueblo de Guatemala.
Que Prensa Libre también publique, el 9 de diciembre de 2008, que en Belice existen temores al respecto, basándose en declaraciones del canciller beliceño, Wilfred Erlington, es otra muestra de la habilidad de los beliceños y de la inocencia o de la grave falta de habilidad y conocimiento de nuestra Cancillería.
Del actual embajador de Guatemala en la OEA, Jorge Skinner Klee Arenales es injustificable que siendo nieto, hijo y sobrino de cancilleres y él mismo una persona que durante muchos años ha sido embajador de nuestro país, haya avalado el acuerdo que la Cancillería firmara el 9 de diciembre en la OEA, su actitud evidencia su comodidad y su debilidad al no manifestarles al Presidente y Vicepresidente de la República que les están dando atole con el dedo, lo que me obliga a señalarlo de incompetente, de deshonrar la confianza y la dignidad que él más que nadie debería defender como guatemalteco, lo cual me duele y entristece.
Si a pesar de todo lo indicado se llegara al extremo que el gobierno sometiera la pregunta a una consulta popular, miles de guatemaltecos, incluyéndome, deberemos de hacer una campaña por rechazar y condenar esta atroz decisión.