Puede pensarse que tras muchos años de abandono, por primera vez el usuario del transporte tiene la esperanza de contar con un servicio más digno, seguro y eficiente gracias a la inversión pública que se hará para montar la nueva estructura basada en las empresas que se beneficiaron con la concesión aprobada por la Municipalidad de Guatemala. Sin embargo, viendo las cosas en su justa dimensión, todo lo que se está haciendo es únicamente para beneficio de los empresarios del transporte, si así cabe llamar a los dueños de las unidades actuales, quienes se benefician con un negocio asegurado por los próximos 25 años sin que se hayan establecido condiciones y exigencias para garantizar la renovación de unidades ni, mucho menos, mejoras sustantivas en la calidad del servicio.
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La creación de una nueva estructura como el sistema que están implementando la Municipalidad de Guatemala y el Gobierno Central, debiera ir acompañada de rigurosas normas que obliguen a los concesionarios a mantener y garantizar calidad a favor del usuario. Pero vemos que no se ha regulado en absoluto ese tema, sino que simplemente se han ocupado de las cuestiones relativas a la ganancia y al aprovechamiento de los recursos públicos para beneficio de un grupo muy pequeño de personas que no se han distinguido precisamente por su interés por el usuario ni, mucho menos, por la calidad de un servicio público. La experiencia demuestra que hay muy poco concepto empresarial en la administración del transporte de pasajeros en el área de la ciudad de Guatemala y que gracias a un subsidio con enorme olor a corrupción porque se ha ofrecido sin controles de ninguna naturaleza, se han enriquecido a pesar del calvario que significa para cientos de miles de personas la utilización de unidades destartaladas, conducidas por personas sin preparación ni respeto a la dignidad humana, y con el manejo de efectivo que alentó la extorsión y la violencia que ha costado tantas vidas. No se sabe de ninguna previsión en las ordenanzas municipales para exigir que los pilotos de lo que presentan como un nuevo sistema de transporte tengan que llenar requisitos distintos a los que actualmente se exigen y que son en realidad mínimos. Si no se establece un nuevo parámetro para otorgar licencias de conducir en el sistema de transporte público, no podemos esperar que vaya a cambiar en absoluto la situación actual porque serán los mismos energúmenos, en términos generales, quienes se harán cargo de las modernas unidades. Cabalmente por esa falta de disposiciones para regular en mejor forma el nuevo servicio que está por inaugurarse, se puede afirmar sin ningún riesgo a equivocarse que todo el montaje está hecho para beneficiar a unos pocos. El tráfico de influencias y el pago de favores vuelve a ser determinante en la toma de decisiones en nuestro país y como resultado de ello se gastarán millones de quetzales del erario pero no pensando en el usuario sino en el empresario. En otras palabras, todo el recurso público se pone, para variar, al servicio de intereses mezquinos porque aquí el juego está ya claro. Repito, si hubieran pensando en el usuario ya tendríamos en la mano la normativa para asegurarle calidad y eficiencia durante los 25 años que les regalaron de concesión a los transportistas, pero en ese largísimo período ellos podrán seguir haciendo micos y pericos, como hasta la fecha.