El caso Bárcenas ha destapado una práctica perversa en la política española, donde el Partido Popular otorgó enorme poder a su tesorero para que llevara varias contabilidades y pudiera obtener recursos bajo la mesa que servían para pagar, también bajo la mesa, a los dirigentes del partido que ahora tratan de justificarse ante la opinión pública con muy poco éxito. La comparecencia del Presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ante el parlamento para explicar su papel en el escándalo no aclaró ninguna duda sino que, todo lo contrario, dejó en evidencia su nivel de complicidad con quien se encuentra ya enfrentando proceso penal por delitos de corrupción.

La política siempre ha tenido mala fama por el comportamiento de muchos de quienes se dedican a esa actividad, pero en los últimos años en todo el mundo se ha hecho evidente que hay una masiva tendencia a que sirva para el aprovechamiento personal y no para el servicio público, mucho menos para la promoción del bien común. En España los últimos gobiernos se han visto salpicados por escándalos de corrupción y muchos gobiernos regionales y locales también han sufrido el desgaste derivado de la publicación de negocios turbios. Ni la misma Casa Real se ha salvado porque el yerno del Rey se encuentra en el ojo del huracán por los manejos que realizó utilizando una entidad “no lucrativa” para amasar fortuna.
 
 Lo importante, sin embargo, es ver que en España la opinión pública no permanece indiferente ante los hechos y de esa cuenta es que las encuestas reflejan una caída abrupta tanto de los políticos que son señalados en casos de corrupción como de la misma monarquía cuyos respaldos pasan ahora por los períodos más raquíticos desde la restauración de la figura del Rey. La prensa ha jugado un papel importante en destapar los hechos, especialmente cuando han procedido a la publicación de los documentos contables que evidencian la forma en que los políticos se enriquecen con contribuciones inmorales, y el sistema de justicia se ha puesto en marcha a pesar de las interferencias que por supuesto realizan los dirigentes para evitar ser salpicados por el escándalo.
 
 Creo que esa trilogía es de enorme importancia para combatir la corrupción, porque si hay prensa que denuncia, justicia que se activa y ciudadanía que se indigna, las perspectivas son muy diferentes a las que se viven en otros países donde la impunidad es absoluta para evitar que cualquiera tenga que responder por crímenes cometidos en el ejercicio del poder.
 
 En Guatemala no hay día de Dios en que no trascienda algún negocio y, sin embargo, nadie dice ni hace nada para contener la gigantesca corrupción que está consumiendo los recursos nacionales. Lo mismo se puede comprar aviones caros que mandar a imprimir libros con el oferente que hizo la propuesta más cara. Aquí nada es problema porque el mismo Presidente de la República sale avalando y defendiendo negocios como el de la concesión de la terminal de contenedores, precisamente a una empresa española, y la opinión pública sabe que hay trinquete, pero se lo aguanta y lo tolera como si tal cosa.
 
 No digamos el aparato de justicia que simplemente se lava las manos y que jamás ha procedido seriamente en los más graves casos de corrupción. Si acaso a un alcalde descuidado que dejó más huellas de la cuenta, pero nunca a un político de altos vuelos, de esos que se arman en el poder con toda desfachatez y descaro.
 
 La corrupción, capaz de hacer que tambaleen hasta los políticos más populares, en Guatemala no les hace ni roncha porque no deja de ser conveniente la indiferencia de una opinión pública que ni se inmuta ni, mucho menos, protesta.