La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), fue creada por medio de un acuerdo gubernativo hace 18 años.
A la instancia le corresponde representar al Estado ante comités internacionales en la temática de derechos humanos e informar periódicamente sobre el cumplimiento de los mismos.
Su dependencia directa de la Presidencia de la República y su carácter no vinculante la hacen una instancia con poca incidencia en las dependencias del Ejecutivo, por lo que quienes la coordinan actualmente buscan que la institucionalidad de Copredeh se fortalezca y sus recomendaciones sean de carácter obligatorio.
Ruth Del Valle, quien actualmente la preside, habla en esta entrevista de las limitaciones en el cumplimiento de los derechos humanos, que le representa a las instituciones del Ejecutivo, la escasa formación en derechos humanos de quienes las dirigen, asimismo, de la coordinación que busca con entidades como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, ya que la ineficacia del sistema de justicia es la principal causa de que muchas violaciones a los derechos humanos en el pasado y en el presente sigan impunes.
A continuación un extracto de la conversación con la funcionaria.
LA HORA: El mandato de la Copredeh es temporal y hace que sus recomendaciones sean no vinculantes, ¿Esas son las razones por las cuales se pretende fortalecer su institucionalidad?
RUTH DEL VALLE: Debe fortalecerse porque por el hecho de ser una comisión presidencial no tenemos la capacidad de obligar a ninguna otra instancia del Estado.
Si fuéramos un ministerio, por ejemplo, tendríamos diferentes condiciones, porque las Comisiones Presidenciales son prácticamente un tercer nivel en la institucionalidad del Estado, somos supuestamente provisionales, con temporalidad definida.
L.H.: ¿Cómo podría constituirse su nueva institucionalidad?
R.D.V.: Entre los planteamientos que hizo el relator especial para la independencia de magistrados y abogados, se habló de la necesidad de crear un ministerio de justicia que atendiera los temas de justicia y derechos humanos desde el Ejecutivo, ya que no es lo mismo que lo haga el Organismo Judicial.
Creo que debería ser así, tener un rango más sólido, no sé por qué lo hicieron provisional.
L.H.: ¿Se ha hecho al Congreso ese planteamiento?
R.D.V.: Lo hemos hecho en términos generales.
Al inicio de esta administración se vio la necesidad de fortalecer la atención de derechos humanos y de la paz, por lo que se iba a crear la Secretaría de DH y de la Paz, porque son dos temas vinculados.
Pero para ello se requiere que el Congreso reforme la Ley Orgánica del Ejecutivo y a esta altura no hemos logrado que respondan a esta petición. Incluso los diputados han planteado que para ellos eso no es una prioridad
Queremos que el tema de los derechos humanos no sea visto como el patito feo del Gabinete.
L.H.: ¿Cuál es la concepción de derechos humanos que se promueve desde Copredeh hacia el Ejecutivo?
R.D.V.: Si se evalúa la lista de derechos que hay en las instituciones del Ejecutivo, solo se encuentran algunos derechos básicos Económicos y Sociales y a la Seguridad. No estamos hablando de participación política, porque eso no lo ve el Ejecutivo, sino el TSE; no hablamos de justicia, porque le corresponde al OJ.
Queremos que los funcionarios entiendan que lo que hacen también son derechos humanos. Deben entender que las políticas y programas que trabajan tienen que ver con derechos y que el centro de esas políticas son las personas; se busca una visión distinta del desarrollo.
L.H.: Usted ha dicho que el Estado tiene una deuda permanente sobre violaciones a los derechos humanos ¿Ha visto acciones concretas para saldarla?
R.D.V.: Vamos avanzando un poco con la implementación de la Ley de Comisiones de Postulación que busca garantizar una Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones con una visión que ya no es la casuística o la de los amigos.
Si el sistema de justicia estuviese fortalecido, no tendríamos el problema de tener que presentarnos al sistema interamericano de derechos humanos por ser violadores de DH, donde vamos a decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen razón, que no se ha hecho justicia.
Hay más de 2,500 casos presentados por desapariciones forzadas durante el conflicto armado, en Naciones Unidas en el grupo de trabajo específico y el Estado no ha sido capaz de investigar uno solo.
Si tuviéramos elementos para decir que los jueces y el MP hacen su trabajo, podríamos disminuir ese impacto, pero no lo hacemos ni siquiera en las violaciones del presente, menos en las del pasado.
L.H.: Copredeh representa o da cuenta en nombre del Estado, pero apenas puede incidir en el Ejecutivo, y menos en los otros organismos ¿Por qué no se integran las instancias responsables de tal situación?
R.D.V.: Lo hemos planteado, por lo que estamos tratando de coordinar con estas instancias. Lo que tratamos de hacer en el sistema interamericano, es que asista el MP, OJ, Defensa Pública Penal, la Procuraduría General y den cuenta, que aunque Copredeh tiene esa representación, son ellos quienes tienen que acatar las recomendaciones.
Desde la administración anterior se ha venido consolidando esa presencia en las Naciones Unidas.
No se ha implementado a nivel de la Corte Interamericana porque es un organismo nuevo y allí sí hay una presentación legal en la que la PGN nos delega abogados, pero ya se hizo la solicitud en la Corte para que asista una delegación más completa, para que quien tiene que responder, vaya respondiendo.