Investigadores, activistas y expertos en criminalística hacen hincapié en indicios de cómo los secuestradores aprenden a manipular a sus víctimas y a los familiares de éstas para conseguir más recursos con sus operaciones. Conocer y manejar a la perfección el “factor miedo” es una herramienta que se debe tomar en cuenta para combatir los delitos en los que la vida se pone en juego.

“Hijo de p… tenés que pagar Q100 mil o si no matamos a tu mujer”: la amenaza del secuestrador por vía telefónica –grabada por las autoridades– no solo tiene el objetivo de exigir dinero a cambio de la liberación de la víctima, sino también pretende infundir temor para que la familia acepte más condiciones y evitar que la Policía interfiera en el caso.

La negociación del delincuente inició poco después de que la víctima fuera plagiada en el sur del país; los secuestradores esperaron alrededor de tres horas para comunicarse con el esposo y amenazarlo a cada instante con que asesinarían sin piedad a la mujer.

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, que simularon el pago del rescate, se logró la liberación de la mujer plagiada y el caso terminó con una “operación exitosa”, se indica.

El miedo puede manipular a cualquiera y en los hechos de violencia, este factor genera una serie de efectos sociales que derivan en la impunidad, pues hace que las víctimas no denuncien, explica un investigador de la Policía.

Las fuerzas de seguridad creen que en este caso muy probablemente el objetivo no sería asesinar a la víctima, pues con eso perderían la posibilidad de exigir un rescate, pero con mensajes confusos podrían sacar un mejor provecho de la situación, manipulando a la familia para extorsionarla o presionando para que no pidan ayuda de las autoridades.

Un ejemplo de esto ocurrió el pasado 21 de septiembre, cuando las autoridades capturaron a Saulo David Leiva Ambrocio, de 39 años y apodado “Bomba”; Saúl Guillermo Leiva Pinto, de 18; María Janeth Morales Alvarado, de 41, alias “Perversa”, y a Telma Elizabeth Pereira Morales, de 23, quienes secuestraron a tres personas el pasado 16 de julio, a la altura del kilómetro 33 de la ruta al Atlántico y de quienes hasta hoy se desconoce su paradero.

Los secuestradores no solo pedían rescate por sus víctimas, sino que además vaciaron sus cuentas bancarias, pues según los análisis grafotécnicos realizados sobre documentos financieros, los plagiados habrían sido obligados a emitir varios cheques que fueron cambiados por sus victimarios.

De acuerdo con investigadores consultados, la situación llegó hasta un punto extorsivo porque los familiares de las víctimas no denunciaron a tiempo la situación y los secuestradores se aprovechaban cada vez más de la confusión y la incertidumbre que provocaban sus amenazas de muerte.

AMPLIO ESPECTRO CRIMINAL
De acuerdo con el viceministro de Seguridad, Julio Rivera Clavería, en lo que va del año se han desarticulado alrededor de 12 bandas de secuestradores que operaban en diferentes puntos del país y con ello se han logrado identificar varias de sus características.

“Son bandas bien organizadas que se han venido armando desde hace muchos años y que se les dejó operar libremente. El trabajo que hace la Fuerza de Tarea Antisecuestros es verdaderamente profesional y muy técnico; ellos hacen uso de la tecnología, pero también del manejo de la investigación criminal propiamente dicho”, refiere Clavería.

Según el funcionario, a pesar que aún hay bandas que operan desde prisión, también hay otras que operan desde afuera, aunque según él, están debilitadas o han mutado para cometer otros ilícitos, como extorsiones o robos.

“Hoy por hoy hay muchas bandas desarticuladas y otras debilitadas: algunas tienden a mutar a otro tipo de delitos, por ejemplo al robo, asalto a residencias o trata de personas, con la presión que se van ejerciendo, empiezan a mutar y se van dedicando a otros delitos”, refiere Rivera Clavería.

Según las investigaciones realizadas recientemente por la Fuerza de Tarea y el Comando Antisecuestros de la PNC, las bandas delictivas una vez ganan terreno a través del recurso del miedo, se posicionan, mutan y llegan a cometer un amplio espectro de delitos, debido a su habilidad para manejar a las víctimas.

El pasado 30 de septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a la altura de El Trébol a Carlos Álvarez Méndez, de 38 años, alias  “Calín o Conejo”, acusado de ser el jefe de una estructura criminal dedicada al secuestro en Taxisco, Santa Rosa.

El sindicado habría sido detenido por el plagio de un técnico de industria en la aldea El Jobo, el pasado 4 de septiembre.

Además, se le vinculó con la masacre de varios nicaragüenses en un bus en noviembre de 2009, aunque las autoridades prefieren no aportar mayores detalles sobre la participación del sindicado en estos delitos.

Según una fuente oficial que prefirió el anonimato, Álvarez Méndez, recién habría sido absuelto por un tribunal de Santa Rosa cuando fue acusado de integrar una estructura de secuestradores; las autoridades no descartan que pueda estar implicado en otros crímenes.

EL NEGOCIADOR
La comunicación entre el “negociador” de la banda y los familiares de los plagiados es clave para el éxito del grupo delincuencial, que principalmente busca un beneficio económico con el rescate, pero también puede exigir otro tipo de bienes y “amarrar” las víctimas a una situación extorsiva.

Las pesquisas refieren que una banda delictiva está conformada por un líder o autor intelectual, quien es la persona encargada de dirigir al grupo y asignar “atribuciones”, para llevar a cabo hechos fuera de la ley.

Le sigue el negociador, quien prácticamente de él depende la forma cómo puedan realizar sus fechorías.

Finalmente se encuentra la parte operativa, que son quienes vigilan, identifican, interceptan, trasladan y cuidan a las víctimas plagiadas.

Mishell de Leal, representante de la organización Madres Angustiadas, indica que para desarticular a las bandas es necesario denunciar y acudir a la Policía, y no permitir que esos grupos continúen fortaleciéndose a través del miedo, que es una de sus estrategias favoritas.

Madres Angustiadas indica que si bien es cierto estos grupos están organizados y coordinados, también pueden desintegrarse ante la denuncia oportuna y urgente tras un hecho de este tipo.

“Creo que eso se va a ir modificando conforme las personas vayan confiando más en la Policía y en el Ministerio Público (MP); lo que pasa es que todavía hay desconfianza en las instituciones del Estado. Muchas personas no quieren denunciar los hechos delictivos y como no lo denuncian caen cabalmente en ese miedo que les infunden las bandas. De la única forma que eso se va a resolver es denunciando para que esas bandas sean capturadas y desarticuladas, dice Leal.

La activista refiere que si bien es cierto aún impera la desconfianza en las instituciones estatales, la única forma de debilitar a los grupos criminales es a través de la denuncia: “Hay que entender también la posición de las víctimas, entre tanta desconfianza en la Policía y la poca efectividad del MP muchas personas dicen ¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué me voy a meter a esos problemas?, pero si no hay denuncias no hay capturas, no hay juicio”, dice de Leal.

La representante de Madres Angustiadas explica que es urgente que los familiares de las víctimas de secuestros busquen asesoría con los grupos especializados en el Ministerio de Gobernación (Mingob) o en la institución policial, para que sean orientados sobre cómo manejar un secuestro, luego de recibir la primera llamada o correo electrónico.

PLAGIOS
El último informe presentado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) indica que a inicios de este año se reportaban alrededor de dos secuestros por semana, lo cual era un indicador preocupante, principalmente por el sufrimiento de las víctimas.

“El plagio o secuestro constituye una de las peores prácticas delictivas que el ser humano puede cometer, además de ser el peor sufrimiento para las víctimas y sus familiares, éste consiste en privar de libertad a una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado”, señala.

Según se indica, el trauma que representa este delito para los familiares de las víctimas puede causar consecuencias y daño permanente debido a la incertidumbre que genera el desconocimiento del estado del afectado.

“En Guatemala se continúa practicando el plagio o secuestro y el mismo ha sido implementado para diversos fines del crimen organizado principalmente, ya que mediante el mismo los criminales pueden exigir no solo cantidades de dinero, sino que también acciones u omisiones que pueden asegurar sus fines ilícitos”, refería el informe.

El GAM ha reiterado la importancia de la denuncia, pero también la efectividad de las entidades encargadas de realizar las investigaciones.