Ayer el Ministro de Finanzas anunció la decisión de rescindir cuatro compras de medicamentos por dos mil millones de quetzales por falta de transparencia y problemas técnicos en la adjudicación. Obviamente esa decisión será impugnada por todos los medios porque no estamos hablando de una compra de cigarrillos a un chiclero en la calle, sino de uno de los focos más serios de corrupción que han existido en Guatemala, y en muchos países del mundo.

Creo que el paso urgente que tiene que tomar este gobierno es una revisión a fondo del procedimiento TOTAL de la compra de medicamentos porque desde hace muchísimos años las compras que se han hecho son producto de arreglos a costillas de las necesidades del pueblo y que dejan con grandes beneficios a los proveedores y a los compradores. Por años he denunciado los malos manejos y acuerdos bajo la mesa que hay alrededor del abastecimiento de medicinas para el sistema nacional de salud, pero se trata de un juego tan complejo que al final de cuentas de una u otra manera, a lo largo del tiempo, termina dando participación a todos los empresarios dedicados al negocio.
 
 En efecto, si mucho puede decirse que en ciertas épocas ha sido como el juego de las sillas musicales y se benefician unos durante un gobierno, para perder los privilegios que pasan a sus competidores en el siguiente, dependiendo de los aportes de campaña. Pero en los últimos tiempos manejaron el contrato abierto de tal manera que literalmente se repartieron el pastel y todos los grandes tienen su tajada, lo que ha evitado ciertamente conflictos y recursos contra las adjudicaciones, pero a cambio de unos precios que lloran sangre.
 La decisión valiente del Ministro de Finanzas posiblemente sea impugnada con vigor por varios de los adjudicatarios y lo harán basados en las normas del contrato abierto que, en el último gobierno, fue reestructurado bajo la supervisión del funcionario de gobierno que tenía más experiencia en el campo. Por supuesto que la reestructuración era desde la perspectiva del socio de la distribuidora de medicamentos y no desde la perspectiva de un servidor público preocupado por los intereses del pueblo y de la Nación. En ese sentido, posiblemente las impugnaciones encuentren asidero legal porque, repito, todo el sistema está debidamente amañado y no hay forma de preservar el interés de los guatemaltecos.
 
 Salvo que el Gobierno decida hacer una revisión a fondo del sistema, del modelo de los contratos abiertos para romper con un procedimiento que pactaron los proveedores de medicinas y los vendedores de otros artículos que también se compran por la misma vía del contrato abierto, en el que se desvirtuó por completo la esencia misma de esa modalidad que pretendía evitar sobre costos para el Estado y asegurarle compras más baratas y eficientes.
 
 Yo, honestamente hablando, estoy perdiendo la esperanza de que se pueda hacer algo para contener ese monstruo de la corrupción porque cada día estoy más claro de que no es un fenómeno que se pueda atajar únicamente con cambios en el sector público. El mismo sector privado es el mayor beneficiario de la corrupción y el que lo hace de manera constante, salpicando cada cuatro años a nuevos actores que entran al juego por su efímero paso por el poder. Y seguramente hay pocos casos tan ilustrativos como el de las medicinas y el general Pérez Molina tiene que recordar claramente cómo funcionaba la cosa en el gobierno de Ramiro de León Carpio, cuando lo que era un negocio ya establecido alcanzó niveles de escándalo sin que nadie moviera un dedo para contenerlo.
 
 Rescindir contratos es un buen paso que pone a prueba al sistema. Pero cambiar de fondo el concepto actual del contrato abierto sería un cambio como los que ofreció, sin concretar, el general Pérez al tomar posesión.