Organizaciones internacionales que luchan contra la impunidad de los crímenes de guerra consideran que el Estado de Guatemala aún no ha reconocido la magnitud de la tragedia que representó el conflicto armado interno de 36 años en el país.
lahora@lahora.com.gt
Uno de los principales desafíos para combatir la falta de castigo de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala durante el enfrentamiento armado, es la ausencia de integralidad de las medidas que se han realizado en materia de justicia transicional, según un informe del organismo internacional Impunity Watch (IW).
Marlies Stappers, coordinadora de la organización, que presentó recientemente la investigación «Reconociendo el pasado, desafíos para combatir la impunidad en Guatemala», dijo que pese a que ha habido ciertos avances en los derechos de verdad y reparación, el Estado no ha efectuado la indispensable reforma institucional, que garantice el esclarecimiento de los crímenes.
«No existe una política integral, articulada entre todos los organismos del Estado», señaló la investigadora Claudia Paz, quien participó en la elaboración del documento.
DERECHO
Uno de los logros que señala IW, es el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), los procesos de exhumaciones, la sistematización en proceso de los archivos de la Policía Nacional y la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Libre Acceso a la Información.
Empero existen obstáculos como la falta de reconocimiento político y difusión del informe de la CEH. «Este informe es un instrumento histórico fundamental para preservar la memoria del pasado trágico del país», manifestó Paz.
También se indicó que la falta de medidas para la búsqueda de desaparecidos durante la guerra, así como la falta de apoyo y protección a las exhumaciones y el reducido acceso a los archivos militares, debido a la falta de colaboración del Ministerio de la Defensa, han sido uno de los substanciales frenos para que la verdad se conozca.
POCA JUSTICIA
A criterio de la investigadora, no hay un solo obstáculo normativo, para acceder a la justicia por los crímenes de guerra.
Empero, señaló que hay trabas como la poca disposición del sistema penal para investigar los casos de violación a los derechos humanos durante el enfrentamiento, ya que el Ministerio Público no ha iniciado de oficio, como lo establece la ley, ni una sola investigación por estos delitos.
También se cuestionó la poca asignación presupuestaria y las capacidades del sistema para la persecución penal. Actualmente el MP destina 1% del total de sus recursos a la Fiscalía de Derechos Humanos.
El abuso de los procedimientos para retrasar y obstruir los procesos penales, la limitada independencia del poder judicial, la persistencia del racismo en el sistema penal, y la escasa protección a testigos y operadores de justicia, son los aspectos que deben superarse.
La investigación destacó la debilidad legal del Programa Nacional de Resarcimiento, la cual debilita su labor y pone en riesgo su estabilidad y no contribuye a una reparación integral de sobrevivientes o familiares de las víctimas.
Además se indicó que el constante cambio de personal no favorece a que las decisiones tomadas en ese espacio tengan un mayor respaldo y peso político.
Finalmente, en cuanto a las medidas pendientes para garantizar la no repetición de los crímenes se dijo que el país no ha impulsado una depuración institucional, la existencia de grupos de poder ilegales, la reorganización de las ex PAC y el limitado control de las armas de fuego, entre otros.