La resolución de la OEA llegó tras una intervención ante el consejo permanente del organismo del canciller guatemalteco, Haroldo Rodas, quien acusó al crimen organizado de querer desestabilizar al país.
El Consejo Permanente de la OEA decidió «respaldar al gobierno constitucional de Guatemala en su deber de preservar la institucionalidad democrática y la vigencia del estado de derecho», explicó la resolución aprobada.
El asesinato forma «parte de una cadena de hechos en los últimos meses» a causa de la «presencia y violencia del crimen organizado», dijo el secretario general de la organización, José Miguel Insulza, quien viajará a Guatemala la próxima semana.
«El gobierno de Guatemala reitera su más enérgica condena por este vil y cobarde asesinato, a la vez que rechaza categóricamente las sindicaciones en las que se vincula al presidente, así como a la primera dama de la nación y al secretario privado», dijo Rodas ante el pleno del consejo permanente de la OEA.
«Lo que hemos vivido en Guatemala en los últimos días es parte de una ola violenta y artera que busca provocar la ingobernabilidad del país y el colapso de sus instituciones», aseguró Rodas.
Rosenberg, un abogado que defendía los intereses de un empresario y su hija en conflicto con el gobierno, fue asesinado a balazos en un barrio acomodado de la capital.
Sus clientes, Khalil Musa y Marjorie Musa, habían sido asesinados a su vez en abril.
Rosenberg filmó un video antes de morir en el que declaró textualmente: «Si usted está en este momento oyendo o viendo este mensaje, es porque a mí me asesinó Alvaro Colom, Sandra de Colom, con la ayuda de Gustavo Alejos, (secretario privado de la presidencia)».
«El presidente de Guatemala es una persona con principios y valores éticos, es respetuoso de la legalidad e íntegro en su conducta», enfatizó el canciller Rodas, quien no aludió directamente a las acusaciones concretas del abogado asesinado.
«Valoramos la voluntad del gobierno de Guatemala de esclarecer el crimen. Es necesario actuar con voluntad decidida en defensa de la democracia», aseguró Insulza ante el canciller y el pleno.
La OEA pidió al gobierno de Colom que «continúe informando sobre el desarrollo de los acontecimientos en ese país».
Rodas reiteró que su presidente ha solicitado la ayuda del FBI y la comisión contra la impunidad de la ONU, presente en el país, para esclarecer el caso.
«Si el presidente no estuviera seguro (de su inocencia), no hubiera pedido ayuda», explicó en posterior rueda de prensa el canciller.
«Por supuesto», contestó Rodas a preguntas de la prensa sobre si el presidente Colom ratificaba el apoyo a su secretario privado.
Rodas enfatizó que la violencia y el poder del crimen organizado, que cuenta con «recursos inagotables, tecnología de punta (…) y un ilimitado arsenal», aunque también reconoció que las acusaciones de Rosenberg estaban encaminadas muy específicamente contra el presidente.
«Distinguimos plenamente un caso del otro, aunque pueden estar relacionados», dijo.
Varias instituciones religiosas y sociales llamaron hoy a mantener la calma y evitar enfrentamientos en Guatemala, tras el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien en un video póstumo acuso al presidente Alvaro Colom de su muerte.
Las iglesias católica y evangélica, así como la estatal Universidad de San Carlos y la Procuraduría de Derechos Humanos pidieron en un comunicado evitar «debilitar la institucionalidad democrática» ante las «comprensibles reacciones de malestar que estos hechos han provocado».
«Llamamos a canalizarlas por los medios que establece la normativa legal del país», sostuvieron.
El comunicado, divulgado este jueves, sostiene que las acusacioneos contenidas en el video y los documentos atribuidos a Rosenberg deben «investigarse y aclararse satisfactoriamente, en un tiempo prudencial» por los órganos competentes.
Esto, según los representantes de dichas entidades, en aras de la confianza, la credibilidad y el respeto que debe existir entre gobernantes y gobernados.
Rosenberg fue asesinado a tiros el domingo pasado en capital guatemalteca, pero tres días antes había grabado un video en el que acusaba, entre otros, al presidente ílvaro Colom de su muerte.
«Demandamos el fin de la impunidad y que este caso, como otros muchos que ocurren en el país, sean esclarecidos y sancionados los responsables», reza el exhorto que «exige» a las máximas autoridades del país y los órganos competentes «que cumplan con sus responsabilidades realizando investigaciones exhaustivas, objetivas e independientes».
Para garantizar la independencia de la investigación, el Fiscal General de Guatemala, Amílcar Velásquez Zárate, envió el miércoles el expediente del caso a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por el jurista español Carlos Castresana.