Recientemente, el Centro de Estudios de Guatemala (CEG) presentó un informe sobre la participación del Ejército en la seguridad ciudadana, una tarea específica de la Policía Nacional Civil.
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Los datos proporcionados son contundentes: a pesar de las promesas del Gobierno de reducir los delitos y crímenes a través del despliegue de elementos castrenses en las calles, los asesinatos se incrementaron de tal manera que Guatemala es ahora el país más violento de la región.
De acuerdo con la Constitución Política de la República, el Estado está organizado para proteger a la persona y es su deber garantizar la seguridad a la población. Sin embargo, los altos índices de violencia y la poca eficiencia del Sistema de Justicia para esclarecer los casos, motivó a que el relator especial de Naciones Unidas contra ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, declarara durante su visita al país en agosto de 2006 que Guatemala es un buen lugar para cometer un crimen.
El Gobierno anunció en febrero de 2006 que serían contratados 3 mil ex soldados que participarían en un programa de entrenamiento de formación básica policial, que les permitiera salir a patrullar a las calles. El Ejecutivo ha destinado unos 90 millones de quetzales para cubrir los gastos de las nuevas contrataciones.
Participación temporal
El informe presentado por el Centro de Estudios de Guatemala, CEG, señala a la debilidad de la Policía Nacional Civil, su sometimiento a un constante proceso de depuración, y el bajo número de agentes necesarios para cubrir las demandas de la sociedad, como la excusa utilizada por el Gobierno para incluir a las Fuerzas Armadas en la tarea de seguridad.
«Recurrir al Ejército es ante todo una medida improvisada para tratar de reducir los índices de violencia. Sin embargo, hasta la fecha y a más de 9 meses de dicha medida, los índices de violencia lejos están de descender», expone el documento.
El Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, establece que la misión de la institución castrense es la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio, por lo que el despliegue de cientos de sus elementos en las calles ha sido criticado por diferentes organizaciones sociales y analistas en temas de seguridad.
«Si bien se permite una participación de manera temporal, este Gobierno ha colocado al Ejército de forma permanente en el ejercicio de la seguridad ciudadana», aseguró Sandino Asturias, director del CEG.
Mejor presupuesto y formación
El Gobierno se ha amparado en el Decreto 40-2000 para solicitar ayuda al Ejército. Esta normativa permite la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia común, siempre que «los medios ordinarios de que dispongan las fuerzas de seguridad civil se estimen insuficientes».
Para Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), los recursos que se destinan a la seguridad por parte de militares podrían ser utilizados e inyectados en el Ministerio de Gobernación para fortalecer a la PNC.
«También es importante tomar en cuenta que la capacitación permanente como medio para elevar el perfil de los policías es imprescindible para el óptimo desarrollo de los programas establecidos por el Ministerio de Gobernación», afirmó Canteo.
Para el coronel retirado y analista en temas de seguridad, Mario Mérida, la participación del Ejército en la seguridad ciudadana tuvo pocos resultados porque no se le asignaron tareas específicas a las Fuerzas Armadas. De acuerdo con Mérida, la institución castrense puede operar mejor cuando se le concede mayor independencia. El analista aseguró que es necesario fortalecer las instituciones civiles para garantizar la seguridad a la población.
¿Qué calificación da a las políticas de seguridad ciudadana implementadas por el Gobierno?
El desempeño del Gobierno no supera el 50% de las expectativas que crearon al inicio de su proyecto político, en donde parte de la oferta era la seguridad ciudadana.
¿Cuál es su opinión respecto a la participación del Ejército en el trabajo de la PNC?
De acuerdo a los resultados, no. Desafortunadamente no se definió una política de seguridad ciudadana donde se le asignaran roles específicos al Ejército, sino únicamente fungió como apoyo de la Policía Nacional Civil.
¿Qué roles podría cumplir entonces?
Algunos ejemplos son los operativos en contra del cultivo de amapola en San Marcos y la destrucción de pistas de aterrizaje utilizadas por el narcotráfico en Petén. En esos casos, el Ejército puede actuar sin presencia de la Policía Nacional Civil. Hay áreas en donde la PNC debe actuar porque es más efectiva y porque transmite más confianza. Desplegar a elementos de las Fuerzas Armadas en lugares turísticos y en la propia capital, da la impresión que Guatemala tiene una sociedad militarizada.
¿Cuáles considera usted como las razones del Ejecutivo para acudir a las Fuerzas Armadas?
El Gobierno se sigue rigiendo por el Decreto 40-2000 que fue promulgado por el ex presidente Alfonso Portillo. En esta normativa se permite una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la institucionalidad civil. La participación del Ejército responde a la búsqueda de un mayor grado de disuasión en contra del crimen organizado.
En los Acuerdos de Paz se establece una participación específica del Ejército para guardar la soberanía nacional. ¿Cómo afecta la presencia del Ejército en las calles para la construcción de una cultura de paz?
Ahora es el momento para que las instituciones empiecen a funcionar para lo que fueron creadas. Apartar al Ejército de la actividad de la seguridad ciudadana es beneficioso porque permite que la Policía Nacional Civil alcance sus objetivos y logre superarse.
¿Qué acciones debería implementar el Gobierno para garantizar la seguridad ciudadana?
Este es el momento para que la Policía Nacional Civil invierta en una eficiente formación académica de los oficiales, para que tengan un pénsum de estudio que alcance por los menos dos años. No pueden seguir operando elementos policiales con uno o dos meses de instrucción. También es necesario dar respuesta inmediata a los problemas de inseguridad, y eso sólo puede lograrse a través de una buena coordinación entre los tres poderes del Estado. Los tres organismos deben velar porque este derecho se cumpla.
Sandino Asturias: «Se sigue arrastrando la lógica insurgente y represiva.»
La decisión del Gobierno de incluir al Ejército en el ejercicio de la seguridad ciudadana fue intensamente cuestionada y rechazada por diferentes organizaciones sociales. Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala, aseguró que las Fuerzas Armadas tienen una tarea específica en el país, que es la seguridad de la soberanía nacional. Para Asturias, la participación del Ejército es una muestra del debilitamiento de las instituciones civiles y el seguimiento de una agenda extranjera donde no es prioritaria la inseguridad nacional.
¿Qué calificación da a las políticas de seguridad ciudadana implementadas por el Gobierno?
Haciendo una valoración coherente y tomando en cuenta la tasa de homicidios que se reportan en el país, sumado a la participación de altos jefes de la Policía Nacional Civil en diversos delitos, podemos decir que el Gobierno está reprobado en el tema de seguridad ciudadana. Las autoridades del Estado han fracaso en su intento de brindar seguridad a la población.
¿Cuál es su opinión respecto a la participación del Ejército en el trabajo de la PNC?
Esta decisión forma parte de la desaprobación, porque la creación de un cuerpo militar para brindar seguridad ciudadana constituye una militarización de este derecho de la población. Los resultados de este proyecto son un empeoramiento de la seguridad y sobre todo de la garantía del derecho a la vida.
¿Cuáles considera usted como las razones del Ejecutivo para acudir a las Fuerzas Armadas?
En primer lugar, es una muestra de la debilidad de Estado y de la falta de una discusión profesional sobre el tema de seguridad. Están haciendo mezclas entre dos entes, pero no especializan a las instituciones civiles responsables de esta tarea. Además, hace falta una agenda de seguridad nacional. Actualmente estamos subordinados a la agenda de seguridad de Estados Unidos. El Estado está organizado para defender intereses extranjeros y ha descuidado las prioridades nacionales.
¿Qué lectura hace de la actitud del Gobierno de no asegurar el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil?
Esta práctica no es ninguna novedad, pero el actual Gobierno la ha impulsado con mayor decisión. A diez años de la firma de los Acuerdos de Paz se sigue arrastrando la lógica insurgente y represiva.
En los Acuerdos de Paz se establece una participación específica del Ejército para guardar la soberanía nacional. ¿Cómo afecta la presencia del Ejército en las calles para la construcción de una cultura de paz?
El Gobierno ha violado totalmente el espíritu de los Acuerdos de Paz. Vemos el impulso de la figura de un Ejército convertido en policía, lo que ha sido aprovechado por el Gobierno para impulsar sus políticas de control ciudadano y represión en contra de los movimientos sociales.
Sin embargo, el Ejército ha colaborado con la Policía en algunos operativos como el combate al narcotráfico y la toma del centro penal de Pavón.
El problema no es la coordinación y apoyo que puedan prestar las Fuerzas Armadas. La ley dice que esta participación debe ser excepcional y temporal, sin embargo las actuales políticas de seguridad lo contemplan como una ayuda permanente. Este tipo de participación del Ejército no ha permitido crear la institucionalidad civil de seguridad y ha empeorando el problema.
¿Qué acciones debería implementar el Gobierno para garantizar la seguridad ciudadana?
Reorganizar y crear el Sistema Nacional de Seguridad que desarrolle una agenda de acuerdo a los intereses del país. También es importante implementar un programa de desarme y fortalecer al Estado para que pueda tener un mayor control sobre las empresas privadas de seguridad.
Según información recabada por el Centro de Estudios de Guatemala:
17 asesinatos diarios reporta la Policía Nacional Civil.
5,629 asesinatos se registraron en el 2006.
3,160 militares hacen patrullaje para seguridad ciudadana.
3 mil resguardan las cárceles.
90 millones de quetzales destinó el Gobierno para realizar las contrataciones.