No hace falta ser economista para entender que si uno se endeuda más allá de su capacidad de pago, terminará incumpliendo sus compromisos e incurriendo en mora hasta caer en situación de insolvencia. En el caso de los Estados no hay técnicamente capacidad de declararse en quiebra, pero cuando se sobrepasa el límite razonable del endeudamiento, los acreedores atornillan para exigir políticas de ajuste que permitan garantizar, en primer término, el servicio de la deuda aunque se dejen de cumplir otros gastos esenciales para la sociedad.

Ayer el Presidente del Banco de Guatemala advirtió que estamos recorriendo ya una ruta peligrosa y que los niveles de nuestra deuda pública obligan a que se defina una política de Estado para manejar el tema porque cada gobierno se mete a una danza de préstamos que comprometen seriamente nuestra estabilidad económica. Barquín dijo que los expertos aconsejan que la deuda de un país no supere el 20% del Producto Interno Bruto, pero que ahora estamos ya en 25%, lo que demandaría que tengamos una carga tributaria de por lo menos el 14% del PIB, cifra demasiado distante de nuestra realidad, sobre todo ahora que la Superintendencia de Administración Tributaria redujo su estimación para lo que recaudará en el año, pese a que el Gobierno había culpado al anterior superintendente de ser él quien tenía la culpa de que se redujera el ingreso fiscal.
 
 Los parámetros internacionales estiman que una deuda que llegue al 40% del PIB se vuelve crítica y es lo que ocurrió en países de Europa que se han visto obligados a adoptar serias políticas de reducción del gasto y del beneficio social. Nosotros no hemos llegado aún a ese límite crítico, pero vamos en ruta de alcanzarlo rápidamente, sobre todo porque el próximo presupuesto contempla nueva adquisición de deuda, tanto bonificada como no bonificada, y ello nos aproxima a la situación en la que empezaremos a recaudar para pagar la deuda que se contrajo.
 
 El Presidente de la República dijo esta semana que nuestro nivel de deuda es absolutamente manejable, pero es cierto que no hay parámetros para contener la expansión del gasto ni para elevar la recaudación fiscal. La reforma aprobada por el Gobierno ha sido un fracaso, con el agravante de que tras esa aprobación apresurada que se hizo en el Congreso, ahora cualquier cambio en las leyes tributarias será absolutamente cuesta arriba. En otras palabras, se desperdició un extraordinario cartucho que difícilmente volverá a estar disponible.
 
 Contra lo que dice la ministra de Finanzas, en el sentido de que el problema no es la deuda sino lo poco que se recauda, yo sostengo que el problema está en la ausencia de calidad del gasto, puesto que ello repercute directamente en la moral tributaria de la población. Si vemos que todo se despilfarra, que los negocios a la sombra del Estado florecen sin control, es natural que exista esa tremenda oposición a que aumente la carga tributaria en el país. No se justifica la oposición, es cierto, pero hace imposible nadar contra la corriente de una opinión pública convencida de que cada centavo que entra a la caja fiscal es para que termine sirviendo para la compra de aviones, fincas, casas de recreo, cuentas en las que crece la fortuna de nuestros principales funcionarios que, sin el menor recato, hacen ostentación de ese mágico salto del petate al Cadillac que es parte del ejercicio de la política en nuestro país.
 Mientras no haya rendición de cuentas y verdadera calidad del gasto público, la moral tributaria de la población seguirá siendo baja y la oposición a cualquier reforma fiscal férrea por la desconfianza sobre el destino de los recursos.
 
 Y si la respuesta es, entonces, aumentar la deuda, llegaremos al punto crítico mucho antes de lo que se pueda imaginar.