Mariano Rayo Muñoz es diputado del Partido Unionista, actualmente es presidente de la Comisión de Economí­a y Comercio Exterior del Congreso de Guatemala. Desde 2004, y sin interrupción, ha manejado esa sala, de la que es experto.

Mantiene su firmeza que el tema económico ha beneficiado, beneficia y beneficiará a la colectividad. Por ello debe ser desmitificado en el paí­s, asegura.

LA HORA: De forma sencilla, ¿Qué es y qué significa agenda legislativa para el desarrollo económico, financiero, comercial y medidas fiscales?

MARIANO RAYO: Es una agenda que se refiere a leyes que se han estado trabajando en el Congreso para atender las consecuencias, los efectos y en muchos casos las causas de la crisis económica que ahora vive el paí­s.

L. H.: ¿Para quién serí­a el provecho que generarí­a las dos áreas fundamentales como respuesta a la crisis que proponen?

M. R.: El enfoque que nosotros estamos manejando desde el Congreso es diferente al que está manejando el Gobierno, porque vemos que el tema del empleo es lo que más está afectando la crisis. Nos interesa formar un marco legal que permita mantener por lo menos el empleo que tenemos y en alguna medida recuperar plazas de trabajo que se han perdido.

L. H.: ¿Qué iniciativas de ley?

M. R.: Zonas francas; Fomento a las exportaciones; Estabilidad jurí­dica de contratos para el trabajo y la inversión; reformas a la Ley de bancos y grupos financieros. Todo así­ en su conjunto, no hay que verlo aislado, lo que permitirí­a hacer hoy los arreglos para que cuando regrese la prosperidad, Guatemala esté lista para aprovechar las oportunidades.

L. H.: ¿La iniciativa de Ley de bancos y grupos financieros serí­a nueva?

M. R.: Esa es una propuesta del Organismo Ejecutivo, que reforma dos cuerpos legales fundamentales del año 2002: una la Ley de bancos y grupos financieros y la otra es la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

En el fondo, se busca mayor solvencia y solidez del sistema financiero, porque los bancos administran los recursos de los ahorrantes, no es su dinero con lo que ellos trabajan, entonces tenemos que garantizar que no vuelvan a suceder hacia futuro situaciones como las que vivimos en los años 2006 y 2007. Seguridad, certeza, solvencia de los bancos para que no sucedan las estafas de casos tan emblemáticos como Bancafé y Banco de Comercio.

L. H.: El polí­tico casi todo el tiempo habla de crecimiento de la economí­a, pero en función empresarial ¿Qué ganan al final los grupos más vulnerables y los asalariados?

M. R.: En la medida en que la economí­a crezca, habrá más puestos de trabajo, más empresas, más opciones para convertirse en un asalariado, en un puesto de trabajo estable o bien para que el micro o pequeño empresario pueda desarrollar sus capacidades empresariales.

Lo importante es que los guatemaltecos no debemos vernos solo como empleados, sino ver a más guatemaltecos y guatemaltecas emprendedoras de sus propias empresas, micros y pequeñas, para que a través de su propio esfuerzo salgan adelante.

El financiamiento y disposición para la micro y pequeña empresa, aunque ha crecido, no es suficiente para atender la demanda. Es también por eso que debemos fortalecer la legislación.

El último dato acumulado del Gobierno al primer trimestre del año 2009, son aproximadamente Q180 a Q190 millones, no es suficiente, no es cuánto serí­a lo necesario, aquí­ el tema es cuántos proyectos empresariales hay para invertir. De nada servirí­a tener un caudal de cientos de millones de quetzales si no hay proyectos en donde invertirlos.

Regreso al enfoque diferente que a nosotros nos interesa desde el Congreso: estabilidad laboral, puestos de trabajo y más puestos de trabajo, y, no como lo ve el Gobierno desde el Estado, es decir, estar invirtiendo en cosas que no son decisivas.

Garantizar que el dinero que se reciba se va a invertir y que vaya a tener la capacidad posterior de pago de ese financiamiento, porque el Estado no está para regalar el dinero. El Estado está para invertir y darle la oportunidad a una tasa de interés razonable y después que el negocio dé, no solo para pagar, sino también ganancias para la gente.

L. H.: En la comisión que usted preside dominan los conceptos «fuerte», «sustentable», «limpia» y «equitativa» al hablar de la economí­a ¿En qué parte de la vida real de la sociedad los pueden identificar o detectar?

M. R.: Fuerte es una economí­a que le garantice, a quien esté empleado, estabilidad laboral, que soporte las crisis, una economí­a que a pesar de las bajas en ventas tenga la capacidad de recuperarse rápidamente. No somos una economí­a aislada, sufrimos los embates de los ciclos económicos y así­ como tuvimos los tres últimos años un ciclo alto, de muchos negocios, de muchas ventas; hoy estamos en época de vacas flacas, pero la economí­a tiene que tener la capacidad de superar esta época para seguir adelante.

Limpia, es limitar, restringir y ojalá erradicar toda la economí­a criminal, que ya está invadiendo Guatemala, que proviene del narcotráfico y del crimen organizado. Guatemala está infestada y penetrada hasta la médula.

La otra vertiente de la economí­a limpia es una economí­a que respete la naturaleza, que lo de hoy tenga repercusión mañana, pero sustentable, que no degrademos más nuestros recursos; y en el tema poblacional, si seguimos con las tasas de crecimiento como las que tenemos actualmente no podrí­amos tener una economí­a sustentable.

La economí­a equitativa significa que una persona reciba aquello que merece y lo que se ha ganado con mérito, porque las cosas que se regalan no se aprecian, se desperdician.

L. H.: ¿Por qué entonces los peces gordos siempre son intocables?

M. R.: Porque precisamente esa economí­a criminal está presente en todos los segmentos de quienes aplican o deberí­an aplicar la ley. También el gran incentivo de la criminalidad de Don Dinero es enorme, es gigante en este paí­s. El Estado y las personas son muy vulnerables a Don Dinero.

L. H.: ¿Qué mecanismo coercitivo incluirán las iniciativas de Ley para que se cumpla esa garantí­a?

M. R.: De nada sirve que en la ley pongamos 50, 60 ó 70 años inconmutables a un delito de explosión de dominio de lavado de dinero, si no hay certeza de que le van a aplicar ese castigo. No es el tamaño del castigo sino la certeza; allí­ es donde tenemos que trabajar en toda la legislación nueva para la aplicación del Código Penal y el Código Procesal Penal. El Código Penal sí­ está atrasado, algunos delitos con unas multas o sanciones que son ridí­culas.

L. H.: Mario Taracena, hace aproximadamente seis años destapó en el pleno un listado de evasores fiscales. Se repite en 2009 por medio del Ejecutivo a través de la SAT. ¿Eso es válido, es inválido, es contra le Ley?

M. R.: Evidenciar quiénes evaden impuestos no es malo; el problema es si se hace sin certeza de que quien está señalado es realmente responsable. Hoy por hoy se ha abandonado el principio de inocencia, aquí­ en Guatemala con el simple hecho de señalarlo es sancionado sin juicio y de una vez castigado. El beneficio de la duda se ha perdido y eso hace daño al estado de derecho y a la perspectiva del desarrollo de una economí­a sana, limpia y sostenible.

L. H.: ¿Cómo podrán sacar de la pobreza a la mayorí­a de la gente con intenciones como la aprobación del Convenio 175 de la OIT?

M. R.: Hay que enseñarle a la gente a pescar; no darle el pescado regalado. El guatemalteco es laborioso, es honrado y trabajador. Hemos criminalizado mucho las cosas, y un Convenio 175 por ejemplo, permitirí­a que más jóvenes, hombres y mujeres, se incorporaran a trabajos y continuar con sus estudios.

Estamos empezando a tener problemas en el sector de call center (centro de llamadas), que ha crecido grandemente en los últimos cinco años, ¿por qué?, porque los jóvenes no pueden trabajar a tiempo parcial porque no hay reconocimiento jurí­dico de cara a esto. Ya tienen dificultades de poder continuar ví­a familiar, ví­a estudiantil con ví­a laboral. Ese segmento es el que ha generado como 100 mil empleos y podrí­a ser el doble o el triple, en un perí­odo muy corto, si el Convenio 175 estuviera vigente, recordando que dicho convenio jamás restringe, limita o elimina derechos laborales adquiridos, principio fundamental de ese convenio.

L. H.: ¿Pero sí­ elimina derechos en el futuro?

M. R.: No. Esa es de las leyendas urbanas, una de las mentiras urbanas que han creado para evitar e impedir la aprobación del Convenio 175. Eso no es cierto, cómo promoverí­a la OIT un convenio que limitara o cambiara derechos adquiridos en una serie de convenios anteriores que ya ratificó Guatemala, es la misma organización la que lo está proponiendo. Así­ como tenemos el Convenio 169 de la OIT, ¿ustedes creen que la OIT aprobarí­a un 175 que fuera en contra?, es de esos casos emblemáticos en este paí­s.

L. H.: La gente sigue a la defensiva, ven una amenaza en la corriente de gobiernos pasados que privatizaron servicios públicos y con ello eliminaron puestos de trabajo y empezó la destrucción del sindicalismo ¿No será más de lo mismo lo que traen estas iniciativas de ley?

M. R.: Aclaro que cuando Guatel, lo digo con conocimiento de causa porque mi padre fue fundador de Guatel y dos veces gerente, en el momento más alto llegó a tener alrededor seis mil empleados, era monopolio en las telecomunicaciones; hoy el sector telecomunicaciones, entre puestos directos e indirectos, le da trabajo a algo así­ como 150 mil personas. ¿Donde está la destrucción de empleo?

La Empresa Eléctrica, en su momento como monopolio, tiene como cuatro mil 500 ó cinco mil empleos, el sector eléctrico hoy en Guatemala le da comida a algo así­ como 50 mil ó 60 mil, diez veces más, ¿dónde está la destrucción de empleo?, esa es otra mentira urbana.

La legislación que se propone, no. De ninguna manera, lo que busca es unir el esfuerzo entre lo público y privado para sacar adelante al paí­s. El Estado de Guatemala ya no tiene la capacidad de desarrollar la autopista que deberí­a llevarnos de Escuintla ya sea a la frontera con El Salvador o con México, lo más transitado que hay en el paí­s. Los lí­mites de endeudamiento están no muy lejanos.

El Estado mantiene la rectorí­a sobre un proyecto y el privado pone el financiamiento y lo transcribe, eso es la Alianza Público Privado, no es privatización desde ningún punto de vista.

L. H.: ¿Cómo se puede brindar un apoyo real y bien fundamentado legalmente para la economí­a informal del paí­s?

M. R.: Hoy por hoy, dejándolos que trabajen, dándoles la libertad laboral y no restringiéndoles más allá de lo que sea en impedir que otros trabajen o que otros tengan derechos. ¿A qué me refiero con eso?, en momentos de crisis lo peor que se puede hacer es limitar el desarrollo de la economí­a informal, porque es la que sustenta la comida diaria de millones. Pero como todo en la vida, toda libertad de trabajo tiene también el lí­mite en la libertad del otro. Por dar un ejemplo, si hay normativa municipal para dónde tiene que ubicarse eso se respeta, pero que trabajen eso es importante.

L. H.: Es indudable que en 2010 empiezan los dos próximos años de campaña electoral, termina así­ el tiempo de trabajo institucional en el Congreso para aprobar leyes de beneficio económico ¿Es cierto eso?

M. R.: Absolutamente cierto. Hay una irresponsabilidad gubernamental acompañada de una irresponsabilidad del Congreso en no conducir y no saber ponernos de acuerdo en sacar adelante a este paí­s. Hemos perdido 18 meses sin que se haya aprobado legislación económica-financiera sustantiva que permitiera, que incluso, el actual gobierno del presidente Colom pueda dar resultados. Ya será obcecación considerar que solo a través de un puesto se genera crecimiento, no solo es erróneo sino equivocado.

Las empresas privadas cuando generan empleo, cuando crecen, generan los impuestos; no son los impuestos los que generan los empleos o generan las empresas. Hay una concepción equivocada de las actuales autoridades económicas del paí­s.