El contrabando constituye uno de los más serios problemas del país en materia de corrupción, sobre todo luego de que en los tiempos de Romeo Lucas se militarizaron las aduanas y grupos de militares asumieron el control absoluto de toda la estructura aduanal, tejiendo una red que hasta la fecha opera con enorme precisión y que apenas sufrió cosquillas cuando en tiempos de Arzú le cayeron a Alfredo Moreno. Todos los presidentes han sabido la dimensión del problema y la mecánica con que operan los que dirigen el negocio, pero siempre dicen que se trata de intereses de tal magnitud que resulta imposible entrarle de lleno a la búsqueda de soluciones.
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Se ha hablado de constituir una entidad con gran poder, algo así como una CICIG dedicada a combatir el contrabando, a fin de iniciar la transformación de todo el sistema de aduanas, pero el punto de partida tiene que ser la decisión política y determinación para encarar el problema aun sabiendo que muchos de los que dirigen el gran negocio del contrabando no sólo son sumamente poderosos, sino que, además, tienen contactos muy directos con políticos de primera fila del oficialismo. Y no es que únicamente con este gobierno se haya tejido esa relación, sino que la misma se ha mantenido a lo largo de todos los años con diferentes mandatos, lo cual explica la vista gorda que ha prevalecido cada vez que se menciona esta cuestión. Es indudable que el fenómeno de la CICIG en Guatemala nos ha permitido una muestra de lo que se puede hacer cuando hay esa voluntad y determinación de encarar a los poderes ocultos y sin duda que el que maneja el contrabando es uno de los más poderosos dentro de todos los aparatos clandestinos que existen en el país. Por ello es que la cuestión aquí es determinar hasta dónde quiere llegar el presidente Colom en cuanto a erradicar uno de los más arraigados vicios de la administración pública, porque está visto que sí se pueden lograr avances concretos, pero para ello tiene que haber un compromiso muy especial y claro que implica tocar grandes intereses afectando el bolsillo a quienes durante décadas enteras han abierto y cerrado el paso en las aduanas de acuerdo a sus propios arreglos e intereses. Los empresarios y particularmente los industriales han insistido en el combate al narcotráfico porque les afecta de manera directa la competencia desleal que significa toda esa mercadería que entra al país sin pagar los impuestos de importación correspondientes. Pero el fisco también es víctima de ese control que se ejerce sobre el sistema aduanal del país porque deja de percibir millones de quetzales y ahora que hablamos de la reforma fiscal y de la necesidad de incrementar el ingreso, no es malo recordar que es mucho lo que se evade mediante el contrabando. Por eso da tanta risa la rigurosa actitud que la SAT tiene en el aeropuerto donde los turistas son sometidos a rigurosos controles, mientras que allí y en cualquier otra aduana, operan mecanismos que le abren las puertas a los que ya están en la jugada. Se sabe perfectamente de empresas «reconocidas» que ingresan su mercadería pagando mordida y evadiendo los impuestos, pero se ha aceptado que ese es un juego que practican muchos y donde los árbitros son tan poderosos como para amedrentar aun a los más altos poderes formales.