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Antes de que finalice el 2006 Guatemala deberá presentar al Comité el Tercer Informe oficial acerca del Cumplimento de la Convención sobre los Derechos de la Niñez en el paí­s. A su vez, organizaciones de la sociedad civil, presentarán un informe alternativo el cual está siendo revisado y actualizado por la Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez, CIPRODENI, en conjunto con el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.

Emma Estrada, Coordinadora de Programa de Educación de CIPRODENI, nos cuenta ciertas interioridades sobre la actualización y elaboración del informe, así­ como algunas percepciones sobre el cumplimiento de la Convención a 16 años de haber sido ratificada por Guatemala.

¿Qué organizaciones participan en la elaboración del informe y cómo se integran?

Cualquier organización puede presentar los informes. Pueden ser organizaciones de Naciones Unidas, como UNICEF, por ejemplo; organizaciones de niñez y adolescencia, pero para la elaboración del Tercer Informe, participan organizaciones miembro y afines de CIPRODENI y del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.

Para actualizarlo hicimos un trabajo de consulta donde participaron autoridades locales, padres y madres de familia, gente de pastoral, de iglesia, niñas y niños de los programas de las instituciones, así­ como niñez organizada.

¿Qué contenido distinto al informe oficial tiene el alternativo?

El Estado de Guatemala puede dar cuenta que existe una Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia, ahora que esa comisión no cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento, es lo que debemos decir.

También se ha avanzado mucho en el tema de una polí­tica pública integral de protección a la niñez, ésta incluso ya fue reconocida por el Estado, pero no tiene ni un centavo de presupuesto y no tendrá en 2007.

Lo que pretendemos desde el informe independiente con la consulta a la población, es cualificar esos datos oficiales.

Los de gobierno se caracterizan por poner todo lo lindo que hay en este paí­s, no hacen un análisis crí­tico y profundo, hablan de los programas y proyectos pero no dicen si hay recursos o si los ejecutaron.

¿Cómo valida el Comité la información estatal y la que encuentra en los informes alternativos?

El Comité examina los dos informes, luego de revisar el dato oficial lanza una serie de preguntas al Estado, que éste debe responder con relación al informe. Las preguntas se basan en el informe independiente, por ejemplo, si se habla del aumento en la cobertura educativa, queremos saber si esto llega a los niños y qué calidad educativa tienen. O si se reporta sobre mayor cobertura en salud, queremos saber cómo percibe la población esto, qué impacto tiene en la vida de los niños y niñas.

¿Qué datos base utiliza la sociedad civil para la elaboración de su informe?

Se basa en estadí­sticas oficiales, encuesta nacional de condiciones de vida, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Instituto Nacional de Estadí­stica, Policí­a Nacional Civil, Ministerio Público, Ministerio de Educación, Procuradurí­a de los Derechos Humanos, etc., las estadí­sticas no son propias, pero están cualificadas.

¿Qué avances hay en materia legislativa de acuerdo a la Convención?

En el tema de readecuación hemos tenido muchos avances como toda Latinoamérica y principalmente Centroamérica. Sin embargo, hay grandes limitaciones porque los sistemas de protección que presenta el Estado aún son deficientes.

Hemos tenido tres iniciativas de readecuación en el tema de las adopciones que no camina. Nos da vergí¼enza ver cómo se maneja en Guatemala, porque en la región apenas se adoptan 50 y 60 niños, mientras que en Guatemala se exportan los infantes. El Estado no ha asumido la responsabilidad, no ha generado una ley de adopciones que tenga concordancia con el Convenio de La Haya.

En el tema de los delitos sexuales hacia la niñez, las reformas al Código Penal, no caminan y eso también es vergonzoso, pues los delitos sexuales contra la niñez tienen condenas que dan risa, son conmutables.

Hay muchas iniciativas que declaran los principios de la Convención, incluso el sistema jurí­dico con la LEPINA, pero al no tener los recursos, a partir que el Estado no la voltea a ver, no logra instaurarse como prioridad nacional.

¿Qué acciones inmediatas tomó la sociedad civil para la implementación de las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño ha hecho para el paí­s?

Divulgación. El proceso de divulgación lo hace la sociedad civil. Divulgar más las recomendaciones es presionar al Estado para que asuma su responsabilidad con base en las recomendaciones del Comité.

El Estado no ha socializado los informes que ha hecho, no hay trabajo de divulgación de las recomendaciones. Creo que le pone poco interés a las sugerencias del comité. Quienes promovemos los derechos somos las organizaciones no gubernamentales.

¿En el trabajo conjunto de la sociedad civil y el gobierno cómo avanzan?

Al participar en procesos de coordinación se legitiman acciones del Estado, y muchas veces la sociedad civil es la que da más, porque nuestro trabajo cae en el campo para tratar de tapar los hoyos que el Estado jamás puede darle respuesta.

Principalmente en este gobierno las cosas han sido muy difí­ciles en el tema de la coordinación. Creemos que llenamos vací­os y fortalecemos la organización de la sociedad civil para que demande al Estado que cumpla con su deber.

¿Después de diez años de la firma de los Acuerdos de Paz, qué ha cambiado para el bienestar de la niñez y adolescencia en nuestro paí­s?

Los Acuerdos de Paz los consideramos como una plataforma de exigibilidad, pero consideramos que el Estado no los asume. Los infantes siguen siendo invisibles, no hay polí­ticas públicas y polí­ticas sociales que favorezcan su desarrollo integral.

No se cumple el deber constitucional de favorecer el desarrollo y protección de la niñez. La actual legislación en el Congreso lo que ha aprobado son leyes que favorecen el ajuste estructural y no así­, la protección de la población. Incluso hemos tenido retrocesos en el campo de la seguridad nacional. Existe una violencia galopante, incontrolada. Hay violencia hacia los niños, las mujeres, la estructural, institucional, pero también cotidiana, que se traduce en formas inapropiadas de relacionarse con la niñez.

¿Cómo se diferencia la violencia estructural de la violencia común, por ejemplo?

Existe una visión que considera al niño como objeto de, no como sujeto de derechos. Esa es la traducción de lo cotidiano sobre la violencia estructural hacia la niñez. El que tengamos el í­ndice más alto de desnutrición crónica y aguda en Latinoamérica, es violencia estructural. Que los infantes sean expulsados del sistema educativo sólo por ser campesinos y tengan que acompañar a sus padres en la época de zafra, eso es violencia hacia los infantes. Que se conciba la salud como el hecho de sólo vacunar a los niños para que sobrevivan a los 5 años, pero después vivan una infancia triste porque no hay recursos para que se alimenten y crezcan, eso es violencia estructural.

Como cosa que nos puede provocar risa, ahora se piensa que la violencia es provocada por los jóvenes; los que son ví­ctimas pasan a ser victimarios. Es un alto riesgo ser joven, patojo, adolescente. La niñez está en alto riesgo vulnerabilizada, porque por sí­ mismos no son inseguros, sino son agredidos por un sistema que no les da la posibilidad de desarrollarse.

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado a las recomendaciones del Comité?

El estado no ha asumido la responsabilidad que tiene hacia la niñez, en la medida en que no otorga recursos para la aplicación de polí­ticas. Estamos frente a un Estado que no ha cumplido el pacto, que responde a las polí­ticas de ajuste, a las polí­ticas económicas internacionales, pero no responde a nuestras necesidades.