Es obvio que para el nuevo gobierno el tema de la seguridad constituye un claro mandato de la ciudadanía y por ello es que se puede apreciar que en ese campo el Presidente electo ha trabajado en la integración de un equipo que le haga frente a uno de los más serios problemas del país. No se trata únicamente de juntar a un grupo de personas con experiencia y conocimiento del tema de la seguridad, sino que en realidad se aprecia que se buscó justamente armar un equipo de personas que trabajen coordinadamente y que puedan poner su experiencia al servicio de lo que constituye una de las prioridades del régimen.
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Encabezados por Mauricio López Bonilla, tendremos a varios funcionarios con el encargo de enfrentar la ola de criminalidad que en este gobierno que está por terminar se tradujo en más de veinticuatro mil muertes violentas. Creo yo que ahora podremos comprobar si, efectivamente, la violencia se combate con inteligencia porque pareciera como si habrá funcionarios de alto nivel que saben cómo se puede obtener información y cómo se debe procesar para que sea útil al enfrentar al crimen organizado.
Pienso que debe haber una absoluta coordinación con el sistema de justicia porque para que el esfuerzo sea útil y duradero tiene que traducirse en una lucha institucional contra el crimen. No se puede caer en tentaciones que hicieron mucho daño en el pasado cuando se pensó que la violencia se combatía con más violencia, lo que al final se tradujo en un afianzamiento de la cultura de la muerte y la integración de numerosos grupos de escuadrones de la muerte que son semillero del sicariato que opera en el país.
La experiencia de quienes tendrán a su cargo la seguridad es incuestionable y esa misma experiencia es la que les tiene que marcar el rumbo de la lucha sin cuartel realizada en el marco de la institucionalidad, fortaleciendo y depurando instituciones como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y apoyando al Organismo Judicial en lo que tiene que ser un esfuerzo nacional para construir un real estado de Derecho con estricto apego a la ley. Es la única manera de que un esfuerzo del país por reducir la violencia y la criminalidad sea efectivo y perdurable en el tiempo, puesto que lo que nos urge para enderezar el rumbo es ponerle fin a la certeza de impunidad que es un enorme aliciente para que cualquier delincuente actúe a sus anchas. En Guatemala, al día de hoy, siguen siendo remotas las posibilidades de que un delincuente termine en la cárcel porque las grietas en la estructura del sistema de justicia son demasiado grandes lo cual, como he dicho muchas veces, no es una casualidad sino producto de la combinación de una estrategia generadora de impunidad y de una ideología que pregonó la virtual supresión del Estado.
El caso es que por primera vez estamos frente a un nuevo gobierno que se toma el tiempo y la dedicación para integrar un equipo en el tema de la seguridad ciudadana.
Por lo general los gobernantes buscan a personas que tienen o dicen tener alguna experiencia en seguridad, manejo de armas o han sido guardaespaldas, y los juntan para que vean qué pueden hacer. En este caso se ve que es un equipo, gente que ha trabajado junta en el pasado y que se entienden y complementan para realizar una tarea que es realmente descomunal por la limitación de los recursos existentes y por el deterioro que han sufrido nuestras instituciones y que pasará factura todavía durante algunos años. Pero ciertamente dentro de lo que se puede hacer, el primer paso ha sido acertado.