Si tomamos al Estado en su acepción más simple, al definirlo como un pueblo y un territorio, regidos por un Orden Jurídico Supremo integrado por la Constitución, fundamentalmente, y las demás leyes y tratados que conforman ese mismo orden jurídico, entonces debemos concluir que el Estado de Guatemala ha muerto.
Empecemos por dar un vistazo a los primeros dos artículos de nuestra Constitución, que son posiblemente los más importantes.
En el primero se indica que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia y busca el bien común, en el segundo que es DEBER del Estado garantizarles a los habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Ninguno de los dos se ha cumplido desde que se emitió la nueva Constitución, pero ahora la situación es increíblemente patética y el Estado agónico en que se encontraba el país, sufrió el colapso de su muerte porque un organismo, en este caso una persona jurídica, como podría ser cualquier otra de carácter público o privado, que no cumple su función, tiende o debería desaparecer de la vida jurídica. Muere pues.
Veamos. El Estado no protege a la persona, ni busca el bien común, menos aún, cumple con su deber de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo de la persona humana. Pero, aún tomando su definición simplista y breve de carácter doctrinario apreciamos que los dos elementos objetivos que conforman el Estado, el pueblo y el territorio, están, el primero, desvalorizado moral y materialmente con pérdida increíble de valores que nos convierte en sociedad, en algunos casos violenta y en otros, indiferente, y el territorio, cada día pasa a ser una parte importante del crimen organizado como se le llama, especialmente de los narcotraficantes y mareros, que claramente tienen delimitado su propio territorio que va desde una aldea semiescondida en Huehuetenango, hasta las zonas marginales o «lujosas» de las ciudades mas importantes.
Llegamos a un punto en donde el deterioro de la sociedad en sus valores mínimos como puede ser el respeto hacia los demás, han pasado a ser historia. Y al hablar de la población o la sociedad en general, se involucran a quienes integran los organismos e instituciones del Estado y así vemos y escuchamos como una oficial de un juzgado deja la gaveta de su escritorio abierta para que un abogado deposite el «enganche» de Q50 mil para que un juez lo «ayude» con casos que lleva en el tribunal; observamos a dos ex presidentes del Organismo Legislativo tratando de evadir la justicia por el robo de 82.8 millones de quetzales y un empleado administrativo INVOLUCRADO QUE ABANDONO EL CARGO PARA SALIR HUYENDO TIENE EL CINISMO DE PEDIR MAS DE Q450,000 POR INDEMNIZACIí“N Y OTRAS «PRESTACIONES LABORALES»; vemos a una policía a la que le han robado mas de 2 mil armas, en cuenta rifles AK-47 y subametralladoras Mini Uzi y un servicio de inteligencia que se dedica a analizar los artículos y noticias de los periódicos para dárselo a conocer al presidente de la República que, por cierto, no parece formar parte de este país, sino de las compañías aéreas y aviones de sus amigos para viajar más y mejor en tanto su esposa asume de facto, el control de las decisiones de gobierno; conocemos y hemos sido víctimas miles de guatemaltecos de toda clase de crimen y violencia, desde los que son «cristaleros», los que roban en plena luz del día en calles y avenidas con grandes atascos viales, no solo por el aumento del tráfico vehicular sino por la EXCELENTE disposición de las Policías Municipales de Tránsito para provocar esos atascos viales que tienen el «mágico poder» de hacer surgir la ira, a veces incontrolable de quienes se conducen en vehículos, hasta los que provocan muertes y muertes y más muertes a diario, en cualquier lugar, a cualquier hora y por cualquier motivo.
Pero no para allí todo. La corrupción penetró ya en toda la estructura estatal e incluso se está preparando el camino (ya verán los cambios que se avecinan), para robar aún más desde cualquier puesto público que se ocupe. La honradez y honestidad también hace rato que se murieron en la administración pública, que algunos, en especial dentro del d
Aquí no existe un Estado fallido ( frustrado, sin efecto, según el DRAE), sino un Estado fallecido, del verbo fallecer, igual a morir. Como aquí somos un Estado Republicano, porque si fuera monárquico podríamos decir «el rey ha muerto, que viva el rey», no nos queda más que morir con él. Y al decir esto me refiero a que en algunas aldeas de las «mas pobres» (¿hay ricas pues?), el hecho de morir es literal, sobre todo en niños desnutridos, en cambio otros morimos por dentro, se nos extingue el espíritu y la razón y dejamos de ser humanos al llenarnos de rencor, de odio, indiferencia, avaricia, mezquindad, cinismo, y hacer del llamado cuerpo político de la Nación, como también algunos tratadistas definen al Estado, un cuerpo lleno de llagas purulentas que no queda más que enterrarlo porque no hay líderes que surjan con la obligación moral de salvarlo.
Para el Congreso. No me imagino ni remotamente cuántos asesores legales tiene el Congreso, pero ai les va de gratis un consejo: al señor que pide sus prestaciones laborales, basta emitir un dictamen en donde se indique que ello no procede porque NO FUE DESPEDIDO, SINO ABANDONí“ EL CARGO, LO CUAL SE CONVIERTE EN UN DELITO SEGUN EL ARTíCULO 429 DEL Cí“DIGO PENAL y después seguir la lucha en los tribunales.