En materia fiscal vivimos un eterno círculo vicioso porque los gobiernos siempre piensan que los ciudadanos tienen que pagar más impuestos, pero los ciudadanos se resisten y justifican el rechazo por la corrupción que existe y que permite el mal uso de los recursos que provienen de la contribución fiscal. Ningún gobierno ha emprendido una acción que rompa ese círculo vicioso mediante la modificación radical de los procedimientos administrativos en busca de la transparencia y en vez de eso se usan y abusan instrumentos como los fideicomisos y la contratación de organismos internacionales, con la finalidad manifiesta y evidente de levantarse todo lo que puedan.
No creemos que el rechazo sea totalmente justificado porque los ciudadanos tenemos buena parte de culpa, por acción o por omisión, en mantener un sistema corrupto. Además, los grandes contribuyentes que debieran pagar más impuestos muchas veces se benefician de manera directa por esa enorme corrupción porque no sólo les facilita la evasión, sino que también ellos hacen negocios enormes con el dinero del pueblo. En otras palabras, al final de cuentas resulta que la corrupción es una realidad que resulta muy conveniente a los grandes poderes en el país y por ello nadie mueve un dedo para combatirla.
A lo sumo se hacen campañas más vigorosas cuando llega un gobierno que no es de chancles, socios del gran capital, pero es porque no se acepta que un Perico de los palotes haga negocio. Así pasó cuando Portillo y luego, al asumir Berger, nadie pensó en cambios radicales al sistema sino que se conformaron con haber sacado del poder a los plebeyos.
En ese sentido la corrupción termina siendo muy conveniente para los grandes poderes del país, sean éstos políticos, económicos o del crimen organizado, puesto que es un enorme paraguas que les da cobertura a todos. Y además sirve para justificar el rechazo rotundo al pago de impuestos que permitan la articulación de una fuerte institucionalidad en el país. Prefieren todos un Estado débil, maltrecho e incapaz, porque de esa manera es como mejor logran sus perversos fines.
Creemos que es necesaria una reforma fiscal en Guatemala, pero entendemos que la misma no puede tener viabilidad sin que primero establezcamos nuevo modelo de gasto público, velando por la calidad del gasto y la más absoluta transparencia en aras de la probidad. Este gobierno no tiene la autoridad moral para proponer ese tipo de reforma porque mantiene los sucios fideicomisos, oculta datos sobre el manejo de los fondos públicos y mantiene los niveles de corrupción tradicionales al no cambiar el sistema, pero esa tarea sin duda queda pendiente y futuros gobiernos no la podrán postergar.